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Jueves, 17 de octubre de 2019



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Sala IV definirá si incentivos se mantienen sin cambios para trabajadores judiciales

Rebelión por pluses en Poder Judicial es inaceptable, según empresarios

Anualidades y tope de cesantía son algunos de los beneficios en disputa

Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 09 octubre, 2019

El recorte de incentivos para el sector público se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; sin embargo, los trabajadores de la Corte desean excluirse. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, se opone.  Elaboración propia/La República
El recorte de incentivos para el sector público se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; sin embargo, los trabajadores de la Corte desean excluirse. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, se opone. Elaboración propia/La República


La decisión del Poder Judicial de autoexcluirse del recorte de pluses salariales es inaceptable para el sector productivo, quien acudió a la Sala IV para oponerse.

Se trata de incentivos como un tope de cesantía de doce años en vez de ocho, además de calcular varios pluses como las anualidades y la dedicación exclusiva como un porcentaje y no como un monto nominal, como se hará con el resto de trabajadores del sector público.

Lea más: Rebelión contra plan fiscal se extiende por cambios en empleo público

Este lunes, la Cámara de Industrias presentó una coadyuvancia al reclamo inicial presentado por el diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana.

“Como hemos dicho reiteradas veces, el plan fiscal debe aplicarse a todas las instituciones del Estado, y el Poder Judicial debería ser ejemplo en el respeto de las leyes, ante todas las instituciones públicas. El Poder Judicial no se puede salir del canasto y ser otra República independiente más que no quiere cumplir la ley como debe de ser, como en su momento lo han querido la Caja, las universidades y las municipalidades”, explicó Enrique Egloff, presidente de los industriales.

Lea más: Su guía a la rebelión contra el plan fiscal

Sin embargo, no solo los industriales se oponen, ya que para meter un poco de presión en este tema, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ordenó un recorte de ¢2.543 millones adicionales en el plan de gastos del Poder Judicial.

Para el Gobierno, es fundamental ganarle la batalla a la Corte, ya que de lo contrario, se abriría un portillo para que el resto del sector público trate desligarse del plan fiscal, lo que implicaría que los nuevos impuestos servirían a mediano plazo para cancelar los incentivos que reciben los burócratas, dijo Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional.

En ese sentido, la rebelión contra el plan fiscal y sus alcances en cuanto a las remuneraciones ya se hizo extensiva a las universidades públicas y municipalidades.

¿Qué protegen?

La Corte Plena aprobó en marzo una resolución que excluye a los trabajadores del Poder Judicial del recorte de pluses del plan fiscal; estos son los más importantes:

  • Anualidad calculada como porcentaje entre 1,9 % y 2,5 %, y no un monto nominal
  • Dedicación exclusiva de 65% para licenciados y 20% para bachilleres
  • Otros incentivos vigentes se pagarán como porcentajes y no montos nominales
  • Cesantía de doce años y no ocho
  • Salarios por encima de ¢5 millones no se congelarían



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