Estudiantes del Liceo de Costa Rica protestaron este miércoles a las afueras de la Asamblea Legislativa para llamar la atención de los diputados y de esta forma, frenar el traslado de un terreno de 10 mil metros cuadrados, propiedad de ese colegio, al Poder Ejecutivo para que desarrolle el proyecto de Ciudad Gobierno.
La delegación estudiantil entregó un documento a las diferentes fracciones legislativas en el que solicita mantener vigente la legislación que otorga al colegio potestad sobre ese terreno, ubicado en Plaza Víquez.
“Venimos al Congreso a entregar un documento a las fracciones legislativas para que no se derogue una ley, que señala que las tres manzanas son del Liceo, incluyendo los 10 mil metros cuadrados, que se utilizarían para Ciudad Gobierno”, explicó Sebastián Barquero, secretario del Gobierno estudiantil del Liceo de Costa Rica.
Barquero aclaró que la protesta no busca frenar la construcción de Ciudad Gobierno.
“Nosotros no estamos en contra de Ciudad Gobierno, lo que queremos es que nos expliquen por qué, siendo San José tan grande, le quieren quitar esa manzana al Liceo de Costa Rica”, agregó.
La manifestación también contó con estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, quienes se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo al traspaso del inmueble.
Los estudiantes fueron recibidos por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El jefe de la fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, manifestó su respaldo a la solicitud de los estudiantes y aseguró que su bancada defenderá la permanencia del terreno bajo control del colegio durante el trámite legislativo.
“Hemos recibido del gobierno estudiantil del Liceo de Costa Rica una carta que básicamente es una solicitud a la Asamblea Legislativa, en donde se señala la necesidad de preservar el patrimonio histórico de un colegio tan importante como el Colegio de Costa Rica”, afirmó Ramírez.
El proyecto Ciudad Gobierno, previsto para desarrollarse en Plaza Víquez, contempla la construcción de tres o cuatro torres de edificios que concentrarían alrededor de 20 instituciones públicas y 10.000 funcionarios.
La iniciativa busca reducir el gasto del Estado en alquileres. De acuerdo con los datos suministrados, el Gobierno central destina actualmente unos ¢59.000 millones al año en arrendamientos, equivalentes a aproximadamente $118 millones.
Con Ciudad Gobierno, el Estado proyecta un ahorro cercano a ¢30.000 millones anuales en alquileres.