Rodrigo Chaves defendió la presencia de Laura Fernández, aspirante presidencial de Pueblo Soberano, en algunas de sus giras. Cortesía/La República.
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Debido a que, según él, no se violenta ninguna ley electoral y que cualquier candidato puede participar en las actividades públicas de la Presidencia de la República, el mandatario Rodrigo Chaves defendió la presencia de Laura Fernández, aspirante presidencial de Pueblo Soberano, en algunas de sus giras.
El presidente fue consultado sobre si este tipo de actos podía rozar la prohibición de beligerancia política, un tema históricamente delicado en Costa Rica.
En respuesta, Chaves aseguró que los encuentros con Fernández ocurrieron en espacios abiertos a toda la ciudadanía y en los cuales, también pueden participar candidatos presidenciales en calidad de ciudadanos.
“¿Todos esos son eventos públicos? Sí. ¿Es ella ciudadana y la actividad está abierta a todos los ciudadanos?, declaró Chaves.
Asimismo, Chaves cuestionó la existencia de alguna restricción que le impida tener contacto con antiguos compañeros de trabajo, sin importar si hoy aspiran a cargos de elección popular.
“¿Existe alguna prohibición de que un presidente salude a un excompañero? No. Es más, se lo pongo así: don Álvaro Ramos Chaves puede venirme a saludar, Luis María Alpízar también, Natalia Díaz, todos ellos trabajaron en este gobierno y hoy son candidatos. Maduremos”, agregó.
Una línea delgada
La discusión surge en el marco de la normativa sobre beligerancia política, considerada una “zona gris” en la legislación electoral.
Este concepto alude al delito que impide a los funcionarios públicos usar sus cargos para favorecer a un partido, así como dedicar su tiempo de trabajo o acciones a actividades político-electorales.
En el caso de autoridades como el presidente, ministros, viceministros y magistrados, la prohibición es aún más estricta: solo tienen derecho al voto, sin expresar ni revelar sus preferencias políticas.
La sanción por violar esta norma es severa: la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cuatro años, la destitución inmediata e, incluso, en el caso del presidente de la República, la posibilidad de revocar su mandato.
