Renunciar al tren eléctrico compromete proyectos urbanos y descarbonización

Que el proyecto de tren eléctrico interurbano de $1.550 millones que planea el gobierno de Carlos Alvarado se descarrile, preocupa a los expertos en movilidad.

Y es que la iniciativa sería el eje central de varios planes de movilidad y de desarrollo urbano contemplados desde organizaciones privadas y municipalidades.

Los proyectos de movilidad tienen que ver con la sectorización para conectar los buses con el tren, ciclovías para promover la intermodalidad y estacionamientos en las paradas para que el ciudadano pueda guardar su bicicleta.

El peligro se debe a un subsidio anual que tendría que pagar el Estado para financiar su operación de hasta $150 millones, lo cual, parece una barrera infranqueable en momentos en que el país tiene una emergencia sanitaria y fiscal.

"Me parece importante que se den a conocer los estudios que se habían realizado en el Incofer en administraciones pasadas, en donde el costo de la obra era mucho menor. (…) Un tren interurbano es necesario, pero nuestra realidad fiscal nos demanda que tengamos los pies sobre la tierra sobre el tipo de proyecto al que podemos aspirar dada nuestra realidad económica", dijo María Inés Solís, diputada del PUSC.

Sin embargo, también es cierto que los 15 cantones que impactará el proyecto, se verían beneficiados al impulsar iniciativas de uso mixto, zonas comerciales y bulevares.

Por otra parte, si se detiene el proyecto del tren, se comprometería la meta de ser una economía carbono neutral en 2050, obligando al país a buscar otros métodos de compensar las emisiones del sector transporte, como, por ejemplo, promoviendo la electrificación de la flotilla vehicular privada.

“Finalmente, empujar al ciudadano a electrificar su vehículo para compensar las emisiones, tendrá un efecto económico más fuerte para cada uno”, argumentó Andrea San Gil, fundadora del Centro Para La Sostenibilidad Urbana.

Factores como menos muertes en carretera, mejor calidad de vida para el ciudadano, mayor valor de la tierra y una menor factura petrolera, son parte del beneficio económico que generaría el proyecto, según San Gil.

Precisamente este último aspecto es lo que más preocupa a los legisladores, quienes tienen en sus manos la aprobación de un empréstito de $550 millones para echar a andar el tren.

Además de dicho monto, se requiere del aporte de un concesionario por unos $1.000 millones para poner en ejecución el medio de transporte, mientras que al mismo tiempo, el gobierno debería subsidiar su operación anual con una inversión de entre $50 millones y $150 millones.

El objetivo es que las tarifas no superen los ¢600.

El problema es financiar la iniciativa con la situación fiscal que vive el país, pues dicho dinero tendría que salir del presupuesto nacional o de nuevos préstamos.

El monto máximo que ha destinado el país al Instituto de Ferrocarriles en los últimos cinco años es $24 millones, según un informe de la Contraloría General.

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Eso es $26 millones menos que el presupuesto mínimo que necesitaría el tren eléctrico al año para operar.

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El empréstito sigue en trámite en la Asamblea Legislativa y el ambiente no es el mejor, a pesar de que Claudia Dobles, primera dama y principal impulsora del proyecto, compareció ante los diputados para señalar la urgencia de aprovechar el préstamo, que otorgaría el Banco Interamericano de Desarrollo exclusivamente para financiar el tren.