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Domingo, 22 de septiembre de 2019



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Permitir exoneración de la Corte abriría portillo para resto de sector público

¿Qué puede hacer el Gobierno para recortar los pluses en el Poder Judicial?

Diputados podrían cambiar presupuesto en los próximos meses

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 27 agosto, 2019

El recorte de incentivos para el sector público se incluyó en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Elaboración propia/La República
El recorte de incentivos para el sector público se incluyó en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Elaboración propia/La República


Para recortar los pluses salariales que disfrutan los trabajadores del Poder Judicial, el Gobierno tendría un reducido grupo de opciones, esto ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autoexonerarse de los alcances del plan fiscal.

Se trata de incentivos como un tope de cesantía de doce años en vez de ocho, además de calcular los pluses como las anualidades como un porcentaje y no como un monto nominal, como se hará con el resto de trabajadores del sector público.

Pedirles a los diputados que modifiquen las partidas presupuestarias de la Corte para el 2020 en el próximo presupuesto de la República es la opción más inmediata y obvia para meter en cintura al Poder Judicial, aseveró Fabián Volio, abogado constitucionalista y profesor en la Universidad La Salle.

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Al ser los legisladores quienes aprueban el plan de gastos del Gobierno central, ellos podrían hacer modificaciones, tal y como lo hicieron hace un año, cuando se recortaron unos ¢10 mil millones a las universidades públicas, al considerar que el gasto era excesivo y no se justificaba.

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Para meter un poco de presión en este tema, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ya ordenó un recorte de ¢2.543 millones adicionales en el plan de gastos del Poder Judicial para crear tribunales anticorrupción.

Otra posibilidad es que el Gobierno de Carlos Alvarado instruya a la Procuraduría para que plantee una denuncia ante los tribunales, lo que podría durar años en resolverse.

En este escenario, habría que tomar en consideración que la Corte sería demandada y juez en el litigio al mismo tiempo, aseveró Fernando Zamora, abogado constitucionalista.

Otra de las opciones es que los diputados y el Gobierno se pongan de acuerdo a la hora de presentar un proyecto de ley - que se podría tramitar por la vía expedita -, para derogar o reformar todas las normas que hoy usa la Corte para garantizar la defensa de los pluses.

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En este caso, es posible que se requieran, al menos, 38 votos, ya que la Constitución Política establece que para hacer cambios en el funcionamiento de otros poderes de la República se requiere de un voto mayoritario en el plenario.

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Para el Gobierno es fundamental ganarle la batalla al Poder Judicial, pues de lo contrario, se abriría un portillo para que el resto del sector público trate desligarse del plan fiscal, lo que implicaría que los nuevos impuestos servirían, a mediano plazo, para cancelar los incentivos que reciben los burócratas, dijo Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional.

En ese sentido, la rebelión contra el plan fiscal y sus alcances en cuanto a las remuneraciones ya se hizo extensiva a las universidades públicas, municipalidades y la Caja.

Consecuentemente, es posible que la policía organice una huelga contra el recorte de incentivos, dejó entrever el sindicalista Albino Vargas.


Portillo peligroso


Permitir que el Poder Judicial se auto excluya de la ley fiscal abriría un portillo peligroso para los intereses del Gobierno, puesto que otras instituciones podrían alegar también independencia y con ello, proteger sus pluses.

Rocío Aguilar

Ministra
Hacienda


En el caso de remuneraciones, la ley es de aplicación general para todo el sector público, y por ello deben cumplirla.
Ante la decisión del Poder Judicial de no aplicar la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en materia de remuneraciones, hemos excluido de su presupuesto unos ¢2.543 millones que se habían calculado para la creación de tribunales anti corrupción.
Nos mantendremos atentos a lo que pasará, para incorporar o no esos recursos.

Eduardo Cruickshank

Jefe
Restauración Nacional


Nosotros nos opusimos al plan fiscal, pero coincidido con el Gobierno que el espíritu del legislador al aprobar la ley en cuestión era cubrir a todos los empleados públicos, y no hacer excepciones.
Pienso que el Gobierno no debe dejar abierto el portillo de ninguna manera, ya que, de lo contrario, otras instituciones buscarán exonerarse.

Yorleny León

Legisladora
Liberación Nacional


El Poder Judicial no fue transparente a la hora de pedir recursos para el 2020, ya que solicitó un monto adicional para crear tribunales anticorrupción, cuando en realidad estaban pensando en mantener todos los pluses, incluido el cálculo de la anualidad como un porcentaje y no como un monto nominal, como al resto de funcionarios públicos.

Fabián Volio

Profesor – Abogado constitucionalista
Universidad La Salle


En mi opinión, el Ejecutivo no tiene ningún instrumento para ordenarle a la Corte que haga un recorte de sus pluses, ya que se trata de un órgano independiente.
Pareciera que una alternativa es que los diputados ajusten el presupuesto general de la República, de acuerdo con la ley fiscal.
La otra opción es que el Poder Ejecutivo plantee un juicio, o bien, que se haga una reforma legal que cambie todas las leyes que menciona hoy la Corte para mantener los pluses.

Fernando Zamora

Abogado constitucionalista
Bufete Fernando Zamora


Ciertamente, estamos ante la situación que los jueces deben interpretar los alcances definitivos de la normativa aprobada y dependerá de la probidad y el buen juicio desinteresado de quienes resuelven hacer esa interpretación a la forma más derecho posible.
Los jueces determinarán cuál es la esencia del espíritu del legislador. Me parece que recortar el presupuesto del Poder Judicial, con el objetivo de obligarlo a tomar una decisión, sería un irrespeto a la independencia de poderes.


Las opciones


El Gobierno y los diputados tienen varias opciones para tratar de recortar los pluses que disfrutan los trabajadores del Poder Judicial.

Opción Acción Ejecutor
Recorte Ajustar presupuesto del Poder Judicial a los lineamientos del plan fiscal; se podría realizar recortando los pluses de los trabajadores. Los diputados pueden hacer modificaciones en las partidas presupuestarias.
Juicio Pedir a la Procuraduría General que plantee un juicio contra el Poder Judicial para hacer efectiva la ley. El presidente, Carlos Alvarado, podría plantear una demanda.
Reforma a la ley Presentar una reforma a la ley del Poder Judicial y cambiar los artículos que sirven hoy a la Corte para sustentar su posición. El Gobierno y los diputados pueden presentar la ley e impulsar una vía rápida.


¿Qué protegen?


La Corte Plena aprobó en marzo una resolución que excluye a los trabajadores del Poder Judicial del recorte de pluses del plan fiscal; estos son los más importantes:

  • Anualidad calculada como porcentaje entre 1,9 % y 2,5 %, y no un monto nominal.
  • Dedicación exclusiva de 65 % para licenciados y 20 % para bachilleres.
  • Otros incentivos vigentes se pagarán como porcentajes y no montos nominales.
  • Cesantía de doce años y no ocho.
  • Salarios por encima de ¢5 millones no se congelarían.



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