Reinserción en la sociedad versus mano dura: Diputados y Rodrigo Chaves se enfrentan por ejecución de pena carcelaria

Cuando una persona entra al sistema penitenciario se le hacen diversos estudios para determinar en qué etapa del proceso carcelario arranca en cuanto a la ejecución de la pena.

Según las situaciones particulares, el apoyo familiar, si el privado de libertad trabaja o estudia dentro del centro penal y si tiene un buen comportamiento, puede eventualmente, cuando cumpla más de la mitad del castigo, solicitar un beneficio de ejecución de la pena para cumplir el resto de la sentencia fuera de la cárcel.

El lunes anterior, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate nuevas reglas en torno a este tema, luego de un par de años de trabajo conjunto entre los diputados, el Poder Judicial e inicialmente el gobierno de Rodrigo Chaves.

La ley aprobada no cambia las condenas ni reduce penas; lo que sí hace es ordenar y poner reglas claras sobre cómo se cumplen las penas una vez que la persona ya fue condenada.

Y es que hoy día, muchas decisiones sobre ejecución de la pena, como beneficios carcelarios, cambios de modalidad, traslados y medidas disciplinarias, se basan en circulares administrativas y criterios que no siempre están en una ley formal, por lo que, en principio, se toman decisiones políticas en algunos casos o con criterios informales.

La disputa

Sin embargo, dos días después de aprobada la nueva norma, el mandatario anunció que vetará el proyecto de ley, ya que, según él, la normativa incluye todavía artículos muy favorables para los criminales, lo cual no se justifica. El mandatario aboga por una ley de mano dura.

Entre sus argumentos se encuentran, por ejemplo, que un solo juez de ejecución de la pena puede traerse abajo lo dispuesto por un tribunal penal.

Asimismo, destacó que las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Criminología, que incluye a trabajadores sociales, psicólogos y criminólogos, no son vinculantes, por lo que se pueden dar casos en que los expertos que evalúan a los privados de libertad recomienden no dar la libertad, pero el juez de ejecución de la pena dicte una sentencia en otra dirección.

“Acaban de aprobar la Ley de Ejecución de la Pena, proyecto del Poder Judicial, para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”, indicó el presidente Chaves.

Por otra parte, Gérald Campos, jerarca del Ministerio de Justicia, destacó que él fue convocado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para hablar de diversos temas cuando la Asamblea ya había aprobado el proyecto de ejecución de la pena.

El mandatario anunció un veto a la ley aprobada en primer debate el miércoles anterior, por lo que, para pasarle por encima a la decisión de Chaves, los legisladores ocupan 38 votos.

Deuda histórica

Por su parte, diputadas de oposición señalaron que la ley de ejecución de la pena es una deuda histórica de Costa Rica.

Asimismo, señalaron que la visión dentro del proyecto es lograr la reinserción en la sociedad de las personas que cometieron algún delito, a la vez que se trate con dignidad a las personas. Rechazan, que se trate de alcahuetería.

“Es una responsabilidad nacional y de esta Asamblea Legislativa aprobar esta ley. La ley es correcta, la ley está ajustada a derecho. Cuando se impone la pena, las partes que no están de acuerdo pueden apelar, ir incluso hasta el recurso de casación. Pero cuando la sanción queda firme, esa tiene que cumplirse de acuerdo con los parámetros de tratamiento dentro del sistema penitenciario, por supuesto, pero bajo control jurisdiccional”, dijo Gloria Navas, diputada independiente.

La legisladora, que ha sido abogada penalista durante más de 40 años, señala que la nueva norma permite apelar lo dispuesto por un juez de ejecución de la pena, por lo que no es correcto decir que se le pasa por encima a un tribunal o bien que no se cumplen criterios técnicos.

“Cuando hay resocialización, cuando hay cumplimiento de toda la normativa interna del centro penitenciario, la persona puede optar por la ejecución de la pena. Es importante destacar que lo resuelto por un juez de ejecución tiene recurso de apelación ante el tribunal que sentenció a la persona. De tal manera que este proyecto es una necesidad esencial del país para el combate mismo de la delincuencia organizada y cualquier otro tipo de delincuencia. No es alcahuetería, sino legítima defensa correcta, pero en la etapa de ejecución de la pena”, agregó.

Finalmente, Priscilla Vindas, del Frente Amplio, destacó la importancia de contar con una ley actual que garantice la dignidad de las personas y les dé la oportunidad de reinsertarse en la sociedad.

Otro aspecto fundamental es que la ley se construyó después de dos años y medio de discusiones, en las cuales participaron los tres poderes de la República y se recibió en audiencia a diversos sectores.

“Tenemos personas que han cometido un delito, que deberían tener la oportunidad de trabajar, que deberían tener la oportunidad de estudiar y que deberían tener los recursos y los apoyos para que estas personas puedan entender la magnitud del delito que han cometido. El proyecto no tiene color político, pero sí tiene un beneficio para miles de personas que hoy no únicamente están en el sistema penitenciario como personas privadas de libertad, sino también para las personas que han sido víctimas. Garantizar el avance de esta ley es garantizar un avance para el país y un avance en la justicia pronta y cumplida que sabemos tiene que llegar en un país”, dijo Vindas.