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Caja, Poder Judicial, universidades y municipios rechazan recorte de pluses y regla fiscal

Su guía a la rebelión contra el plan fiscal

Reclamos durarían años en resolverse en estrados judiciales

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 21 agosto, 2019


La aplicación de una regla fiscal y la disminución de pluses, hizo que varias instituciones se rebelaran contra el plan fiscal. Elaboración propia/La República.
La aplicación de una regla fiscal y la disminución de pluses, hizo que varias instituciones se rebelaran contra el plan fiscal. Elaboración propia/La República.


Varios años durarían los estrados judiciales, en el peor de los casos, para resolver la rebeldía contra el plan fiscal que se extiende entre varias instituciones públicas.

El recorte de pluses y la regla fiscal es rechazado por la Caja, el Poder Judicial, las universidades públicas y los municipios, quienes presentaron acciones legales ante tribunales o la Sala IV.

La reforma sí cubre a los trabajadores del Gobierno central como los ministerios, quienes, desde finales del año pasado, tuvieron que ceder varios privilegios, sobre todo un nuevo cálculo por monto nominal – y no porcentual – de las anualidades, así como la rebaja del tope de cesantía de doce a ocho años.

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La defensa de la autonomía y los derechos adquiridos hicieron a varios entes públicos rebelarse contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuyo objetivo es mitigar el déficit fiscal.

El caso más reciente fue el de los trabajadores de la Caja, que lograron detener varias medidas relacionadas con sus pluses, hasta que un tribunal determine si la institución es autónoma, tras una huelga que duró una semana.

En este caso, existe la posibilidad de que la Contraloría rechace el acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores de la institución; aunque también podrían pasar unos tres años hasta que se resuelva.

Por otra parte, la Universidad de Costa Rica acudió a la Sala IV con las otras universidades públicas, alegando que la regla fiscal afectaría la inversión, al limitar el crecimiento del gasto público a un 4,7 % para el 2020.

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Hay, también, acciones pendientes de parte de los municipios, que insisten en la autonomía por la regla fiscal, dijo Karen Porras, directora de la Unión de Gobiernos Locales.

En cuanto al Poder Judicial, el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, acudió esta semana a la Sala IV – que pertenece a la Corte- para traerse abajo la decisión de marzo pasado de la Corte Plena, de eximir a los trabajadores de la institución de la reforma fiscal. Su presidente Fernando Cruz, insiste en la autonomía de la Corte.

Para los magistrados el recorte de pluses solo aplica para los trabajadores nuevos.

En cuanto a Recope, ICE y otras dependencias autónomas, no hay reportes de rebelión contra el plan fiscal, pero no se pueden descartar, según Albino Vargas, secretario de ANEP.


Divididos


Sindicalistas, altos jerarcas de la Corte, municipalidades y universitarios se oponen al recorte de pluses salariales y a la aplicación de la regla fiscal, mientras que diputados de oposición y empresarios demandan al Gobierno de Carlos Alvarado que haga cumplir la ley.

Gonzalo Delgado

Presidente
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado


Al país, como un todo, y al sector productivo nos cuesta cada día no caer en el precipicio fiscal y evitar mayor desempleo e informalidad al pagar mayores cargas tributarias; sin embargo, pareciera que la ley no se aplica para todos por igual.
Es urgente la aprobación del proyecto en el Congreso para regular las huelgas, las modificaciones a la ley de empleo público y el proyecto de contratación pública para mejorar la competitividad y bajar costos.

Silvia Hernández

Jefa de fracción
Liberación Nacional


La discusión importante es estructural, es acerca del Estado que tenemos, el Estado que queremos y el Estado que estamos dispuestos a pagar.
Los conflictos sociales se resuelven con base en la Ley, mediante procesos de negociación y diálogo social; si un grupo, con el beneplácito del Ejecutivo, está por encima de la Ley, se rompe el orden democrático.

María Inés Solís

Jefa de fracción
Unidad Social Cristiana


El Presidente Alvarado se sigue contradiciendo, nos pidió ayuda para enfrentar el déficit fiscal, le aprobamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el 3 de diciembre pasado, y ahora el Gobierno obvia esos esfuerzos, y más bien permite el debilitamiento de la economía avalando los pluses salariales para los empleados de la Caja, gracias a su pacto con los sindicales del sector salud.

Maurizio Musmanni

Presidente
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria


Lo actuado por jerarcas de Gobierno no solamente es contrario a lo establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que representa una bofetada a todos los ciudadanos y empresas, que por dicha ley están pagando mucho más impuestos por concepto de IVA y renta, confiando en que también había un compromiso país, especialmente del Gobierno de la República, por eliminar privilegios y abusos salariales defendidos por los sindicatos.

No

Rodrigo Campos

Director Jurídico
Poder Judicial


En ningún momento el Poder Judicial se ha separado de las reglas de contención del gasto público; por el contrario, en todos su presupuestos está previendo el cumplimiento de esta norma.
En sus relaciones de empleo con los servidores públicos, el Poder Judicial garantiza que se han adecuado plenamente a las regulaciones existentes en esta materia, ya que la ley establece que los derechos adquiridos deben ser tutelados.
Por otra parte, la Sala IV ha determinado que el Poder Judicial tiene una serie de regulaciones propias concretas, que no han sido derogadas por el plan fiscal.

Henning Jensen

Rector
Universidad de Costa Rica


Entre los principales argumentos, se manifiesta que el artículo 26 pretende aplicar a las universidades estatales la regla fiscal, mientras que el artículo 17 dispone reintegrar al presupuesto nacional cualquier superávit del presupuesto universitario, con lo que se estaría desviando el destino constitucional que posee la transferencia de los fondos para la educación superior, para ser utilizado en un fin distinto.
La autonomía de las universidades estatales es parte del modelo de Estado y por ello, los rectores acuden a la Sala IV.

Albino Vargas

Secretario
Asociación Nacional Empleados Públicos


La ley fiscal vino a representar una especie de derogatoria de la Constitución de 1949, al variar condiciones de las instituciones.
Se tramitó en medio de una gran irresponsabilidad y ya se está cayendo en pedazos.
Yo le pronostico que viene un gran movimiento de las municipalidades y viene algo que va a conmocionar al país cuando se dé el movimiento de los cuerpos policiales, quienes son los funcionarios públicos peor pagados del país.


La rebelión


Varias instituciones se han rebelado en contra del plan fiscal, sobre todo en lo relacionado con la regla fiscal -que establece un límite al crecimiento del gasto anual- y la revisión de los pluses salariales que reciben sus trabajadores.

Institución ¿Qué defienden? Reclamo Justificación
Caja • No limitar cesantía a ocho años
• Cobrar anualidad de hasta 5 % y no como monto fijo
• Recibir 22 % por carrera hospitalaria
• Desaplicar regla fiscal
Tribunales de Justicia determinarán legalidad de reclamos Ley de la Caja establece autonomía
Poder Judicial • Pagar anualidad entre 1,9 % y 2,5 % sobre salario base, y no un monto nominal
• Contar con cesantía de 12 años y no ocho
• Cancelar 65 % de dedicación exclusiva para licenciados y 20 % para bachilleres
Corte Plena tomó acuerdo el 18 de marzo que exonera a trabajadores del Poder Judicial • Autonomía
• Ley fiscal no eliminó normas
Universidades • Desaplicar regla fiscal
• Negociar en convención colectiva los incentivos
Sala IV estudia reclamo • Autonomía
• Defensa de inversión en educación
Municipios • Protección de pluses por autonomía municipal
• Desaplicar regla fiscal
• Reclamos han sido planteados ante la Sala IV
• Proyecto de ley pretende exoneración
Autonomía




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