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Viernes 14 Agosto, 2009

Una Fiscalía de color

La Ley Orgánica del Ministerio Público (#7442 del 25 de Octubre de 1994) en su artículo primero establece que “El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal,… con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.”, y durante los últimos años he observado las actuaciones de la Fiscalía General de la República y que han marcado el acontecer nacional, y por lo que he de referirme en este documento a las que según mi criterio han dejado traslucir una Fiscalía General con color.
Este órgano del estado costarricense, no ha actuado con la misma proporcionalidad y celeridad en sonados casos y dejan entrever un velo de color que cubre sus actuaciones y esto ha transformado la vida política nacional, pareciera que en beneficio de quienes tienen las simpatías de quien ostenta dicho puesto. Esto ha sido un proceso lento, y que si no se mantiene una correcta secuencia de los hechos, podría pasarse por alto.
Ha habido una desproporción de las actuaciones del Ministerio Público en relación a escándalos como han sido el “caso ALCATEL”, el “caso Caja – Fischel” o “Préstamo Finlandés”, el “caso de las Donaciones de Campaña”, el caso de los “Fondos de Taiwán” para erradicar tugurios, el caso de la “Comisión Nacional de Emergencias”, entre otros.
En el caso ALCATEL todavía no he llegado a comprender cómo y por qué razón cuando se revelaron pagos por un monto cercano a un millón de dólares hechos al ex presidente Figueres Olsen, por una “asesoría” en telecomunicaciones, siendo este ingeniero industrial y la señora Carmen Valverde, una filóloga, por efectuar unas “correcciones de correspondencia”, la Fiscalía en cuestión de unos meses llegó a la conclusión que no había nada irregular en la entrega de dichas sumas y ni siquiera se les citó por parte de la Fiscalía. Trato desigual si comparamos esa actuación, o falta de actuación, con la manera en que se recibió al ex presidente Rodríguez Echeverría, entonces Secretario General de la OEA, cuando regresó a Costa Rica para enfrentar las acusaciones en su contra.
De la misma manera, en relación al caso Caja-Fischel, se dio desigualdad cuando el Fiscal General dio declaraciones a la prensa, sobre la situación del ex presidente Rafael Angel Calderón Fournier, a quien sin haber sido juzgado, calificó como miembro de una “banda organizada” para delinquir, que este tenía millones de dólares en cuentas en el extranjero, sumas que nunca aparecieron. ¿Por qué esas declaraciones gratuitas? ¿Qué objetivo buscaba el Fiscal General al emitir tales criterios urbi et orbi antes de que se cumpliera el debido proceso a que todo ciudadano tiene derecho?
Los dos casos que involucran a los ex presidentes miembros del PUSC duraron cuatro años para poder llegar a una Audiencia Preliminar a pesar que ambos insistieron reiteradamente que deseaban celeridad procesal con el fin de poder aclarar su situación jurídica. ¿Cómo se pudo hacer una investigación sobre los dineros recibidos por el ex presidente Figueres Olsen y la señora Valverde tan expedita y la de ellos dos no? Realmente no le encuentro respuesta lógica a esa pregunta.
Por otro lado, un periódico de circulación nacional reveló que en la campaña del año 2005-2006, una empresa panameña efectuó donaciones tanto a la campaña del Ing. Rolando Araya M., como a la del Dr. Abel Pacheco, y se publicaron incluso copias de los cheques que se habían emitido por una misma persona jurídica panameña, por montos similares; como resultado de dichas publicaciones surgió al conocimiento público que ambas campañas habían manejado fondos en “cuentas paralelas”, sin embargo con el paso de los años los resultados fueron diferentes. La lógica que conlleva la ecuación “causa-efecto” falló.
La Fiscalía abrió un proceso contra el Tesorero del PUSC, don Fernán Guardia Gutiérrez por no haber reportado dichos dineros en los estados financieros de su partido, aunque dichas sumas nunca fueron depositadas en esas cuentas, y esto me genera varias preguntas: ¿Qué diferencia había con la donación hecha al entonces candidato del PLN que tampoco fue reportada dentro de los estados financieros de ese partido? ¿Por qué razón si ambos cheques venían de la misma cuenta de la misma empresa una donación sí era lo suficientemente irregular como para investigarse y la otra no? ¿Hubo favoritismo político? Juzgue el lector, yo personalmente no comprendo.
En esta Administración se esfumaron más de millón y medio de dólares en “asesorías y una maqueta”, siendo que esos fondos estaban donados, por el entonces amigo gobierno de Taiwán, para la construcción de viviendas en la zona de Pavas; y hemos sido testigos del mismo silencio cuando surgió a la luz pública la situación que se dio con los contratos otorgados por la Comisión Nacional de Emergencias.
En ambos casos, los jerarcas de las instituciones involucradas renunciaron a su puesto, pero a pesar de haber investigaciones abiertas, no vimos ni perreras, ni operativos policiales, ni hubo declaraciones a los medios de parte del Fiscal General en contra de los involucrados, y se extraña el evidente colaboracionismo que si se dio en los casos que se involucra a miembros del PUSC con periodistas de un telenoticiero transmitiendo en vivo con copias en sus manos de las declaraciones de las personas que son citadas por el Ministerio Público para declarar, aún inclusive cuando estas personas ni siquiera habían salido del edificio de los Tribunales. ¿Por qué la diferencia? ¿Acaso será por el color político?
Por último, cuando en el Congreso de la República se estuvo analizando el proyecto de ley para combatir el crimen organizado, propuesto por el Fiscal General de la República, este nuevamente en un acto de prepotencia y contrario al principio de la división de poderes consagrado en nuestra Constitución Política, atacó públicamente en la prensa al diputado Bienvenido Venegas, miembro del PUSC, por haber tenido la “osadía” de proponer cambios al proyecto de ley que envió al Congreso.
Es importante aclarar que no fueron cambios antojadizos y gratuitos, eran mociones que se presentaron para garantizar derechos constitucionales que todas y todos los habitantes de la República tenemos garantizados hoy día. ¿Es acaso contrario a la Constitución que un representante libremente electo por los ciudadanos ejerza sus potestades como miembro del Congreso? ¿Por qué el libre ejercicio de una función garantizada por nuestra Carta Magna tenía que convertirse en objeto de ataques teñidos de color político?
Posteriormente a los ataques personales y políticamente parcializados que hizo el Fiscal General, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa hizo un análisis de las mociones presentadas por el diputado del PUSC y le dieron la razón en sus observaciones al proyecto de ley.
No es sano para la patria tener un Fiscal General politizado, y en este momento ya es difícil que la gestión del actual Fiscal General pase a la historia como la de sus antecesores, que actuaron siempre dejando de lado intereses políticos o partidarios, y que se mantuvieron de forma sobria ejerciendo su puesto. Es una pena que se haya mancillado la majestad de una institución como lo es el Ministerio Público.

Luis A. Alvarez Mora
Alvarez & Asociados
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