Asesinato de un periodista trasciende a la víctima al limitar la libertad de expresión, según organizaciones
Violencia es un mecanismo para intimidar a quienes investigan
El asesinato de un periodista trasciende a la víctima y se convierte en un ataque contra toda la ciudadanía a recibir información y, por ello, el homicidio de Camilo Rodríguez no puede quedar impune de ninguna manera, según varias organizaciones de comunicadores.
Y es que la violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público, tal y como lo hizo Camilo, quien dio a conocer en sus redes sociales la supuesta penetración del narcotráfico en el Poder Judicial, los partidos políticos e incluso en el Gobierno.
“La investigación debe establecer, entre otras hipótesis, si existe alguna relación entre el asesinato y la actividad periodística de Rodríguez, sus publicaciones, sus denuncias o posibles amenazas que hubiera recibido. No corresponde anticipar conclusiones sobre el móvil del crimen, pero tampoco ignorar el contexto en el que ocurre. Rodríguez había realizado publicaciones y denuncias relacionadas con temas de interés, entre ellos el narcotráfico y figuras públicas. La orden para silenciarlo, provenga de donde provenga, es muy grave y el Estado debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).
Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde de este lunes mientras conducía su conocido vehículo pick-up rojo en el sector de La Bromelia, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió el reporte a las 3:21 p. m. sobre un hombre adulto baleado dentro de un automóvil, con múltiples heridas. A su llegada, los socorristas declararon a Rodríguez sin vida en el lugar.
Videos que se dieron a conocer señalan que dos gatilleros se encargaron de silenciarlo. El periodista había rechazado acogerse al programa de protección, a pesar de las recomendaciones de las autoridades judiciales.
“Camilo había denunciado amenazas contra su vida y realizado señalamientos públicos sobre presuntas actividades delictivas, narcotráfico y crimen organizado. El Sindicato de Periodistas exige al Ministerio Público y al OIJ una investigación exhaustiva, rigurosa y sin concesiones. No basta con determinar quién ejecutó el ataque. El país tiene derecho a conocer cuál fue el móvil, quiénes participaron y si existió planificación, financiamiento, algún tipo de encargo o participación de terceros. También debe esclarecerse si las amenazas denunciadas y la actividad periodística y comunicativa de Camilo guardan relación con su asesinato”, dijo el Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica (SINAPEC).
El gremio de comunicadores señaló que este crimen golpea directamente una de las bases de nuestra democracia: la libertad de expresión.
“No es un derecho exclusivo de periodistas y comunicadores; pertenece a toda la sociedad. Cuando la amenaza o la violencia silencian una denuncia, provocan autocensura o impiden que información de interés público llegue a la ciudadanía, pierde todo el país”, concluyó.
El comunicador señalaba en sus videos que no tenía miedo de morir, porque, según él, la corrupción del Poder Judicial y los jueces corruptos ligados al narco le habían quitado sus hijos.
La muerte de Rodríguez fue duramente cuestionada por organizaciones internacionales de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Las autoridades deben investigar todas las hipótesis y determinar si este crimen estuvo relacionado con las publicaciones de Rodríguez sobre narcotráfico y otros posibles delitos. La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar a quienes investigan y denuncian”, dijo Carlos Jornet, presidente de la SIP.
Mientras tanto, Artur Romeu, director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, señaló que el asesinato de Camilo Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado durante mucho tiempo una referencia para la libertad de prensa en Centroamérica.
Las tasas de homicidio, asaltos, hurtos y robos disminuyeron en el último año en Costa Rica, de acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026; sin embargo, el problema está lejos de resolverse.
El informe destaca que la seguridad recuperó terreno por segundo año consecutivo, ya que la calificación país pasó de 40,4 a 42,4 puntos sobre una escala de 100. Esto, gracias a que la seguridad ciudadana mejoró en 52 cantones del país.
La mala noticia es que todavía se encuentra casi diez puntos porcentuales por debajo de los 52,2 que alcanzaba en 2022.
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