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Eje1, medida 2: Utilizar 1000 millones de dólares de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para apoyar la gestión financiera de la deuda pública del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con los objetivos establecidos por el Fondo Monetario Internacional FMI en materia del uso de las Reservas Monetarias Internacionales y considerando que dichas reservas representan el patrimonio en moneda extranjera con que cuenta el país. Dichos recursos son, el patrimonio del Estado y de la sociedad costarricense y están bajo la tutela del Banco Central como depositario de estas. Si bien, existen múltiples objetivos y usos alternativos asociados con las RMI, se establece en las recomendaciones fundamentales citadas por el propio FMI, que es posible, “Ayudar en casos de catástrofe o emergencia nacional, al ser consideradas como depósitos de la riqueza nacional”, se trata de una medida extraordinaria en el marco de la pandemia, la que claramente ha impuesto restricciones fiscales, tanto en gastos como ingresos, al gobierno central del país.
Es claro que el país ha tenido una caída sustancial en la producción, el empleo y los ingresos tributarios y temporalmente, se ha requerido de nuevo gasto para atenuar los efectos en salud y los impactos sociales producto de la pandemia. Es normal que cuando exista una situación de tal magnitud, se requiera renegociar la deuda, dado que todos, incluyendo el Estado, nos hemos vuelto más pobres ante dicha situación. Es también importante, asumir que el Estado ha tenido que endeudarse de manera extraordinaria para atender las condiciones de emergencia en múltiples ámbitos y que este efecto, ha provocado un desequilibrio mayúsculo de la hacienda pública que amenaza con desestabilizar el país.
En este particular, los actores institucionales han podido comprar al Estado bonos en condiciones extraordinariamente altas y con plazos muy cortos, dado lo estrecho y los pocos márgenes que tiene el mercado financiero costarricense para atender momentos tan especiales como el que estamos viviendo. Es por lo anterior, que se vuelve urgente la intervención de instrumentos heterodoxos y disruptivos en materia de política monetaria, generando mecanismos de salvamento equivalentes al gobierno, a los instrumentos que ya se han aprobado por la Junta Directiva del Banco Central para apoyar a los banqueros comerciales y sus carteras morosas producto del COVID-19.
La propuesta consistiría en solicitar autorización a la Asamblea Legislativa para utilizar, por única vez y en el marco de la condición de emergencia de la COVID-19, al Banco Central para que pueda autorizar un máximo de 1000 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, como una línea de crédito extraordinario a 80 puntos base de la tasa de política monetaria, al gobierno central. Esta medida sería equivalente a la actual medida realizada a través de los bancos comerciales, por lo que se propone un plazo de hasta 4 años de plazo mínimo. Dicha medida implicaría que el Ministerio de Hacienda procedería a recomprar la deuda de los actores institucionales o inversionistas que tengan condiciones de tasa o plazo altas y se comprometería a no utilizar dicha línea para endeudamiento adicional. De acuerdo con la última subasta del Ministerio de Hacienda, el financiamiento de 1000 millones de dólares tendría un efecto de alrededor de un punto porcentual del PIB en el flujo de caja del Estado, considerando el plazo y los volúmenes de deuda involucrados.
Entiendo perfectamente que el efecto inmediato de esta medida es una reducción de la carga de la deuda interna en su pago o flujo de caja en materia de intereses. Esto permitiría afianzar la situación del gobierno para atender el pago oportuno de la deuda acumulada en el ciclo de 4 años y fortalecer su posición fiscal para enfrentar la etapa de recuperación económica que tendremos en frente. Esta medida podría reducir el componente de gasto financiero del Estado y favorecería una corrección a la baja en el mercado en las negociaciones de los bonos de deuda, algo esencial para encontrar mejores tasas y plazos a futuro.
Comprendo de primera instancia que esta medida afectaría a los inversionistas institucionales y actores privados que han financiado al Ministerio de Hacienda, más, sin embargo, sería un mal mucho menor para tener que enfrentar un no pago de la deuda o las consecuencias de una mayor inflación y sus efectos sobre los valores del principal de la deuda a los tenedores de bonos actuales.
Se ha dicho de manera errónea por parte del señor presidente del Banco Central, que dicha medida es peligrosa para la estabilidad del país y, sobre todo, para su equilibrio macroeconómico. Esta manifestación deja claro que su percepción de crisis es muy estrecha, no vivimos en una isla llamada Banco Central, es claro que, si quiebra el Estado, el Banco Central estará en las peores condiciones para atender la estabilidad de precios, tan apreciada por su discurso monetarista. Empero, de no hacer algo sustantivo para apalancar mejor al Estado, tendremos un desastre financiero en el país y peor aún, será el Banco Central responsable de una de las peores crisis sociales de la historia nacional.
Hemos de ser claros en decir que las medidas tomadas por el Banco Central a la fecha han sido insuficientes y en gran parte, tardías e inefectivas para afectar el ciclo económico y favorecer la recuperación de la producción y el empleo. Entendemos que la medida propuesta se sale de la caja del círculo monetarista del Banco Central. Al igual que otras medidas que publicaré en este mes, los temas requieren de un acuerdo político al más alto nivel, dado que se requerirá implementar un conjunto de medidas y no sólo una, el balance de la propuesta es que todos tengamos un aporte como actores del país, tanto el sector financiero, los trabajadores, los empresarios y en general, la sociedad. Sin patadas, pero si todos, tendremos que ser parte de la solución.
