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Jueves, 15 de noviembre de 2018



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Filtrar datos de registro de accionistas se sancionaría con cárcel

Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 08 abril, 2016

El registro de accionistas ayudará a reducir la cifra de evasión fiscal, que en 2013 era de un 8% del PIB, comentó Paulina Ramírez, diputada del PLN. Esteban Monge/La República


Para prevenir la fuga de datos del registro de accionistas de las empresas, los diputados establecerán sanciones, que van desde el despido sin responsabilidad patronal para los funcionarios públicos, hasta diez años de prisión para quien se beneficie económicamente con la sustracción de la información.
Las sanciones no solo castigan a quien acceda o facilite ilegalmente a la base de datos por parte del Banco Central o el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), sino que también penará al instigador en caso de que no trabaje para el Estado.
Paralelamente, la ley contra el fraude fiscal, en donde se incluye el registro de accionistas con acceso al beneficiario final de las empresas, establece la creación de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda, la cual tendrá como única misión la de “investigar, de oficio o por medio de denuncias, los casos de corrupción y conductas y actuaciones irregulares en cuanto a esta base de datos”.
De esta forma, los legisladores del PAC, el Frente Amplio y el PLN pretenden evitar el robo de información de ese registro, en donde estará el nombre de las empresas y de los dueños que las conforman.
El Gobierno quiere la base de datos para luchar contra la evasión fiscal, que se calcula en un 8% del PIB para 2013, asimismo, se pretende darle nuevas herramientas al ICD para su lucha contra el lavado de dinero.
En principio, esa información estará en manos del Banco Central, pero el ICD y Hacienda podrían pedir informes.
Los tres partidos mencionados están dispuestos a darle vía rápida, para aprobar la ley contra el fraude fiscal y el registro de accionistas, con lo cual este proyecto tendría una fecha de votación definida.
“Queremos darle a Costa Rica una poderosa herramienta de transparencia y control fiscal, acorde con los más altos estándares y mejores prácticas internacionales”, dijo Paulina Ramírez, diputada del PLN.