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La controvertida reforma al Poder Judicial en México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, está a pocos pasos de hacerse realidad.
Este miércoles fue aprobada en la Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene una mayoría calificada que le permite aprobar enmiendas a la Constitución sin cortapisas tras su victoria en las elecciones de junio.
En los próximos días será discutida en el Senado, donde el oficialismo está a un escaño de tener esos dos tercios del Legislativo.
La reforma es considerada una parte fundamental del legado que dejará Andrés Manuel López Obrador. El 1 de octubre terminará su mandato y entregará el bastón a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas, y se ha votado en medio de un inédito paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial.
Los diputados tuvieron que votar la iniciativa en una sede alterna al edificio legislativo, luego que éste fuese bloqueado por los huelguistas que se oponen al proyecto por considerar que ataca la independencia del estamento y debilita la democracia.
La reforma fue presentada al Congreso en febrero, cuando la coalición gobernante, Morena, no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla.
Pero ahora, que comenzó a funcionar el nuevo Congreso, no hubo ningún obstáculo para que se aprobara la iniciativa.
Aunque en el Senado Morena no tiene la misma mayoría que en la Cámara, la necesidad de negociar un voto no parece un cometido difícil.
Te presentamos tres claves para entender qué cambia con esta histórica reforma al Poder Judicial de México.
Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi 2.000 personas, a partir del próximo año.
La propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente.
El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.
En el actual sistema, los ministros de la Corte Suprema (como se conoce a los 11 juristas que la integran) son quienes eligen a su presidente. Y a su vez ellos son votados en el Congreso y nominados por el presidente de la república.
El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.
También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto.
Por otro lado, se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.
El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.
Se trata de una reforma al Poder Judicial federal, y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan el grueso (80%, según datos oficiales) de los procesos en México.
Por esa razón, analistas argumentan que quedaría pendiente una reforma dirigida a impulsar cambios a nivel local, donde suelen darse la mayoría de los casos de corrupción en la justicia.
Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia.
Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito.
Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.
También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre).
En una carta enviada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.
Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la "independencia judicial".
Un argumento similar expresó la organización de derechos humanos Human Rights Watch: la propuesta, dicen, socava “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.
Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.
Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda "humanista".
El mandatario ha insistido en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos.
Durante su mandato, AMLO ha promovido un ambicioso proyecto de izquierda bautizado la 4T, la “Cuarta Transformación”, que -como la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910- busca cambiar “los cimientos de la sociedad mexicana”, según ha planteado el oficialismo.
En ese contexto, la reforma judicial aparece como un movimiento esencial dentro de su agenda reformista, la cual Claudia Sheinbaum busca continuar.
Para darle impulso a la Cuarta Transformación, AMLO ha sostenido que se debe acabar con las estructuras de poder “corruptas” que han dominado por décadas el rumbo del país, entre ellas, el Poder Judicial.
Su objetivo, dice, es establecer un verdadero estado de derecho y que los jueces “no estén al servicio de una minoría”.
El mandatario ha tenido duros enfrentamientos con la Suprema Corte, luego que ésta le bloqueara reformas en el pasado, como por ejemplo, la que ampliaba la participación estatal en el sector energético.
El oficialismo ve la reforma judicial como la piedra angular que sentará las bases para implementar otros cambios en el país y por eso la considera uno de los pilares fundamentales de su 4T.
Antes de dejar el cargo, el presidente tiene menos de un mes para aprovechar la mayoría que consiguió en la nueva legislatura y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán apuntalar su legado antes de que comience el nuevo sexenio.
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México
Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política de la justicia.
Pero más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política. Porque, en la práctica, apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales.
Aunque la reforma, en principio, puede parecer una forma de aprovechar la popularidad de Morena para ganar poder, en el mediano plazo, si baja su favorabilidad, les puede jugar en contra.
En dos países del hemisferio hay elección de jueces por voto popular: Estados Unidos, donde es solo a nivel local, y Bolivia, donde la abstención y el boicot de la oposición han impedido una verdadera democratización del sistema judicial.
Nadie niega que la justicia mexicana debe ser reformada: lleva años sin cambios, tiene una de las tasas más altas de impunidad, heredó vicios del sistema de partido único y la gente no la entiende ni conoce.
La elección de jueces, además, solo contempla las postulaciones hechas por el Ejecutivo. Es decir, de alguna manera, hoy está politizada por definición.
Y en todo caso, los expertos coinciden en que la mayor parte de los problemas judiciales están donde no se está reformando nada: en las fiscalías y sistema locales.
Que ahora la estén aprobando sin contratiempos, pero con protestas puntuales, evidencia la ruptura que hay entre el sistema tradicional, el judicial y político, y las nuevas mayorías mexicanas de la 4T.
También parece claro que la oposición salió de las elecciones de junio demasiado fragmentada y carente de narrativa como para hacerle contrapeso a un movimiento tan popular como Morena.
AMLO gobernará hasta el último día como lo hizo desde el primero: sin dejar a nadie indiferente. La pregunta es cómo esto puede afectar a su sucesora.
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