Suenan tambores de guerra por ley de salarios públicos

Los tambores de guerra ya retumban por la ley de salarios públicos, la cual vendría a modificar algunos de los pluses que hoy disfrutan los burócratas en el Gobierno central. {l1}apse_aspiramos_a_paralizar_todas_las_escuelas_y_colegios{/l1}

Ante esta situación, el presidente Luis Guillermo Solís pide a los legisladores de oposición no imponer su visión de los pluses salariales y, por el contrario, sentarse a conversar para así no afectar la paz social.

La idea es llegar a un acuerdo político entre el Gobierno, los sindicatos, los diputados y el sector privado, expresó el mandatario.

Sin embargo, la normativa que recorta pluses es parte de la agenda de trabajo que se ha impuesto a la oposición y por el momento, no parece que vayan a ceder ni un milímetro para reducir el gasto público.

El proyecto limita el salario máximo a unos ¢5 millones para todo nuevo empleado público, mientras que baja la cesantía a ocho años como máximo en algunos casos.{l2}arias_y_solis_le_dan_respaldo_a_ley_de_empleo_publico{/l2}

Asimismo, pretende restringir el acceso de los funcionarios públicos a las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad, los cuales tienen en este momento un costo de ¢424 mil millones, es decir, un 19% más en relación con 2014.

“La restricción del gasto público es fundamental para el Gobierno. No entiendo cómo el Presidente habla de imposición de parte nuestra, cuando él quiere meterles nuevos tributos a todos los costarricenses por medio del IVA y renta”, dijo Mario Redondo, legislador por Alianza Demócrata Cristiana.

La preocupación del presidente Solís se debe a que los  gremios sindicales ya se están organizando para protestar , de ser necesario, realizar una huelga indefinida.

Este jueves, por ejemplo, habrá una protesta en las afueras de la Asamblea Legislativa y en ella participarán trabajadores del ICE, educadores y otros.

“La manifestación es para expresarnos de manera rotunda y firme contra los proyectos de empleo público, y para denunciar a los ladrones que no pagan los impuestos, y que nosotros no somos los culpables”, aseveró Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.