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Salarios definitivos para empleados públicos se conocerán en seis meses: Conozca una lista provisional

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 10 marzo, 2023 11:36 a. m.


La ley de empleo público establece un mismo salario por puesto laboral en todo el Estado. Archivo/La República.
La ley de empleo público establece un mismo salario por puesto laboral en todo el Estado. Archivo/La República.


A pesar de que hoy entró a regir la ley de empleo público, el gobierno no anunció la lista de salarios definitivos para todas las categoría laborales del Estado.

En su lugar, dio a conocer un salario global transitorio; el cual, se mantendrá vigente por seis meses y solo se aplicará para las nuevas contrataciones, explicó Laura Fernández, ministra de Planificación.

Lea más: Ley de empleo público entra hoy en vigencia, ¿cuánto dinero se va a ahorrar el país?

En este enlace usted puede revisar la lista provisional compartida por el gobierno para las ocho familias salariales.

Se trata de trabajadores estatales, docentes de universidades, policías, educadores, Servicio Exterior, personal de confianza, personal de salud, magistrados y TSE.

Esta sería la escala para puestos técnicos para los nuevos trabajadores. Es una propuesta provisional. Cortesía/ La República

Esta sería la escala para puestos técnicos para los nuevos trabajadores. Es una propuesta provisional. Cortesía/ La República

Esta es la lista provisional de salarios para nuevos trabajadores docentes, cortesía/ La República

Esta es la lista provisional de salarios para nuevos trabajadores docentes, cortesía/ La República

La ley de empleo público establece un mismo salario por puesto laboral en todo el Estado, de manera tal, que un trabajador con iguales responsabilidades en una institución de gobierno central, ganará lo mismo que un funcionario de un ente autónomo o municipal.

En los casos en que un funcionario devengue más del salario global establecido, la ley prohíbe los aumentos por costo de vida, incentivos, pluses o cualquier otra categoría, frenando de una vez los incentivos.

En ese sentido, detener el gasto en remuneraciones que hace el Estado es fundamental, si se considera que hoy día, Costa Rica es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que más dinero invierte de lo recaudado en tributos porcentualmente.

En este momento, países como Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Colombia invierten un 25% en promedio, mientras que nuestro país gasta la mitad de lo que recauda para pagar el salario de los burócratas. Al año, se invierten más de ¢2,6 billones en salarios.

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Se trata de la reforma más importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto para todo el Estado.

En principio, la ley permitiría un ahorro anual de ¢309 mil millones; sin embargo, la actitud rebelde de más de 50 instituciones -al cierre de edición – amparadas en un portillo legal que abrió la Sala IV en torno a la autonomía, desinfló el impacto de la normativa.

Ahora, los cálculos más favorecedores rondan el 65% de lo estimado inicialmente; es decir, unos ¢200 mil millones al año, de acuerdo con Daniel Suchar, analista financiero. El gobierno declinó mencionar un objetivo en términos de una meta de ahorros.

“Esta ley es muy importante, ya que nuestro país viene enfrentando un crecimiento exponencial en la partida de las remuneraciones, es decir, que los recursos que utiliza el Estado costarricense para estos pagos, crecen de forma desmedida y sin control. La Contraloría desde el año 2009, viene señalando diferencias salariales entre funcionarios que tienen exactamente la misma clase de puestos, el mismo nivel de responsabilidad con diferencias salariales que dependen únicamente por la institución donde labore el funcionario, que alcanza y superan hasta un 200% de diferencia”, agregó Fernández.


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“Al quedar fuera del ámbito de cobertura de la rectoría del Ministerio de Planificación, será cada institución en condiciones de autonomía la responsable de hacer una aplicación responsable del salario global”, dijo Laura Fernández, ministra de planificación. Archivo/La República.

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