Rodrigo Chaves “patrocina movimiento político” para las elecciones, según Estado de la Nación

Con una estrategia en tres frentes que incluyó creación de marca, figuras postulables para la presidencia y la Asamblea Legislativa y el avance territorial con alcaldías conquistadas a otros grupos políticos, el gobierno de Rodrigo Chaves “patrocina un movimiento político” para las elecciones nacionales de febrero, según Estado de la Nación 2025.

Esto, sin importar que la presente administración se distingue de sus predecesoras “por su menor capacidad e interés de gestionar políticas públicas”.

“El proyecto consiste en crear un movimiento político alineado al mandatario y con la aspiración de ser heredable, un hecho inusual en la política costarricense, al menos desde el ejercicio del gobierno mismo y sin un partido político de base. Estas acciones parecen configurar un reto a las normas legales de beligerancia política y una práctica contraria a las costumbres prevalecientes en el país en las últimas décadas”, dijo el informe presentado este jueves.

Por esta intención, casualmente, el mandatario Chaves enfrenta más de 20 denuncias de beligerancia política y, por ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha pedido a los diputados levantarle la inmunidad.

De ser declarado culpable, Chaves se expone a ser destituido del cargo y a ser inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos públicos.

Este viernes, Chaves comparecerá ante la Asamblea Legislativa para referirse al tema.

La estrategia

De acuerdo con los investigadores del Estado de la Nación, el primer pilar fue crear una marca política propia; para ello, la administración impulsó una reforma legal, conocida como Ley Jaguar, que, aunque no logró avances sobre las propuestas que se planteaban en el referéndum, sí jugó un papel en posicionar la marca.

“Si bien la ‘Ley Jaguar’ no sobrevivió al control de legalidad, en el camino el gobierno aplicó una de sus mayores virtudes: crear una narrativa de éxito de algo que parece un fracaso. Como producto político cumplió con creces su objetivo: posicionar una marca y vincularla con el movimiento político en construcción”, dijo el informe.

El segundo pilar consistió en impulsar una alta cantidad de salidas de sus jerarcas para conformar las papeletas presidenciales y legislativas.

El último pilar fue atraer alcaldías municipales en manos de otras agrupaciones para suplir una carencia elemental: el apoyo electoral territorial, según los investigadores.

“La Administración Chaves Robles ha adoptado una postura combativa frente a las regulaciones sobre beligerancia política, hasta el punto de calificarlas como una mordaza para el gobierno. El presidente reniega de estas normas por considerarlas limitaciones injustificadas a su gestión, lo cual genera tensiones adicionales sobre el sistema electoral”, afirmó Ronald Alfaro Redondo, investigador del Estado de la Nación.

Recientemente, el mandatario destacó que el TSE “pone en peligro la democracia del país” y que sus decisiones arbitrarias surgen porque Eugenia Zamora, presidenta del órgano electoral, fue parte del primer gobierno del liberacionista Óscar Arias.

Todo esto, porque el TSE le prohibió a Chaves compartir por redes sociales o cualquier otro medio del Estado las conferencias de prensa de los miércoles.

Tensión política récord

Por otra parte el informe advierte que la confrontación entre los tres poderes de la República —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— alcanzó entre 2024 y los primeros meses del 2025 su nivel más crítico en varias décadas.

Este deterioro institucional se debe a una estrategia sistemática de ataques y descalificaciones impulsada desde la Presidencia, que ha debilitado la cooperación.

De acuerdo con la investigación, durante el periodo 2022-2025, el presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo realizaron 168 conferencias de prensa, que dejaron de ser espacios de rendición de cuentas para convertirse en plataformas de confrontación política.

Lo que antes servía para informar sobre la gestión pública, hoy —según el informe— se utiliza para lanzar críticas directas a otros poderes del Estado, instituciones autónomas, órganos de control y medios de comunicación.

Solo entre mayo de 2024 y abril de 2025, se registraron 464 menciones directas contra actores políticos e institucionales en las conferencias posteriores al Consejo de Gobierno.