Leiner Vargas

Leiner Vargas

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Martes 26 Septiembre, 2017

Reflexiones

Sutel consolida el oligopolio en telecomunicaciones de Costa Rica

He insistido, desde hace dos décadas, en que el desarrollo de las telecomunicaciones y particularmente, el Internet, ha propiciado grandes oportunidades para dar el salto cualitativo y cuantitativo que se requiere como país para avanzar hacia un mejor estadio de desarrollo. El uso de Internet es un bien meritorio, que implica una transformación sustancial en el ecosistema social, productivo y democrático de los países. Internet y las nuevas tecnologías están transformando la forma en como producimos, consumimos, trabajamos e interactuamos en la sociedad. Evitar a toda costa los obstáculos de mercado, tecnológicos o inclusive ideológico-políticos, a la penetración de la banda ancha y el uso de dichas tecnologías, fijas y móviles, debería ser el fundamento de una política pública de desarrollo social y disminución de la desigualdad. Sin embargo, el desconocer la naturaleza del bien o servicio con el que se está trabajando y sus implicaciones dinámicas y efectos colaterales, puede llevar a un manejo miope, segmentado e inclusive excluyente, del servicio de Internet; algo que en definitiva impone límites y restricciones al desarrollo social, productivo, político y tecnológico del país.

Cuando se compara el uso de Internet con los viajes en avión o barco, se asimila el mercado de telecomunicaciones al de hoteles o se intenta argumentar que deben existir esquemas diferenciados en el servicio según capacidad de compra de cada quien; simplemente se está dejando por sentado que el tratamiento de dicho bien es similar a cualquier otro bien o servicio del mercado. Por eso fallan múltiples analistas; entre ellos abogados, politólogos, tecnólogos y periodistas, dedicados al tema de las telecomunicaciones. La diferencia sustancial de mis argumentos y los de ellos, está en el análisis del tipo de bien en el que estamos trabajando. Internet es disruptiva en su uso y sus aplicaciones, es un bien meritorio y no un simple bien de consumo, genera externalidades sobre el ecosistema social, económico y político; mismas que no pueden ser vistas con una visión lineal o como si esto fuera un mercado convencional. Internet es un detonante de oportunidades y su exclusión o desincentivo es un detonante de desigualdades en la sociedad.



Algunos de mis amigos más cercanos me han dicho, qué duro que te muestras en este tema de defensa de la forma de regular un mercado de las telecomunicaciones. Ciertamente, todo mercado tiene dos formas extremas de regulación económica, una es a través de la competencia y la otra es a través de la definición reglamentada de las tarifas por un ente regulador. Si la primera no funciona, por la existencia de fallas estructurales en el mercado, la segunda debe contemplar el mejor mecanismo disponible para corregir dichas fallas. En principio, la definición de la forma y de la estrategia regulatoria, es de naturaleza pública y no debería en ningún momento atenderse el interés del operador, sino el interés mayúsculo del ciudadano. Interés que se centra en tener el servicio al menor costo posible, de calidad y de amplio acceso. En el contexto de Internet, es también deseable que se obtenga el mayor consumo posible, garantizando las propiedades de un bien meritorio. Es ese el punto crucial en el que no coincidimos con los argumentos emitidos desde el Consejo de la Sutel, durante ya cerca de diez años. A mi criterio, la Sutel y sus miembros se equivocan en su insistencia por favorecer y corresponder a los operadores del servicio y no los intereses de la ciudadanía, asumiendo que los argumentos de los operadores son ciertos y no realizando un análisis económico apropiado para el bien, mercado y condición tecnológica de Internet.

La explicación central de esta falla regulatoria está en el diseño de la agencia regulatoria y su falta de competencias en materia de análisis económico de los mercados, la distorsión regulatoria que involucra al regulado estructuralmente con los operadores de los servicios como ha sido el diseño de Fonatel y más recientemente, la captura regulatoria en la definición de los participantes del Consejo de Sutel, por parte de los operadores del servicio. Este último aspecto se presenta cuando el lobby político de los operadores es capaz de llegar a su límite, apoderarse de quien los regula.

La Sutel ha perdido el rumbo en materia regulatoria y el resultado es nefasto para los ciudadanos, dado que se ha capturado al ente regulador y hoy, desde adentro del mismo órgano, se defiende el interés de los operadores, con tanta fuerza que intentar siquiera hacer una oposición ciudadana y dar un contraargumento; se mira tendencioso de parte de los miembros de la Sutel. Son presa de una miopía regulatoria y lo peor, es que a pesar de tener las realidades de frente parecen creer que todo es culpa de una metodología regulatoria, esencialmente no utilizada en la forma correcta.

En la metodología tarifaria basada en precios tope, estos no fueron diseñados para durar diez años sin ninguna variación, como en el caso de Costa Rica. Por el contrario, son un instrumento para propiciar eficiencia y proteger al usuario de estructuras de mercado no competidas, como las existentes en el mundo de Internet y particularmente, en un mercado pequeño, segmentado y oligopólico como el costarricense. Los miembros de la Sutel se han obsesionado con el argumento de los precios por descarga, como si el mercado de Internet fuese el equivalente al mercado de los viajes en avión o se tratara de llenar las habitaciones de un hotel. No señores, este bien es meritorio y no es objeto de discriminación dado que sería como evitar al ser humano consumir salud o educación, como parte de una política pública.

Si se hubiese calculado la caída en los costos de las tecnologías nuevas 4G y nuevas modalidades de Internet, se habrían dado cuenta los reguladores de que debieron bajar las tarifas tope en un 300% al menos, lo que habría aumentado la competencia entre los operadores tecnológicamente más adaptados y propiciado mayor inversión y una competencia sana por servicio al cliente y calidad del servicio. Es claro que el operador oligopólico quiere producir menos y vender mucho más caro al consumidor, por eso el cuento de los precios por descarga. Para discriminar la mayor cantidad posible del excedente del consumidor.

Nunca se debió aceptar como válido un argumento totalmente absurdo como el de la congestión de uso, aspecto que fue probado que no se debía al uso abusivo de los usuarios en 2013 y 2014 por parte del Viceministerio de Telecomunicaciones. Pero claro, aceptarlo hubiese sido aceptar que el error era el no propiciar competencia, vía la reducción de la tarifa tope, algo que no les interesaba a los operadores que habían hecho inversiones fantasma o de pésima calidad, tal como el ICE-Kölbi y sus fallidas inversiones. Por el contrario, la Sutel siguió utilizando ese argumento falso y aceptó como valido el cargar al usuario con los costos de la mal llamada “política de restricción de Internet justa”, aspecto que violó la ley y los principios comerciales existentes, los contratos existentes y las normas de prueba, imponiendo en el consumidor una restricción ilegal e injusta y obligando a pagar dos veces el mismo servicio.

Resultado de lo anterior, la Sutel se cambió de bando, abandonando al consumidor y sus intereses y respaldó a los operadores. A partir de entonces, la historia cambia y el regulador ha sido capturado.

No es de extrañar entonces que este 18 de setiembre de 2017 le hubiésemos puesto candado al mecanismo regulatorio de precios tope, argumentando lo imposible, la existencia de competencia efectiva en un mercado, donde lo que existe es incompetencia regulatoria. Lamentablemente, para quienes hoy son parte de la Sutel es simplemente haber cavado su propia tumba. Ya no hace falta regular, según su propia resolución y por lo tanto, ya tampoco hacen falta los reguladores.

La regulación de calidad y normas técnicas puede ser simplemente objeto de control del Viceministerio de Telecomunicaciones, quienes podrían manejar la norma técnica y el seguimiento a las estadísticas y control de calidad, tampoco se hace necesario la existencia de un Fonatel en un ente regulador, esto podría ser trasladado al Conicit o a otras dependencias de atención a la pobreza, sin mayores diferencias o lamentaciones. Eso sí, generando menos gasto y menos conflicto regulatorio, dado que se trata de temas de interés público.

La función reguladora, esencialmente económica en su mandato estricto, ha pasado a mejor vida dirían algunos, ahora son las propias compañías las que se autorregulan. “El club de los zorros, se ha hecho con la llave del gallinero”, ya no hace falta el portero o el cuidador de las gallinas, “no les parece”. Así las cosas, lo mejor que podemos hacer dada la situación acontecida este 18 de setiembre del 2017 recién pasado, es declarar el mercado de telecomunicaciones objeto de control y seguimiento por parte de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Cambiar la ley, es urgente, para darle mayores poderes al Ministerio de Economía y claro, propiciar la competencia como único instrumento de defensa del bienestar del ciudadano.

Antes de cerrar la Sutel y entregarle las llaves, valdría la pena preguntarnos qué deberíamos hacer diferente si quisiéramos evitar todo este tema y recuperar la regulación de precios y del mercado, como instrumento para propiciar el mayor bienestar de los ciudadanos. Primero, solicitar la renuncia en pleno del Consejo de Sutel, claramente incompetentes para atender a los ciudadanos y su interés. Segundo, proceder a realizar una evaluación del mercado de forma independiente y transparente, evidenciando la caída de costos de mediano y largo plazo y visualizando el exceso beneficio entregado a los operadores actuales. Tercero, corregir el sistema de topes por bandas regulatorias móviles, donde los operadores pueden operar con flexibilidad y competencia, pero con una tendencia a la baja de los costos y de los precios. Cuarto, anunciar un proceso de disminución en el límite superior de la banda de precios que garantice una reducción efectiva de los precios de descarga de datos a mediano y largo plazo, acorde con la eficiencia promedio de la industria. Quinto, reducir las barreras de acceso a nuevos entrantes y favorecer una mayor competencia entre los operadores actuales, limitando sus operaciones como oiligopólicas. Sexto, declarar de interés público y acceso universal un ancho de banda mínimo y de uso general de los costarricenses, financiado a través del Fonatel y destinado a todas las familias que estén incluidas en la categoría de pobreza y pobreza extrema, todos los jóvenes en edad escolar o universitaria y todas las personas en condición de desempleo abierto.

Internet, desde mi punto de vista, debe ser un instrumento de desarrollo social y de inclusión y revertir la actual tendencia al deterioro en el acceso debería ser un objetivo central de política pública. Para lo anterior, se debe dedicar más recursos de inversión a la ampliación de los anchos de banda, implementar las tecnologías 4G y favorecer un uso no discriminatorio de los servicios en las zonas de menor desarrollo relativo. Los recursos de Fonatel, propiedad de los costarricenses y pagados como un porcentaje de la tarifa actual, deben usarse para reducir esa brecha de acceso y de equidad. Finalmente, el país debe caminar hacia un costo marginal de cero en el uso de Internet, generando un valor adicional al servicio, como insumo estratégico al crecimiento y el desarrollo humano, no como un simple bien comercial. Tal vez les parezca una utopía lo que les comento, pero es algo que ya se ha hecho en países que hoy están a la vanguardia en tecnología y desarrollo humano, tomar otro sendero siempre es posible, pero la ruta al desarrollo no tiene veredas fáciles, requiere grandes ajustes y medidas y no simples parches. Es hora de actuar, callar es dar por sentado que la Sutel ha puesto candado a la regulación y consolidado el oligopolio en telecomunicaciones.

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