Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 22 Enero, 2018

Son valores, no el poder

Leo con interés los artículos de don Iván Molina. Sin ser yo historiador me gusta esa disciplina de la cual él es distinguido profesional, y me gusta su prosa. Pero no puedo dejar pasar sin un comentario crítico el artículo de don Iván sobre la multitudinaria manifestación de fe católica del pasado 3 de diciembre, “Marchar contra la historia”, publicado en La Nación el 7 de enero.

La tesis de don Iván es muy sencilla y directa: “Hoy, al igual que en 1886, en 1907 y en 1940, a la Iglesia católica lo único que le interesa es defender su posición de poder, aun cuando esa defensa tenga un costo enorme para el país”.



Ni la vida ni la historia son tan simples.

No voy a negar que en la historia hay ocasiones en las cuales la acción de la Iglesia católica —tanto universal como de una diócesis determinada— ha sido principalmente guiada por la conquista o la preservación del poder temporal. ¿Quién  va a negar esa circunstancia en la lucha por las investiduras y en otros casos de la iglesia universal o de iglesias locales?

Pero ello no permite la simple generalización de que “a la Iglesia católica lo único que le interesa es defender su posición de poder”.

Claro que la inmensa marcha del 3 de diciembre fue en favor de la vida, la familia y la potestad prioritaria de los padres en la formación de sus hijos. Ello lo que indica es que fue una marcha por valores, no por poder.

Fue una legítima manifestación de las más sentidas convicciones y los más arraigados valores de los costarricenses.
Fue además una manifestación necesaria.

Costa Rica es una nación asentada en la cultura cristiana, en la cual la familia es la célula fundamental de la sociedad.

En todas nuestras constituciones desde el Pacto de Concordia hasta la que nos rige, se invoca a Dios y se confiesa la religión católica. Se puede válidamente discutir sobre la conveniencia o no de esta confesionalidad en la época actual, pero no cabe discusión de que esa inalterada continuidad en nuestras constituciones refleja las profundas raíces católicas de nuestra cultura.

Y central a esa cultura cristiana es la defensa de la vida, su concepción de la familia fundamentada en el matrimonio de un hombre y una mujer, y los derechos y deberes de los padres, prioritarios y anteriores al Estado, con relación a la educación de los hijos.

Por defender la vida, la familia, el matrimonio entre hembra y varón, y la autoridad y responsabilidad prioritarias de los padres para la educación de los hijos, la marcha no fue contra la historia sino para defender las bases mismas de la cultura costarricense. Fue por ello una marcha legítima, convocada en domingo para no interrumpir las tareas cotidianas y para, al celebrar la Santa Misa, invocar la ayuda de Dios en defensa de nuestros valores y agradecerle los dones que con esos valores nos ha reglado.

Quienes conformamos la mayoría debemos ser respetuosos y tolerantes con quienes piensan diferente a nosotros.  Pero no tenemos por qué ser pasivos, ni menos renunciar a manifestar y defender nuestras creencias y valores.

Los católicos tenemos todo el derecho de defender el sacramento del matrimonio como una institución exclusiva de la pareja de un hombre y una mujer y a promover por los cauces legítimos nuestras convicciones sobre las reglas de conducta social que deben darse en la sociedad. Podemos válidamente promover un orden jurídico que dé la mayor libertad en sus asuntos propios a cada persona, dentro del respeto a igual derecho para los demás.

Hay conductas que el Estado debe prohibir para permitir la vida pacífica en sociedad evitando la coerción de unas personas a otras. Hay la gran mayoría de las conductas que son simplemente permitidas (como el ejercicio de las preferencias sexuales). Y hay conductas que deben ser promovidas como las que ejecutan jueces y policías por ejemplo. Y dentro de estas últimas están las que regulan el matrimonio de mujer y hombre,  para así preservar la especie. Respecto a ninguno de estos tres tipos de conducta (prohibidas, permitidas y promovidas) debe darse discriminación alguna en razón de las preferencias sexuales de las personas.

Ya he expresado mi opinión sobre la manera de compatibilizar estas ideas  con la opinión consultiva reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humano en  “La opinión consultiva y las opciones que tiene Costa Rica” que se puede encontrar en www.rodriguez.cr.