Salario más alto en las universidades públicas es de ¢9,9 millones

Al menos 369 catedráticos, jefes y profesores en las universidades públicas ganan más de ¢4 millones al mes.

El salario más alto se pagaría a una funcionaria de la Universidad de Costa Rica con ¢9,9 millones, mientras que habría secretarias y guardias en esa casa de enseñanza que devengan ¢1,7 millones, según datos de la Caja a finales del año pasado.

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En total, más de 3.600 trabajadores ganan más de ¢2 millones al mes en las U públicas.

Las críticas vienen de exdiputados y legisladores actuales

Tengo muchos años de escuchar a los rectores de las Universidades Públicas decir que se comprometen a realizar reformas para racionalizar pluses salariales, y ¿adivinen qué? NO CUMPLEN. A los rectores no se les puede creer nada. https://t.co/az1w0mlVyx

— Otto Guevara Guth (@OttoGuevaraG) February 19, 2021

En los siguientes links, usted puede darle un vistazo a los salarios por encima de ¢4 millones:

Universidad de Costa Rica

Universidad Nacional

Instituto Tecnológico

Universidad Técnica Nacional

UNED

Los datos cobran relevancia en momentos en que se tramita una ley de empleo público, la cual, abrió un debate sobre la inclusión o no de las universidades estatales.

La iniciativa establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por concepto de pluses.

Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.

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Sin embargo, hay quienes señalan que se está violentando la autonomía universitaria al tratar de ordenar las remuneraciones en los centros de enseñanza superior.

“La autonomía es la mejor expresión de un pueblo democrático y así lo comprendieron nuestros antepasados, quienes la protegieron al otorgarle rango constitucional. La tutela de la autonomía implica la defensa de beneficios directos para la población del país. Por ejemplo, la posibilidad que tienen las universidades de abrir centros o sedes en regiones que necesitan educar a sus pobladores, o la de implementar sistemas de matrícula que favorezcan a población vulnerada económicamente”, dijo Francisco González, rector de la UNA.

En contra de proyecto de empleo público, a favor de la sociedad https://t.co/aIi7xr1qJ8

— UNA Comunica (@unacomunica) February 19, 2021

El proyecto de empleo público tiene el potencial de ahorrar más de ¢300 mil millones al año, según las proyecciones iniciales que hace el Ministerio de Planificación, quien negó que el proyecto de ley esté violentando la autonomía de las universidades.

En ese sentido, Pilar Garrido, ministra de Planificación, pidió a los legisladores avanzar con el proyecto de ley.

“La iniciativa de este proyecto busca modernizar el esquema de empleo público del país, para que esté a la altura de las buenas prácticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como de las recomendaciones del Informe de Gobernanza Pública y del Informe del Comité Económico de esa entidad, lo cual garantiza estar a la vanguardia en legislación sobre la materia”, dijo Garrido.

Y es que hoy día, el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.

La reforma al empleo público que busca racionalizar el gasto en remuneraciones y ordenar los diferentes esquemas salariales, podría culminar en un parche, si los diputados se dejan presionar por diversos sectores que buscan no ser incluidos.

Al calor del debate legislativo en la comisión de gobierno y administración, se aprobaron varias mociones para hacer excepciones con las empresas públicas en competencia como el ICE y el INS y además, hay un movimiento impulsado por Paola Vega del PAC y el independiente Dragos Dolanescu, para exonerar a las universidades públicas.

Aunque algunos diputados abogan por no dejar a ninguna institución por fuera, la presión de diversos sectores crece poco a poco.

“Enfatizamos la necesidad de realizar cambios al régimen de empleo público para que sean acorde con la realidad y las posibilidades actuales del Estado y del país en general, de lo contrario, este sistema estará condenado a fracasar y volverse insostenible”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio