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Las objeciones a la dolarización parten casi siempre de una premisa dudosa: la de un banco central que actúa como planificador benevolente y maximiza el bienestar social. Desde Kydland y Prescott, en 1977, sabemos que la política monetaria discrecional padece inconsistencia dinámica, porque el emisor siempre tiene incentivos para sorprender con inflación una vez que precios y contratos ya están fijados, y los agentes, que lo anticipan, terminan en un equilibrio con más inflación y sin ganancia alguna de producto. Barro y Gordon formalizaron ese resultado en 1983, y Sargent y Wallace añadieron en 1981 su aritmética monetarista desagradable, según la cual, cuando la política fiscal domina, el banco central acaba monetizando el déficit sin importar cuán independiente se declare.
La inflación opera, además, como un impuesto que no pasa por el Legislativo y cuya incidencia es regresiva, ya que el dinero nuevo entra por el Estado y el sistema financiero, y los precios suben después para quien cobra salario nominal y guarda saldos en efectivo. Es el efecto Cantillon a escala nacional. La dolarización no equivale a la desnacionalización del dinero que Hayek propuso en 1976, pero cumple su condición central, que es sustraer la emisión del control del soberano.
Ecuador es el experimento de referencia. En 1999 sufrió quiebra bancaria en cadena, congelamiento de depósitos y una contracción del PIB cercana al 6%, mientras el sucre pasaba de unos 7.000 por dólar a comienzos de 1998 a 25.000 al momento de dolarizar. La inflación anual rondó el 96% en el 2000, bajó a cerca de 37% en 2001, 12% en 2002 y 8% en 2003, y quedó por debajo del 3% en 2004. Lo decisivo no fue solo la desinflación, sino la desaparición del riesgo de conversión. Un depositante con moneda propia soporta la posibilidad de que su ahorro sea expropiado vía devaluación y exige una prima por ello, y al eliminarla, el crédito se remonetizó y los plazos se alargaron.
El crecimiento posterior contó con la ayuda del petróleo y Ecuador nunca resolvió su problema fiscal, pero ese es justamente el punto, porque antes del 2000 cada desequilibrio se amplificaba en crisis cambiaria y bancaria, y después dejó de hacerlo. Tampoco conviene esconder que la dolarización no garantizó disciplina. Tras la caída del petróleo y la apreciación del dólar después de 2014, el país sufrió en competitividad y acumuló deuda considerable en dólares, lo que confirma que la moneda elimina el canal monetario de la crisis, pero no obliga a gastar con prudencia.
El Salvador sirve para aislar el efecto de la credibilidad de la emergencia. El colón estaba fijo en 8,75 por dólar desde 1993, de modo que la Ley de Integración Monetaria de 2001 formalizó una paridad ya existente, y aun así las tasas activas bajaron frente a las de sus vecinos con moneda propia, señal de que el mercado seguía cobrando una prima por la mera opción de abandonar la fijación. A ello se suma el canal de remesas, que han rondado entre el 20% y el 24% del PIB en los últimos años y que dejaron de pagar fricción cambiaria, una transferencia directa de ingreso a los hogares. Conviene reconocer que el crecimiento salvadoreño fue modesto, porque la moneda es condición de estabilidad, pero no sustituye la productividad ni la seguridad jurídica.
Por otro lado, Panamá ofrece más de un siglo de evidencia. Sin banco central y con el dólar en circulación desde 1904, ha tenido una inflación que sigue de cerca a la estadounidense, ninguna hiperinflación y un centro bancario cuyos activos superan varias veces su producto. El cierre bancario de 1988 y 1989 fue un shock político externo bajo las sanciones contra el régimen de Noriega y no una crisis monetaria doméstica, y el sistema lo absorbió sin devaluación ni espiral inflacionaria, algo difícil de imaginar con moneda propia. Panamá muestra, además, que la ausencia de prestamista de última instancia no impide el desarrollo financiero, sino que obliga a una gestión de liquidez más conservadora y elimina el riesgo moral del rescate monetario.
Además, podemos observar a Zimbabue, lo más parecido a un experimento controlado. La monetización del déficit cuasifiscal produjo entre 2007 y 2008 una de las hiperinflaciones más extremas registradas, con billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses y una inflación mensual que Steve Hanke, del Cato Institute, estimó en cerca de 79.600 millones por ciento en su pico, cifra que varía según la metodología y que conviene citar siempre atribuida. La población abandonó la moneda local antes de cualquier decisión oficial, y con el régimen multimoneda de 2009 la inflación colapsó y se mantuvo baja casi una década.
Al reintroducir moneda propia en 2019, los precios se aceleraron hasta tasas anuales de tres dígitos en 2020, y las autoridades terminaron tolerando de nuevo las divisas. El mismo país, con las mismas instituciones, dio resultados opuestos bajo dos regímenes, lo que sugiere que la variable relevante es el régimen y no la calidad de los gobernantes, lo que desmonta la idea de que esto sea cosa de países pobres o latinoamericanos y lo muestra como una forma de importar la reputación de un emisor cuando construir credibilidad propia toma décadas.
De hecho, Argentina ensaya hoy una vía hayekiana basada en la competencia de monedas, que elimina las barreras legales y tributarias para ahorrar y contratar en la divisa que cada agente prefiera, y que avanzó con la reglamentación de la ley de inocencia fiscal a inicios de 2026. Lo instructivo es que, aun con libertad plena, buena parte de las transacciones sigue haciéndose en pesos, lo que indica que la demanda de dinero no se reconstruye con liberalización normativa, sino con una trayectoria creíble de disciplina fiscal. La competencia de monedas es condición necesaria, pero no suficiente, y ahí la dolarización formal tiene ventaja, porque no depende de que el Gobierno cumpla, ya que no puede incumplir.
En última instancia, la discusión sobre el régimen monetario es una discusión sobre quién controla la emisión y bajo qué incentivos. La evidencia reunida en estos casos apunta en una misma dirección: cuando el emisor puede financiar al Estado con dinero nuevo, tarde o temprano lo hace, y el costo recae sobre quienes menos capacidad tienen de protegerse. La inflación funciona así como un impuesto sin debate legislativo, y con una incidencia que castiga sobre todo al asalariado y al pequeño ahorrista.
La dolarización formal y la competencia de monedas atacan ese problema desde ángulos distintos, pero con una lógica común, que es reducir la discrecionalidad del soberano sobre el dinero. Ninguna de las dos garantiza por sí sola una política fiscal prudente, como lo muestran Ecuador y El Salvador, y ninguna sustituye la productividad ni la seguridad jurídica. Lo que sí hacen es eliminar el canal monetario de la crisis, de modo que los desequilibrios fiscales ya no se amplifiquen en corridas cambiarias y bancarias, y obligan al Estado a financiarse a la vista de todos, mediante impuestos o deuda.
Por eso, más que una apuesta por gobernantes virtuosos, estas propuestas son una apuesta por reglas que funcionen incluso cuando no lo son. Allí donde construir credibilidad propia toma décadas, importar la de un emisor ajeno es una alternativa seria. Ecuador mostró que eliminar el riesgo de conversión remonetiza el crédito, El Salvador que una paridad formalmente reversible sigue cobrando su prima y que las remesas dejan de pagar fricción cambiaria, Panamá que más de un siglo sin banco central es compatible con un sistema financiero profundo, y Zimbabue que el mismo país, con las mismas instituciones, puede dar resultados opuestos según el régimen. Con esa evidencia sobre la mesa, la dolarización merece ser discutida con seriedad y no descartada de antemano por la premisa del banco central benevolente.
María Lucía Arias Núñez
