Ninguna ley ha venido a corregir los problemas intrínsecos que la maraña de leyes genera en el sistema y que se perpetúa con la promulgación de leyes y reglamentos que imponen requisitos y trámites adicionales

Tramitología

“f. Col. Arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites.“

El año pasado, a propósito de la adquisición de una operación mercantil en Costa Rica, a un cliente español le hacía mucha gracia cuando nos referíamos a la tramitología inherente a la transacción.
“Es que habéis elevado la burocracia a una categoría científica” solía decirnos no con poca sorna o falta de verdad.
La definición de la RAE alude a que el término tiene origen en Colombia. Me pregunto si allá también ha adquirido tal sofisticación técnica como en nuestro país y permea de forma tan invasiva todas las actividades humanas.
Lo que al inversionista extranjero puede resultarle folclórico, para el empresariado costarricense está tornándose en un recurrente obstáculo para el desarrollo de sus negocios.
La queja es de recibo no solo porque es fácilmente verificable si no porque, como abogado, en la mayoría de los casos no puede uno justificar la importancia —o incluso la necesidad— de los procedimientos administrativos que deben cumplirse por disposición legal o reglamentaria.
El problema fundamental no es de estudio sino de ejecución. El informe Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, promovido por el Estado de la Nación, dedicaba hace más de diez años un capítulo completo a esta problemática (7 Trato al Ciudadano) concluyendo que en Costa Rica hay un “incumplimiento general en el acceso a los servicios pu?blicos mediante reglas claras y sujetas al control ciudadano”.
Solo ese capítulo podría haber servido de base para que un gobierno de cambio, como se presentaba el actual, diseñara un cronograma de acciones de fácil acometida y significativo impacto en la vida diaria del costarricense.
No obstante, tal parece que el político concluyó en 2002 que con solo promulgar la Ley 8220 se protegería al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, lo que es una contradicción en sí mismo.
Ninguna ley ha venido a corregir los problemas intrínsecos que la maraña de leyes genera en el sistema y que se perpetua con la promulgación de leyes y reglamentos que imponen requisitos y trámites adicionales.
Así lo confirma el informe de Fuprovi sobre la Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano 2014, que concluye que para las casas de interés social, el impacto económico de la tramitología es de un 7,5% hasta un 15% de incremento en el precio.
Esto de la tramitología es la versión tica del dilema de Sísifo y su frustrado intento, una y otra vez, por llevar la piedra hasta la cima de la montaña.

Pedro Oller

 

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