¿Tenemos una agenda energética desconectada de las necesidades económicas y sociales del país? (II)

Roberto Dobles roberto.dobles@gmail.com | Lunes 12 agosto, 2019

En la columna anterior señalé que la evidencia en el mundo demuestra que los costos y los precios de la energía tienen un rol clave y creciente en la competitividad y en el desarrollo económico y social de los países.

También señalé que la falta de prioridad en la política económica y energética del país para lograr costos y precios bajos de la energía determina los otros factores claves de la agenda energética nacional, los cuales a su vez profundizan aún más la desconexión nacional de las crecientes necesidades económicas y sociales.

El mecanismo de fijación de los precios de la energía que existe en el país se encuentra dentro de los factores adicionales de desconexión que tienen un efecto negativo en la economía nacional frente a las nuevas y crecientes exigencias de competitividad en el contexto mundial actual, el cual es cada vez más difícil y competitivo.

Esta fijación de los precios (electricidad, combustibles, etc.) se realiza por parte de la ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) con base en el principio de “servicio al costo”, el cual es un mecanismo que surgió hace muchas décadas cuando las circunstancias nacionales e internacionales eran otras y muy diferentes a las actuales.

En la realidad nacional actual, este mecanismo se ha convertido en una fijación de precios con base en el “servicio a cualquier costo”. De ahí los altos y crecientes costos de la energía que existen en el país.

Las tarifas eléctricas han venido subiendo de manera desmedida, incluyendo los aumentos del ICE en enero y abril del 2019 que suman en conjunto un 12,71%. Ahora la CNFL solicita a la ARESEP un aumento del 6% e insiste en dicha solicitud “que el cálculo se hizo bajo el principio de ‘servicio al costo’”.

Este mecanismo de fijación de los precios nacionales de la energía no contempla referencias internacionales y contribuye a desconectar la agenda energética nacional de la realidad mundial.

Al estar desconectado de las realidades nacionales e internacionales, el principio de “servicio al costo” (“a cualquier costo”) deteriora así continuamente la competitividad energética nacional con respecto a otros países que avanzan hacia niveles de competitividad energética superiores con otros mecanismos de fijación de precios mucho más eficaces.

Con el “principio de servicio al costo”, prácticamente todos los costos se le suman al costo total, el cual se traslada luego a los precios de la energía (junto con las ineficiencias y los sobrecostos de los proyectos de inversión, operacionales, financieros y administrativos de las empresas del sector).

Este modelo de fijación de precios “infla” así continuamente los precios nacionales de la energía con respecto a los precios que se dan en los países con los que competimos en el comercio internacional y en la atracción de la inversión externa directa.

Esta metodología de fijación de los precios nacionales de la energía genera una situación donde no solamente se sobredimensionan los gastos y las inversiones, sino que además no impulsa la introducción oportuna en el país de las nuevas fuentes de energía mucho más baratas que están emergiendo en el mundo como consecuencia de los continuos adelantos tecnológicos y que son líderes mundiales de la transición energética y de la reducción de los costos, como son la energía solar y el gas natural.

Sobre el “servicio al costo” en el subsector eléctrico, un estudio titulado “El sector eléctrico en Costa Rica” señaló adicionalmente lo siguiente:

• “El problema fundamental con la regulación de servicio al costo o tasa de retorno es que no induce a la empresa a comportarse apropiadamente en términos de reducir costos y proveer el servicio adecuado”.

• “Si la regulación de las tarifas se rige por el principio de servicio al costo, se convierte en un mecanismo para transferir a los consumidores el riesgo resultante de los errores de la empresa, derivados de desacertadas decisiones de inversión, errores en el planeamiento y eventos no previstos”.

Además de los altos costos administrativos y operativos (y en muchos casos financieros), los sobrecostos son comunes en el desarrollo de plantas eléctricas y de otro tipo de infraestructura.

Entre los ejemplos de plantas de generación eléctrica con sobrecostos importantes durante su construcción, que se incluyen en “el servicio al costo”, destacan las siguientes: Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior (284% de sobrecosto), Planta Eólica Valle Central (152% de sobrecosto), Planta Hidroeléctrica Reventazón (147% de sobrecosto) y Planta Hidroeléctrica Pirrís (110% de sobrecosto).

El “servicio al costo” conduce también a favorecer excesos de inversión que conllevan a una alta sobrecapacidad de generación no utilizable en largos períodos del año (en la estación seca, por ejemplo), cuyos costos extra se trasladan igualmente sin ningún problema a las tarifas eléctricas.

El exceso de sobrecapacidad instalada en el sistema es así otro de los factores que incide en el alto costo de la electricidad. Como lo he señalado en otras columnas, en el 2018 la demanda máxima (potencia máxima) del sistema eléctrico nacional fue de 1.713,99 MW, mientras la capacidad instalada fue de 3.616,83 MW, lo que da un exceso de capacidad instalada sobre la demanda máxima de 1.902,84 MW, lo cual representa una sobrecapacidad instalada del 111%.

Por sí sola esta alta sobrecapacidad de generación eléctrica es muy costosa y además no satisface todas las necesidades nacionales de electricidad en largos períodos del año.

Y aún con esa cara sobrecapacidad instalada de generación eléctrica, el país ha tenido que importar grandes cantidades de electricidad para poder satisfacer la demanda eléctrica nacional.

Sobre este tema de las importaciones, un artículo publicado en el mes de mayo pasado por CRHoy señaló que el “País bate récord de importación eléctrica: compramos un 938% más que en 2017”. Repretel informó el 11 de abril del 2019 que el “ICE importará electricidad por sequía” y que “En promedio, al país le sale el doble más caro producir la electricidad que importarla”.

La baja de los caudales de los ríos en la estación seca reduce significativamente la generación hidroeléctrica, lo que aumenta los costos de generación de estas plantas (al generar menos electricidad en estos períodos), las caras importaciones de electricidad de Centroamérica y la cara generación con búnker y diésel de alto costo importados (en lugar de utilizar gas natural nacional que sería unas cuatro o cinco veces más barato y cuya explotación generaría además grandes cantidades de recursos fiscales y no fiscales).

La reducción de los caudales de los ríos en la estación seca, el advenimiento de sequías cada vez más frecuentes y más fuertes y los crecientes impactos del cambio climático van a agravar aún más esta situación en el futuro.

Esto se hace todavía más costoso cuando constatamos que una gran cantidad de las plantas que conforman el sistema eléctrico fueron construidas con grandes sobrecostos, lo cual desconecta aún más la agenda energética nacional de las crecientes necesidades y exigencias de competitividad que tiene el país.

El serio problema nacional de falta de competitividad energética ocurre también con los combustibles derivados de petróleo, los cuales representan casi las 2/3 partes del consumo energético nacional.

Los precios de los combustibles aquí son inclusive más caros aquí que en los países de Centroamérica, como bien lo señala un reportaje de CRHoy del mes pasado: “Costa Rica tiene la gasolina más cara de Centroamérica”. Esta comparación de precios se hace todavía más desfavorable cuando se efectúa con respecto a otros países.

Sobre este tema, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) ha inclusive señalado “que Recope opera en contra de la reactivación económica”.

Un estudio contratado como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que varias condiciones del suministro nacional de combustibles “le cuestan a Costa Rica un pago adicional correspondiente a 1,35 puntos porcentuales de su producto interno bruto (PIB), es decir, casi ¢500.000 millones anuales actualizados al 2019”.

Otro estudio de la Contraloría General de la República indica que “Recope encarece la traída de combustible por manejar inventarios ‘sin criterio técnico’”.

Inclusive se dan errores en la importación que les salen caros a los consumidores porque son parte del “servicio al costo”. Un reciente reportaje señala que el “ICE y RECOPE cometen error en compra de búnker que nos sale caro a todos” en relación con la compra de búnker para la planta térmica de Garabito del ICE que no pudo utilizarse por problemas de calidad.

Los combustibles líquidos se importan provenientes de un mercado competitivo (el mercado internacional del petróleo y derivados), pero una vez que entran al país, aquí les agregamos altos impuestos y altos costos (administrativos y operativos y altos costos y atrasos de los proyectos de inversión).

Un ejemplo de los problemas de atrasos y sobrecostos en los proyectos de inversión en este subsector es el nuevo puerto petrolero que, además del sobrecosto que ha tenido hasta esta fecha, ha generado costos adicionales como consecuencia de sus cinco años de atraso. Este nuevo puerto petrolero, para importar derivados de petróleo con barcos más grandes, debió entrar en operación en el año 2014 y todavía no opera.

Al no entrar en operación durante todos estos cinco años de atraso, se ha continuado con los costos unitarios de importación al extender el país la importación de derivados de petróleo con barcos más pequeños en el viejo puerto petrolero que son más caros por unidad transportada.

Además de los altos costos de administración, operación, almacenamiento e inversión, aquí le agregamos al precio de los combustibles altos impuestos (el impuesto único a los combustibles y el IVA aplicado a los servicios utilizados para llevarlos desde los planteles de RECOPE hasta el consumidor final: el transporte por camión cisterna y la venta final al consumidor en las estaciones de servicio).

Como conclusión, a los altos y crecientes costos (incluyendo los sobrecostos en la construcción de proyectos) que se incluyen en los precios de la electricidad y de los derivados de petróleo importados utilizando el “principio al costo”, que al final es el “principio de servicio a cualquier costo”, se le adicionan altos impuestos.

Todo esto infla los precios nacionales de la energía, desconectando los mecanismos de fijación de los precios de la energía que se usan en el país de los esquemas más eficaces que se usan en el mundo, creando así una creciente desventaja competitiva que termina afectando a todas las personas y empresas productivas en el país y a la economía nacional en general que además está en una situación de caída del crecimiento económico, creciente desempleo, subempleo, empleo informal y pobreza y menores ingresos fiscales por menor crecimiento de la economía, etc.

En la siguiente columna se analizarán otros elementos claves adicionales de la agenda energética nacional que la desconectan más de las necesidades nacionales y de la realidad internacional.

¿Tenemos una agenda energética desconectada de las necesidades económicas y sociales del país? (II)

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