Universidades, Caja y Poder Judicial no fueron exoneradas de ley de empleo público por diputados
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 23 febrero, 2021 11:23 a. m.
Para garantizar que la ley de empleo público sí ordene las remuneraciones en el Estado y acabe con las disparidades salariales, los diputados rechazaron hoy nueve mociones para excluir a las Universidades, a la Caja y al Poder Judicial de dicha iniciativa de ley.
Con ello, queda obligado el plenario a conseguir 38 votos para aprobar la ley de empleo público, ya que la Corte advirtió previamente sobre la afectación a su autonomía.
Las mociones para excluir a las universidades fueron impulsadas por el PAC y el Frente Amplio, pero no lograron los votos en la comisión respectiva.
Liberación, la Unidad y Nueva República se opusieron a la exclusión.
En los últimos días, se ha generado un debate nacional por el alto costo de los salarios públicos, específicamente en las universidades estatales, quienes alegan la violación de su autonomía con la ley en cuestión.
Y es que al menos 369 catedráticos, jefes y profesores en las universidades públicas ganan más de ¢4 millones al mes.
El salario más alto se pagaría a una funcionaria de la Universidad de Costa Rica con ¢9,9 millones, mientras que habría secretarias y guardias en esa casa de enseñanza que devengan ¢1,7 millones, según datos de la Caja a finales del año pasado.
En total, más de 3.600 trabajadores ganan más de ¢2 millones al mes en las U públicas.
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El proyecto de empleo público tiene el potencial de ahorrar más de ¢300 mil millones al año, según las proyecciones iniciales que hace el Ministerio de Planificación, quien negó que el proyecto de ley esté violentando la autonomía de las universidades.
Y es que hoy día, el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.
Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.
La iniciativa de empleo público establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por concepto de pluses.
Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.
