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Como una medida extraordinaria y temporal ante el hacinamiento en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia utilizar los espacios disponibles en el Centro de Atención Institucional San José (CAI) para ubicar a la población penitenciaria.
Así lo dictó el Tribunal en sesión extraordinaria este lunes 4 de octubre por medio de la sentencia que resolvió un recurso de habeas corpus presentado por el director del OIJ, Walter Espinoza, a favor de un grupo de privados de libertad cuyos derechos fundamentales se vieron vulnerados a causa de la crisis carcelaria.
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Según se desprende del fallo, las autoridades de Justicia de forma inmediata deben iniciar el traslado de las personas privadas de libertad en celdas del OIJ en situación contraria a la jurisprudencia de la Sala que sobrepasen las 72 horas de permanencia a algún centro penal, incluyendo el CAI San José, conocido como San Sebastián.
Justicia deberá coordinar para que el derecho a la salud le sea resguardado a las personas privadas de libertad, las cuales solo podrán ser ubicadas en lugares destinados a su alojamiento, no en las áreas comunes, se debe respetar las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”, entre ellas, limitar el hacinamiento y garantizar la separación de personas según su situación jurídica, edad y género, así como dictar las medidas para que el centro penitenciario conocido como Terrazas entre en funcionamiento en un plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.
