Gobierno trata de meter en cintura pluses del Poder Judicial

Con un recorte al presupuesto del Poder Judicial de unos ¢2.543 millones, el gobierno trata de contener el gasto de esa institución en pluses salariales.

La medida extraordinaria anunciada ayer por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, responde a la negativa de los magistrados de la Corte Plena, de recortar los incentivos salariales que reciben los trabajadores de ese poder de la República, tal y como se señala en el plan fiscal.

El anuncio se da a pocas semanas de que se dé a conocer el plan de gastos del Estado para el 2020, el cual, tiene que ser aprobado por los diputados.

Lea más: Pedro Muñoz pide investigar a magistrados que avalaron exonerar a la Corte del Plan Fiscal

Esta semana se dio conocer que el Poder Judicial no acataría el recorte de los pluses, de acuerdo a lo establecido en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que -un acuerdo de mayoría de marzo anterior – determinó que se trata de derechos adquiridos y que además, cuando los diputados aprobaron la ley, no derogaron las leyes que permiten la autonomía de la Corte.

Lea más: Rebelión contra plan fiscal se extiende por cambios en empleo público

Lo anterior significa que, a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones, dijo el Ministerio de Hacienda.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento. Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses”, dijo Aguilar.

El acuerdo al que llegó la Corte Plena en marzo anterior, no contraviene la ley fiscal, según la Corte y por eso se aplicaría.

“En ningún momento el Poder Judicial se ha separado de las reglas de contención del gasto público, por el contrario, en todos su presupuestos, está previendo el cumplimiento de esta norma”, dijo Rodrigo Campos, Director Jurídico del Poder Judicial.

La Corte Plena, las universidades estatales y la Caja se autodeclararon excluidos de las nuevas condiciones laborales.

Se trata de recortes en pluses salariales como anualidades y dedicación exclusiva, así como el congelamiento de salarios en algunos casos.

Para los trabajadores de la Corte, los cambios solo aplicarán si fueron contratados a partir del 5 de diciembre del año pasado —cuando se publicó la ley fiscal en La Gaceta—, por lo que prácticamente todos continúan con sus pluses, según un acuerdo tomado por los magistrados el lunes.