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Eje1, medida 3: Renegociar la deuda de los actores institucionales públicos pagando parte de ella con acciones de empresas rentables del propio sector público.
Tenemos en este momento una quiebra inminente en el lado del sector público llamado gobierno central. Es claro que mucho de lo que se ha logrado hacer con las empresas públicas ha sido producto de la inversión del Estado en el pasado. El Estado apostó por el ICE, RECOPE, FANAL, INS, CORTEL, etc. Todas estas empresas se encuentran en un ámbito de acción dónde pueden generar sus propios recursos, algunas de ellas obteniendo ganancias muy razonables y crecientes. Su gobernanza ha estado mas orientada a satisfacer necesidades, mismas que cada vez se dan en un entorno de apertura o de competencia, casos de correos, seguros, telecomunicaciones y energía. Es por eso por lo que procede un gran ajuste regulatorio para convertir dichas empresas de su actual estructura a una definición pública de capital accionario que puedan financiarse y ser parte de un esquema de gestión distinto, dónde se modernice su actuar y puedan, mediante el financiamiento de mercado seguir compitiendo y aportando a la sociedad. Sin embargo, para lograr ambos objetivos, la modernización de la gobernanza y la mejora de la situación del Estado en su condición fiscal se requiere de proceder con la siguiente medida.
El traslado de hasta un 49 % de las acciones de las empresas públicas centralizadas para amortizar el capital de la deuda a CCSS, operadoras de pensiones y entidades públicas no bancarias que requieran ya sea invertir o reconvertir sus títulos de deuda por acciones. Esto implica la creación de empresas de capital público preferente de hasta un 49% del valor de RECOPE, ICE KOLBI, ICE energía, FANAL, INS, etc. Esta propuesta cambia la gobernanza de las empresas públicas, resolviendo el funcionamiento de las juntas directivas por medio de participación accionaria, de tal manera que se profesionaliza la dirección ejecutiva estratégica de la industria.
Es claro que esta medida requiere un cambio profundo en la legislación de las entidades públicas, muchas de las cuales se requieren reformar de todas maneras para enfrentar desafíos del entorno tecnológico o del marco de competencia en el que se encuentran. Empero, las medidas como la anterior no solamente ayudan a mejorar el flujo de efectivo y reducir el tamaño de la deuda y su costo, sino que además establecen una hoja de ruta para la reforma del Estado, algo fundamental después del COVID-19.
Con esta medida termino el primer bloque relacionado con la renegociación de la deuda interna. He realizado algunas métricas de estas tres primeras medidas y mi resultado, con números relativos es que, si se tomara las tres medidas al mismo tiempo, la proporción de deuda a PIB pasaría de 70 por ciento a un 40%, al mismo tiempo que el servicio de la deuda bajaría de 5.5 puntos porcentuales del PIB a aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB. Esta reducación sustancial del componente financiero de la deuda interna y su impacto en el déficit fiscal podrían reducir también las valoraciones negativas de la deuda costarricense y aproximarnos a una tasa de deuda externa más adecuada, eso sí, se requiere de medidas del lado del gasto, de los impuestos y de reactivación económica, aspectos que estaré tocando en adelante.
