Registro de Accionistas combatiría evasión
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Colaboraron Fabio Parreaguirre y Javier Adelfang

Los contribuyentes deberían prepararse para un ambiente impositivo, fortalecido por el Registro de Accionistas, mediante el cual Tributación sabría quiénes son las personas físicas, dueñas de las sociedades anónimas.

La evasión a través de la transferencia de recursos entre los entes relacionados, así como la fragmentación de un negocio entre varias empresas, serían dos de los principales blancos de Tributación.

Actualmente, es posible esconder las obligaciones tributarias, mediante las sociedades, cuyos dueños son desconocidos.

El Registro permitiría a Costa Rica cumplir varias normas, que obligan a los países a combatir el lavado y evasión a nivel internacional, incluso el robustecimiento tributario es una condición para la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



Aunque debe estar listo a más tardar en 2019, el nuevo sistema probablemente no sería operante hasta algunos años después, por tratarse de una complicada programación, que incluso tendría que integrarse con varias bases de datos, desde el Registro Civil hasta las municipalidades.

El mecanismo siempre podría evadirse, si el dueño de una sociedad procurara que un “prestanombre” aceptara aparecer como el dueño de otra, mientras caben dudas acerca el posible abuso del mecanismo de parte de algunos funcionarios de Tributación.

Sin embargo, la existencia del Registro aumentaría tanto el costo como el riesgo de evadir los impuestos mediante las transacciones entre sociedades relacionadas.

En cuanto a los potenciales abusos por parte del Estado, se trataría de un sistema con robustas defensas, según el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

Entretanto, se avecinaría la fecha en que la evasión enfrentaría varias herramientas, que operarían en las áreas descritas en las siguientes secciones de este análisis.

Falta todavía la reglamentación de Ley Contra el Fraude Fiscal, que autoriza el Registro, y que fue aprobada a finales de 2016, con el apoyo de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio.


PRINCIPALES ÁREAS DE LUCHA


El ministerio de Hacienda pretende aprovechar el registro de accionistas en varios frentes, sobre todo en los precios de transferencia, el impuesto a pequeñas empresas y el traspaso de bienes inmuebles

Precios de transferencia

El Registro dificultaría la evasión, mediante los llamados “precios de transferencia” entre las sociedades anónimas relacionadas, sobre todo en el caso en que una de ellas es incorporada en un país que no cobra el impuesto de renta corporativa.
Hay casos del cobro legítimo de una filial en el extranjero.
No obstante, con el nuevo mecanismo Tributación contaría con los parámetros para determinar cuándo sería eficiente realizar una auditoría, al ver los casos del pago de una sociedad costarricense a una empresa en el exterior con el mismo dueño.

Ejemplo

Una persona física —puede ser costarricense o de otra nacionalidad— es dueña de dos sociedades anónimas.
Una empresa, incorporada en Costa Rica, tiene un negocio nacional que genera un margen de utilidad bruto de $1 millón.
Otra sociedad, incorporada en Bahamas, le cobra a la empresa local $1 millón por mercadeo u otro servicio, de modo que la costarricense no tiene que pagar el impuesto de renta corporativa del 30%, al no tener utilidad neta.
La sociedad en Bahamas no paga ningún impuesto sobre el $1 millón recibido de la filial costarricense, ya que la tasa impositiva en aquel país es cero.
Es posible en cualquier caso que no haya evasión, ya que la sociedad costarricense recibió el servicio del valor real de $1 millón.
Sin embargo, el hecho de que el precio se determina entre dos entes relacionados, levantaría la sospecha de Tributación, que mediante el Registro sabría en muchos casos que se trata de un solo dueño.
Actualmente, las autoridades costarricenses no sabrían que se trata de una fijación de precio por una sola persona.

Impuesto a pequeñas empresas

Le resultaría difícil a un negocio pagar impuestos bajos, al dividirlo en varias pequeñas empresas.
El sistema tributario incluye tasas entre el 10% y el 30%, dependiendo del nivel de ingreso, incluso hay un régimen especial impositivo más bajo aún para las microempresas.

Ejemplo

La sociedad anónima A compra la comida.
La sociedad B cocina la comida, que es servida a los clientes por la sociedad C.
Dado que son pequeñas, cada empresa paga un impuesto del 10% de su utilidad.
Pero si todas las empresas se dedican a un solo propósito comercial, y tienen el mismo propietario, Tributación podría decir que se trata de un solo negocio —llámese un restaurante— que, dependiendo del tamaño, pagaría el impuesto de renta de hasta el 30%.

Traspaso de bienes inmuebles

El Registro de Accionistas haría difícil evadir el impuesto sobre el traspaso de un bien inmueble.

Ejemplo

La Sociedad Anónima A compra las acciones de la Sociedad Anónima B, que es dueña de un lote.
El Registro Público no cobra nada, por no percibir ningún traspaso, ya que B sigue apareciendo como titular del lote.
Pero el Registro Público a menudo cobraría el impuesto, equivalente al 3% del valor de la propiedad, gracias al Registro de Accionistas, lo que demuestra que la Sociedad Anónima B tiene un nuevo propietario.
El impuesto sobre el traspaso del bien inmueble se paga en relación con la venta de una empresa, cuando el inmueble es un activo principal, o el único, de ella.

Minientrevista Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda

“El Registro nos ayudaría a ver la vinculación de las sociedades que hoy para nosotros es difícil de ver”

¿Cuáles son los avances respecto a la implementación del reglamento a la ley de Fraude Fiscal?

Ya está en consulta la primera parte de la reglamentación de la ley, que tiene que ver con algunas modificaciones al Código Tributario, estamos esperando para ver las observaciones.
Sobre el tema del Registro de Accionistas o beneficiarios finales, hay una comisión bipartita en la que están la Dirección de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas, para avanzar sobre el tema de la reglamentación del Registro.
La idea es avanzar lo más pronto posible; si tenemos la reglamentación, aunque la plataforma no esté lista, aliviamos en parte la presión que existe por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi) para avanzar por este tema, se trata de tenerlo en efectividad.
Aun cuando el Registro no exista, sí podemos tener la potestad de solicitar la información a los contribuyentes, no de forma generalizada, pero sí individualizada, lo que será un tema importante para no entrar en la lista negra de Gafi. Así que la idea es poner en consulta el reglamento ahora en abril.

¿En qué ayudará la implementación del Registro?

Ayudará a ver las maniobras en las que incorporan sociedades de costarricenses a través de terceras figuras, incluso en otros países; nos ayudará a ver la vinculación de las sociedades que hoy para nosotros es difícil de ver.
La creación del Registro nos ayudará a detectar estos casos, y al ICD le ayudará para encontrar acciones que tienen que ver con el blanqueo de capitales.

¿Existe una medición sobre una mayor recaudación al poner en práctica el Registro?

Es difícil, porque tendrías que saber cuántas sociedades y los montos en los que se realiza el fraude, y es claro que si lo tendríamos ya habríamos accionado en algo, ejercer mecanismos sobre los montos que se evaden.

Sabemos que en personas jurídicas el monto de evasión es muy elevado, cercano al 70%, y existe un espacio en el que se puede mejorar. Si el Registro te lleva a reducir esto en un 20%, estamos hablando de montos importantísimos.

Respecto a las garantías, ¿cómo se darán, es información muy privilegiada la que tendrá el Registro, cómo se evitan malos usos de la misma?

El Banco Central tiene todas las garantías de uso de información privilegiada y seguridad de datos, las más altas que tiene el país; toda la información que manejan con respecto al Sinpe, donde pasan transacciones de billones de colones, se decidió poner ahí por la seguridad.
La ley ajusta sanciones a nivel administrativo y judicial para castigar a los funcionarios que hagan un mal uso de la información; paralelamente la ley crea la División de Asuntos Internos, la cual es un área especializada que permita atender los casos de mal manejo de información.

 

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