Solución fiscal

Solución fiscal

El gobierno de la república presentó el pasado 10 de agosto su Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este proyecto significa tanto un avance importante de parte del Poder Ejecutivo en encarar el desequilibrio fiscal que inicialmente escogió ignorar, como una posible trampa que puede hacer imposible alcanzar sus objetivos.

Es un avance importante porque significa reconocer por parte del Ejecutivo que para poder tener éxito en este tema en los campos político y financiero, se deben encarar sus tres aspectos: control de los disparadores del gasto público, garantías económicas para limitar que la situación de deterioro de las finanzas públicas recurrente desde 2009 se vuelva a dar, y generación de ingresos tributarios adicionales.

Esta novedad significa un positivo viraje que facilita la solución de este importante problema, que de no solucionarse nos podría conducir a un ajuste forzado extremadamente duro en especial para los hogares más pobres.

Como en sendos artículo lo he señalado desde 2014, esta administración ha dejado pasar tres brillantes oportunidades para encarar y resolver este y otros serios problemas nacionales. Primero, cuando inició, no buscando la conformación de un gobierno de alianza entre partidos que pudiese tener mayoría en la Asamblea Legislativa con un programa consensuado, sino más bien optando por seguir en virulenta campaña política denunciado sin pruebas ni resultados a los gobiernos anteriores. Segundo, al inicio de la segunda legislatura cuando los partidos que se aliaron para tomar el directorio ofrecieron un programa de solución para el tema fiscal y facilitar la toma de decisiones en el congreso, que el gobierno optó por ignorar. Tercero, al inicio de la tercera legislatura cuando de nuevo el grupo coaligado para llegar al directorio de nuevo presentó, por la decisión del PUSC, una propuesta de acción para enfrentar este tema. (Ver en www.rodriguez.cr) mis artículos Un Presidente Legítimo, 7 de abril de 2014; Oportunidad para solución fiscal, 15 de mayo 2015 y Garantías económicas, control de gasto y solución fiscal, 16 de mayo de 2016). Que dicha que ahora -ante la alarma por la iliquidez que sembró el Sr. Presidente- el Ejecutivo decide enfrentar este urgente tema.

Pero mi experiencia con la tramitación de las propuestas aprobadas por la Concertación Nacional para abrir (no privatizar) los monopolios de electricidad,  telecomunicaciones y seguros me alerta a no caer en la trampa de unir todo en un único proyecto. Esto logra unir los embates de los intereses particulares que se oponen a cada uno de sus aspectos, complica la comunicación con los ciudadanos y permite a los detractores engañar a la población. (En el caso de nuestra propuesta de apertura de monopolios públicos haciendo creer a las gentes -con falsedad- que se trataba de vender el ICE).

Además, difícilmente puede pretender el gobierno que sus tesis se impongan íntegramente, ante una realidad política tan fragmentada y con diversas orientaciones económicas y sociales.

El componente del  proyecto atinente al empleo público sin duda tiene aspectos muy favorables como establecer límites máximos iguales en todo el sector público al salario mayor y a los reconocimientos anuales por eficiencia; regulaciones uniformes a ese sector en prohibición de ejercer profesiones y dedicación exclusiva; y un salario único para jerarcas.  Pero puede ser muy discutible en cuanto al sistema que trata de hacer objetiva la valoración que los jerarcas le den a sus subalternos. Esas reglas -tal cual está propuesta- no son muy controlables, y con nuestra cultura del pobrecito con ellas podría continuar dándose la máxima calificación al desempeño de todos.  ¿No es mejor –como ha propuesto la diputada Sandra Pisk- establecer dos niveles de calificación con distinto incremento salarial anual (2, 5 y 1,25% por ejemplo) para quienes alcancen las calificaciones más altas y el segundo nivel de rendimiento? ¿No será necesario para diferenciar rendimientos -y salvo casos de excepción debidamente fundamentados y aprobados específicamente bajo su responsabilidad por el jerarca del funcionario que hace la calificación- establecer como -lo ha insinuado el diputado Otón Solí-, que los funcionarios de cada departamento se calificarán en una escala de la cual el tercio con mayores resultados será acreedor al incentivo más alto, el tercio siguiente al segundo incentivo y el tercio con menores calificaciones no tendrá incentivo?

En cuanto a la regla fiscal, la experiencia enseña que las que se establecen a nivel de ley como las que contiene la  Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos aprobada durante mi administración, no se cumplen, y que incluso respecto a las normas constitucionales se ha buscado la comba al palo para no aplicarlas. Por eso, esta ocasión debería ocuparse para establecer reglas constitucionales tajantes, que no den pábulo a su ineficacia.

Además la regulación que se propone es muy complicada y de muy difícil aplicación. Probablemente sea mucho mejor establecer un límite al máximo de la relación déficit fiscal PIB, al estilo de la Unión Europea.

En mi particular opinión creo justo y necesario la transformación del impuesto de ventas en uno de valor agregado que se extienda a los servicios y  modificar el impuesto de renta para hacerlo global e incluir las ganancias de capital. Pero discutir los detalles de esto en un solo proyecto de ley me parece que es imposible, si se quiere su aprobación.

Por eso, en vez de la tramitación de un solo proyecto de ley, creo que la estrategia del gobierno debiera ser conformar y liderar un acuerdo político con suficiente fuerza parlamentaria para aprobar vías rápidas legislativas (al menos 38 votos) y así  aprobar en su orden: primera legislatura de  la regla fiscal constitucional (que como garantías económicas propuse hace 30 años cuando no eran de uso común en las naciones, como sí lo son actualmente); las reglas para empleo público; la transformación y extensión de ventas en un impuesto al valor agregado y finalmente la modernización del impuesto de renta.