Retos en Inversiones para Empresas de Servicios en Zona Franca

El Régimen de Zona Franca se implementó en Costa Rica desde los años 90, con el objetivo de promover la atracción de inversión extranjera directa en el país. A través de los años el modelo ha logrado ser exitoso, y ha traído muchos beneficios al país, mediante el establecimiento de nuevas empresas de diferentes categorías, que han creado nuevos empleos, y han invertido en infraestructura y capital humano.

Con la pandemia del Covid-19 y la incidencia que ésta tuvo a nivel económico y social a nivel global, el modelo de zona franca en el país ha venido enfrentando retos que deben ser atendidos de cara al futuro, para lograr mantener este modelo funcionando de manera exitosa, principalmente en lo que se refiere a empresas de la categoría de servicios.

De acuerdo con el Balance de Zona Franca 2018-2022 de Procomer, las empresas de servicios representan el 51% del total de empresas que actualmente operan bajo el régimen. Ese porcentaje se compone principalmente por un 23% de Centros de Servicios Compartidos, 20% Business Processes Outsourcing, un 12% Ingeniería de Software, y el porcentaje restante corresponde a otras subcategorías.

Para que este tipo de empresas puedan optar por el Régimen de Zona Franca, deben cumplir con un nivel mínimo de inversión nueva, que varía según la ubicación de la empresa. Según las disposiciones normativas, estas inversiones deben realizarse en activos fijos como, obras en proceso, bienes muebles e inmuebles sujetos a depreciación, bienes inmuebles no sujetos a depreciación y software utilizados en la operación de las empresas. Sin embargo, a partir de la pandemia este tema se convirtió en un desafío para muchas de ellas.

Los esquemas híbridos de trabajo se convirtieron en tendencia, lo que ha generado que actualmente las empresas de servicios no requieran invertir en grandes oficinas, así como muchas otras redujeron los tamaños de las instalaciones que anteriormente tenían. Eso ha generado una dificultad para lograr cumplir los niveles mínimos de inversión en activos fijos, pues por el tipo de actividad que realizan, gran parte de su trabajo se realiza de manera remota, lo que repercute en las necesidades de equipo e infraestructura, pues es poco en comparación con empresas de otras categorías.

Debido a esta situación, empresas de servicios que ya operan en zona franca han ajustado los plazos para cumplir con el compromiso de inversión, y están presentando dificultades para determinar de qué forma invertir, puesto que no existen grandes necesidades en ese sentido. Situación similar afrontan las empresas que ya cumplieron con el nivel de inversión y quieren renovar el régimen, ya que para ello necesitan realizar nuevas inversiones, pero el desafío está en determinar el tipo de activos fijos que requieren para poder hacer una propuesta al Gobierno.

Al analizar cómo puede impactar esta situación al país, se puede observar que, las empresas de servicios pueden disminuir su interés en este régimen, al enfrentar un obstáculo con el requerimiento de inversión que se les hace. Pensar que podrían considerar otros países donde tienen mejores incentivos también bajo modelos preferenciales, no resultaría descabellado.

Es necesario revisar y reformular el tipo de inversión requerido para optar por el régimen. Una opción que podría valorarse sería que se modifiquen los requisitos de ingreso para que en lugar de un compromiso en nivel de empleo y un compromiso en inversión en activos fijos, el requisito sea un único monto de inversión, que contemple ambos conceptos. Una segunda opción podría ser permitir otro tipo de inversiones como capacitación en personal o infraestructura pública, que actualmente existe para las empresas que se ubiquen fuera de la GAM.

Es urgente que tanto el sector privado como el público trabajen de forma conjunta para encontrar soluciones adecuadas a esta problemática, y se promuevan reformas al régimen que permitan mantener un modelo de zona franca atractivo y competitivo para atraer nuevas empresas al país.