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Telefónica con las puertas abiertas para compra de Vivo

La Justicia europea allanó ayer el camino a Telefónica en su intento de adquirir el 30% de la brasileña Vivo en manos de Portugal Telecom (PT), al declarar ilegales los derechos especiales que Portugal mantiene sobre su antiguo monopolio de telefonía, utilizados la semana pasada para vetar la operación.
Con su decisión de ayer, que no admite recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) confirma las expectativas de la española Telefónica, que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte su oferta por más de $8.790 millones, con la esperanza de que el fallo judicial le facilite la consecución de sus objetivos.
En su sentencia de ayer, la corte con sede en Luxemburgo concluye que “Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales, al mantener en Portugal Telecom derechos especiales atribuidos en relación con golden shares (acciones de oro)”, según el comunicado enviado tras la lectura del fallo.
El texto explica que “un número considerable de decisiones importantes relativas a PT depende del consentimiento del Estado portugués”, lo que constituye una “influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene (el Gobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas”.
Además, el tribunal destaca que los privilegios del Estado portugués sólo pueden ser eliminados con su consentimiento, dado que “una modificación de los estatutos no puede adoptarse sin la mayoría de los votos correspondientes a las acciones privilegiadas”.
La sentencia descarta las razones de interés público esgrimidas por Portugal para mantener los derechos especiales sobre PT.
El tribunal considera que “el objetivo de garantizar la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo” podría justificar la acción de oro, pero la rechaza en esta situación por considerar que debería existir una amenaza real que Portugal no ha justificado durante el proceso.
“El Tribunal de Justicia declara que el ejercicio de los derechos especiales del Estado no está sujeto a condición o circunstancia específica y objetiva alguna”, resalta el comunicado.
La Comisión Europea (CE) fue la que llevó a Portugal ante la Justicia europea en 2008, tres años después de abrir un expediente al Estado luso por los privilegios que mantiene sobre el antiguo conglomerado de telecomunicaciones estatal, gracias a 500 acciones con derechos especiales.
Entre los privilegios que Bruselas no acepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de los miembros del consejo de administración, el derecho de veto en la elección de los directores y del consejo auditor y otras decisiones corporativas de calado, como las ventas de paquetes de acciones a competidores.
Estos fueron los privilegios que el Ejecutivo luso empleó para vetar el pasado 30 de junio la venta de la participación de Portugal Telecom en Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por 7.150 millones de euros (que supone casi el valor de PT en Bolsa), pese a haber sido aprobada por el 74% de los accionistas.
Poco después de conocer el resultado de la sentencia, el Gobierno portugués hizo unas primeras declaraciones a la espera de realizar un análisis más profundo del fallo, que no terminaron de aclarar si acatará el dictamen con inmediatez, permitiendo la operación de Telefónica.
El ministro de la Presidencia de Portugal, Pedro Silva Pereira, dijo a la salida del Consejo de Ministros que el Gobierno está en “desacuerdo” con la decisión judicial, pero procurará “respetar el derecho comunitario y la defensa de los intereses nacionales” en este caso.
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó que el Ejecutivo comunitario velará por la aplicación de la sentencia, aunque pidió tiempo para analizar la situación antes de tomar decisiones (como una nueva denuncia ante el tribunal, que a la larga podría acarrear sanciones al Gobierno luso si se niega a perder sus derechos).
En casos anteriores, los Estados han tardado hasta tres años en suprimir completamente las acciones de oro condenadas por el Tribunal de Luxemburgo.
Por este motivo, tanto Telefónica como Portugal Telecom insistieron ayer en su disposición a buscar una salida negociada que satisfaga al Gobierno portugués.
La compañía española indicó que la decisión judicial muestra la “bondad” de Telefónica en su intención de adquirir la participación en Vivo, que actualmente controla junto a PT, y reiteró su disposición a “seguir buscando las soluciones posibles para llevar a buen fin la operación”.
El presidente ejecutivo de Portugal Telecom (PT), Zeinal Bava, evitó comentar la decisión, pero expresó la disponibilidad de PT a negociar con Telefónica, pues la empresa debe “mirar hacia delante”.
En España, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, también confió en que se produzca una solución amistosa entre Telefónica y Portugal Telecom “en un futuro muy próximo”.
Fuentes comunitarias explicaron el miércoles que otra posibilidad para la compañía de César Alierta es llevar el caso ante la Justicia local portuguesa, donde se vería respaldada por la sentencia del Tribunal de la UE.

Bruselas
EFE

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