Sinceramente

¿Es posible juzgar y condenar a una persona a base de opiniones y pareceres? ¿Contribuye el linchamiento mediático a fortalecer la institucionalidad costarricense o el sistema de impartir justicia? ¿Por qué estamos empeñados en debilitar el Estado de derecho en el país? ¿Nadie está pensando en las presuntas víctimas? Esta crítica de hoy no es la defensa de un sacerdote o un expresidente. Estas preguntas debemos responderlas por todos nosotros los costarricenses. “Las campanas doblan por ti”.

Desde hace ya unos 20 años hemos percibido fuerzas en el país deseosas de desarrollar linchamientos mediáticos que les permitan destruir personalidades o asesinar caracteres públicos aunque estos sean declarados posteriormente inocentes por los tribunales.

Para Costa Rica estos escándalos periodísticos y estos linchamientos mediáticos no tienen ningún provecho. Estos acarrean tan solo destrucción de personas, debilitamiento institucional y deterioro del Estado de derecho.

Los linchamientos mediáticos generan serios cuestionamientos al OIJ, la Fiscalía y los tribunales del país. La calle grita y los tribunales observan cómo, si se apartan de la gritería, ellos serán los siguientes en verse envueltos en los linchamientos. La calle no admite más que la confirmación de su condena, nunca que los tribunales se separen de esta.

Nunca un linchamiento fortaleció la institucionalidad de Costa Rica ni de país alguno en el mundo. Los linchamientos no buscan justicia sino causar daño a todas las partes involucradas. El linchado pierde su reputación y su prestigio, los tribunales se ven debilitados si lo declaran inocente y la supremacía de la ley se cuestiona y la ley misma se acusa de corrupta. Las víctimas vuelven a ser revictimizadas por todas las cosas que de ellas se afirman y se comentan. ¿A dónde quedó el respeto por las partes en este país?

Los linchamientos no hacen más fuerte y robusta la democracia ni al Estado de derecho. Cuando luego de creado el imaginario social que lleva al linchamiento la masa está convencida de ese imaginario social, el funcionamiento del Estado de derecho y su debido proceso caen víctimas de su ejercicio, ya que se separan del juicio de la calle.

Si los linchamientos no fortalecen la institucionalidad, la democracia ni el Estado de derecho, si dañan y generan dolor humano, ¿por qué seguimos teniendo linchamientos en el país? ¿Cuál es su propósito, qué pretenden? Una persona de la extrema izquierda me respondió esta pregunta señalando que era la justicia popular aunque fueran absueltos luego. Otro agente del mismo espectro ideológico me declaró sin ambages lo que el Che Guevara declarara cuando fue cuestionado sobre los fusilamientos sin juicio en la Cuba del año 1959-60: “Juicios, pruebas, estos son valores burgueses. Ya el pueblo los condenó”. Y es que en el fondo el linchamiento pretende acabar con las personas y castigarlas aunque sean declaradas inocentes, como el expresidente que luchó 11 años seguidos por su inocencia hasta reafirmarla.

Estamos condenando a personas a punta de opiniones, no a punta de pruebas. Estamos despedazando personas que se declararon víctimas y buscan justicia. Estamos destrozando el sistema legal del país y desacreditando la justicia porque quienes son enemigos del sistema saben bien que si los costarricenses terminan por convencerse de que el Estado de derecho es inconveniente y que son los linchamientos los que son la “justicia popular” se habrá acabado el Estado de derecho y con él la libertad y la democracia. Los que han hecho estos escándalos conocen bien de la “Teoría del rumor creciente” que se enseña en psicología social. Han hecho buen uso de la misma.

Debemos todos fortalecer la institucionalidad día a día. Los costarricenses debemos ser celosos defensores de nuestro Estado de derecho. Los costarricenses debemos sacar experiencia y lecciones de los linchamientos que en estos últimos 20 años sucedieron. ¿Qué ganó el país? Creo que la respuesta es obligatoria para todos los ciudadanos luego de una seria reflexión.

Hay que fortalecer el Estado de derecho, conseguir la justicia pronta y cumplida y ostentar una institucionalidad sólida en la que nadie esté por encima de la ley. Hay que lograr la plena imparcialidad de la justicia. Debemos lograr que las víctimas presuntas no se sientan culpables de sus denuncias. No debemos permitir que los presuntos victimarios sean castigados antes de la sentencia final inapelable.

No hay sustituto para la corrección de las personas. No debe haber crimen sin castigo. No hay sustituto a la justicia. Cero impunidades. Castigar antes de la sentencia es devolvernos a los tiempos de Pancho Villa: “Ajusílenlos, ajusílenlos. Después averiguamos”. Costa Rica merece algo mucho mejor.