La integridad sexual de la niñez es violada sistemáticamente sin que nada detenga el aumento del macabro crimen

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Silencioso flagelo sexual

El 34% de todos los delitos sexuales reportados ante los tribunales del país durante la última década, corresponde a 17.269 casos por abuso sexual contra menores, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía Contra la Violencia de Género. Se trata del delito sexual más común, mientras la “violación” y el “abuso deshonesto” ocupan el segundo y tercer lugar.
Estas son algunas conclusiones que desprendo luego de efectuar un análisis comparativo del 2001 al 2012; de acuerdo con la información suministrada por el Poder Judicial, el PANI y la Fiscalía.
Basado en las estadísticas, el abuso sexual contra menores mantiene una tendencia al alza, a pesar de múltiples herramientas aplicadas en el país con el fin de proteger a los más vulnerables de la sociedad.
La integridad sexual de la niñez es violada sistemáticamente sin que nada detenga el aumento del macabro crimen.
La fiscal Eugenia Salazar, de la Fiscalía contra la Violencia, informó que el PANI debería reportar todas las denuncias, sin embargo, muchas quedan desestimadas antes de llegar a los tribunales.
El PANI argumenta que ellos solo gestionan aquellas en las que hay “intereses contrapuestos”, confirmó Ana Rojas, gerente técnica del Patronato.
En nuestro análisis, esto significa que solo el 31% de las acusaciones por abuso sexual contra menores fue procesado por la Justicia en la última década, el resto quedó enterrado en el silencio.
Se confabula a este sigilo el derecho que tiene la víctima de ampararse en los artículos 205 del Código Penal y el 36 de la Constitución Política; este último garantiza que “…nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra parientes…”.
Los dos artículos representan una amenaza al sistema judicial, anquilosan el proceso penal y retrasan la justicia que, en muchos casos, nunca llegará al niño y niña abusados. También, oscurece la labor por la infancia la falta de recursos. Mientras la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso-Administrativo han obligado al Gobierno a girar el 7% del impuesto sobre la renta al PANI, el Ministerio de Hacienda ha anunciado la entrega de solo ¢17.555 millones y no los ¢58.000 millones que le corresponden al Patronato este año.
Irresponsablemente, se ha hecho del PANI un depositario de funciones que competen a todos, no existe un verdadero compromiso nacional sobre los derechos de la niñez; lo que le ha costado a Costa Rica una seria llamada de atención por parte del Comité Internacional del Niño.
Virginia Murillo, presidenta de DNI, en su estudio sobre abuso sexual infantil, sostiene que el 94% de los abusadores son hombres, 6% mujeres. Solamente el 4% de los abusos hacia las víctimas del mismo sexo involucra a perpetradores homosexuales, el 96% de ellos son heterosexuales.

Ricardo Sossa

Periodista y politólogo