Torres celulares se instalan a la deriva
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 02 junio, 2010
Falta de reglas sobre dónde y cómo construir radiobases afecta negocios y ciudadanos
Torres celulares se instalan a la deriva
Personas con interés de alquilar terrenos para colocar antenas quedan a la expectativa
Con la entrada de competidores de telefonía celular, la urgencia por disponer de más torres de transmisión crece, ya que estas son indispensables para que se puedan realizar las llamadas.
La falta de normas que regulen el lugar y la forma en que deben ser instaladas las radiobases ha generado desorden y arbitrariedad al otorgarse los permisos de construcción.
Por ejemplo, una de esas empresas ya ofreció $500 mensuales de alquiler a Jorge Muñoz, con tal de que le permitiera instalar una radiobase en un lote de su propiedad en Tres Ríos.
El negocio no fructificó, porque la política de la Municipalidad de La Unión es denegar toda solicitud de construcción de este tipo ante la falta de un reglamento.
Con anterioridad, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construía las torres únicamente con el visto bueno de la Secretaría Técnica Ambiental y Aviación Civil.
Este vacío legal genera incertidumbre para los propietarios de terrenos, que ven una oportunidad en el arrendamiento de un espacio para la instalación de torres celular, pero de igual forma se ignoran las condiciones más adecuadas para efectos de la salud pública.
Para el tema de antenas celulares no existe una norma de distancias entre esas infraestructuras con respecto a las comunidades, cosa que sí sucede con cables de alta tensión, por ejemplo.
Y ya que el tiempo no espera, en este momento hay compañías de telefonía móvil que están negociando directamente el alquiler de terrenos para su infraestructura, mientras otras se dedican a levantar estas estructuras y posteriormente arrendarlas.
En el caso del último tipo de empresas, se encuentra Alta vista Towers, que planifica el levantamiento de unas 200 torres, en las cuales invertirá unos $10 millones, aseguró Nicholas Van Slyck, propietario de la compañía.
Por eso, el tiempo que transcurre sin que se tomen decisiones sale caro para todos. Esa inactividad podría afectar nuevas inversiones, poner en riesgo inversiones y limitar que propietarios de terrenos ganen dinero con la apertura del mercado de telefonía móvil.
El tema ya es de conocimiento de las autoridades, luego de que Teófilo de la Torre, ministro de Ambiente y Energía, lo abordara el lunes anterior durante el Consejo de Gobierno.
“Generalmente la reglamentación en las municipalidades no es clara. Supongo que el responsable de emitir una reglamentación de uso general debiera ser la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), porque a nivel municipal no hay nada reglamentado”, dijo Juan Marín, ministro de Descentralización, encargado de mediar entre las entidades de gobierno y municipios.
Ya existe un borrador, que debe ser aprobado por la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con el inconveniente de que la primera sesión sería lo más rápido a finales de mes, porque la Asamblea Legislativa debe ratificar el nombramiento de los nuevos integrantes.
Por eso, en caso de urgencia se trataría de sacar la normativa vía resolución, advirtió George Miley, presidente de Sutel.
En este momento, el ICE dispone de poco más de 2 millones de líneas celulares, cifra que equivale a que, por cada 100 personas, 40 poseen una línea. La pretensión es aumentar a 65 por cada 100, cantidad que necesitará nuevas torres.
Además, quedará un espacio para las multinacionales, que a mayor cantidad de clientes, más antenas necesitarán para suplir la demanda de servicios.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Torres celulares se instalan a la deriva
Personas con interés de alquilar terrenos para colocar antenas quedan a la expectativa
Con la entrada de competidores de telefonía celular, la urgencia por disponer de más torres de transmisión crece, ya que estas son indispensables para que se puedan realizar las llamadas.La falta de normas que regulen el lugar y la forma en que deben ser instaladas las radiobases ha generado desorden y arbitrariedad al otorgarse los permisos de construcción.
Por ejemplo, una de esas empresas ya ofreció $500 mensuales de alquiler a Jorge Muñoz, con tal de que le permitiera instalar una radiobase en un lote de su propiedad en Tres Ríos.
El negocio no fructificó, porque la política de la Municipalidad de La Unión es denegar toda solicitud de construcción de este tipo ante la falta de un reglamento.
Con anterioridad, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construía las torres únicamente con el visto bueno de la Secretaría Técnica Ambiental y Aviación Civil.
Este vacío legal genera incertidumbre para los propietarios de terrenos, que ven una oportunidad en el arrendamiento de un espacio para la instalación de torres celular, pero de igual forma se ignoran las condiciones más adecuadas para efectos de la salud pública.
Para el tema de antenas celulares no existe una norma de distancias entre esas infraestructuras con respecto a las comunidades, cosa que sí sucede con cables de alta tensión, por ejemplo.
Y ya que el tiempo no espera, en este momento hay compañías de telefonía móvil que están negociando directamente el alquiler de terrenos para su infraestructura, mientras otras se dedican a levantar estas estructuras y posteriormente arrendarlas.En el caso del último tipo de empresas, se encuentra Alta vista Towers, que planifica el levantamiento de unas 200 torres, en las cuales invertirá unos $10 millones, aseguró Nicholas Van Slyck, propietario de la compañía.
Por eso, el tiempo que transcurre sin que se tomen decisiones sale caro para todos. Esa inactividad podría afectar nuevas inversiones, poner en riesgo inversiones y limitar que propietarios de terrenos ganen dinero con la apertura del mercado de telefonía móvil.
El tema ya es de conocimiento de las autoridades, luego de que Teófilo de la Torre, ministro de Ambiente y Energía, lo abordara el lunes anterior durante el Consejo de Gobierno.
“Generalmente la reglamentación en las municipalidades no es clara. Supongo que el responsable de emitir una reglamentación de uso general debiera ser la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), porque a nivel municipal no hay nada reglamentado”, dijo Juan Marín, ministro de Descentralización, encargado de mediar entre las entidades de gobierno y municipios.
Ya existe un borrador, que debe ser aprobado por la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con el inconveniente de que la primera sesión sería lo más rápido a finales de mes, porque la Asamblea Legislativa debe ratificar el nombramiento de los nuevos integrantes.
Por eso, en caso de urgencia se trataría de sacar la normativa vía resolución, advirtió George Miley, presidente de Sutel.
En este momento, el ICE dispone de poco más de 2 millones de líneas celulares, cifra que equivale a que, por cada 100 personas, 40 poseen una línea. La pretensión es aumentar a 65 por cada 100, cantidad que necesitará nuevas torres.
Además, quedará un espacio para las multinacionales, que a mayor cantidad de clientes, más antenas necesitarán para suplir la demanda de servicios.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net