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Si Costa Rica pretende atraer más inversión extranjera y ser competitiva a futuro, necesariamente tiene que permitir una mayor apertura eléctrica que baje las tarifas, de acuerdo con la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Y es que la competencia por la atracción de nuevas empresas y los empleos que generan se ha vuelto más compleja, a la vez que sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada, alta tecnología, zonas francas y construcción requieren un suministro fluido, un alto consumo energético y precios accesibles.
La advertencia la hace la CCC en momentos en que la ley de armonización del mercado eléctrico se encuentra varada por la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de quitarle el apoyo a la iniciativa.
El plan, que tiene 25 años en discusión, ya se votó en primer debate de manera favorable, pero requiere el respaldo de 38 legisladores para su votación en segundo debate y, sin el apoyo de los verdiblancos, la fracción oficialista de Pueblo Soberano no logrará la cifra mágica.
El llamado a los legisladores del PLN se debe a que durante años ese partido apoyó la apertura eléctrica y ahora cambió de opinión y desea impulsar una discusión desde cero con un texto diferente.
“Costa Rica lleva veinticinco años discutiendo este tema mientras la inversión se decide en otros países. El expediente 23.414 ya superó el primer debate y sería un contrasentido que se detuviera ahora. El país requiere un mercado de energía con reglas claras, planificación de largo plazo y competencia por eficiencia, que es lo que permite bajar los costos de energía y crear las condiciones para seguir generando empleos”, señaló Alfredo Volio Guerrero, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La ley de armonización del mercado eléctrico aporta herramientas para planificar la expansión del sistema eléctrico con visión de largo plazo, promover una competencia basada en eficiencia y establecer reglas comunes para los distintos agentes, según Volio.
Además, mantiene la prioridad del abastecimiento nacional sobre la exportación de excedentes y somete el Plan de Expansión a revisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
La urgencia es real: las proyecciones actuales de ARESEP apuntan a un incremento cercano al 4% en el último cuatrimestre del 2026 y otro aumento en la misma cuantía, lo que implicaría un incremento de 8% en las tarifas eléctricas de 2027.
“El país no puede permitirse reiniciar una discusión de cuatro años cuando existe un texto dictaminado y aprobado en primer debate”, señala Volio.
