¿Racionalidad y amor?

Nos autodefinimos como animales racionales. Esto es como seres capaces de responder a nuestro entorno previendo -dentro de las limitaciones de nuestro conocimiento- las consecuencias de nuestras acciones, y optando por la alternativa más beneficiosa.

Esa racionalidad nos señala la ventaja de la cooperación entre los miembros de la sociedad para promover nuestros proyectos personales viviendo en paz, sin ser el “hombre lobo del hombre”. Para disfrutar de esa ventaja hemos progresado en la construcción de una sociedad democrática; con un estado de derecho respetuoso de los derechos fundamentales de cada persona; con apertura a la libertad y la competencia que producen bienes y crean conocimiento y progreso; y con limitaciones al ejercicio del poder del estado, las organizaciones intermedias, las familias y los individuos.

En la cultura occidental, las personas somos además conscientes de nuestra dignidad, que a través de los siglos hemos ido aprendiendo -aunque no siempre practicando- que es igual a la dignidad de todas las otras personas, a quienes debemos, en consecuencia, tratar como iguales.

Además, los cristianos por mandato divino, y muchas personas por ley natural, conocemos la obligación de amar al prójimo. Mandato que se ve reforzado por los conocimientos de la ciencia que nos indican que hacer el bien a otros es una de las principales causas de la felicidad personal.

Si somos racionales y debemos amarnos, ¿actuamos en consecuencia?

Me parece que, en nuestros días cuando hemos acumulado más progreso y conocimientos, a menudo no lo hacemos.

No parecen hacerlo las sociedades más ricas, cuando escogen políticas de enfrentamiento; cuando ponen en peligro el orden internacional basado en las reglas y las instituciones que se vienen creando después de la II Guerra Mundial; cuando retroceden en la vigencia del estado de derecho; cuando cierran los ojos ante la grave amenaza del cambio climático.

No parecen hacerlo las sociedades más necesitadas del progreso para vencer la pobreza de importantes segmentos de su población, cuando eligen gobiernos populistas que destrozan sus aparatos productivos; cuando eliminan sus estados de derecho y recurren a la violencia para mantener una estructura de poder oprobiosa; cuando se comen hoy las vacas necesarias para tener mañana leche y carne.

No parecemos hacerlo nosotros cuando posponemos sine die la solución de nuestros más apremiantes problemas y cuando, después de finalmente llegar a establecer algunas soluciones que gradualmente puedan resolverlos, nos empeñamos en debilitarlas y poner en peligro su eficacia.

Frente a la limitación de nuestros recursos, la caída en la inversión pública y la insuficiencia de nuestra infraestructura finalmente recurrimos en los noventas a la concesión de obra pública. Pero poco después se atrasó el inicio de obras concesionadas (la autopista Castro Madriz y el Muelle a Caldera), se cancelaron concesiones (Cárcel de Pococí y Autopista a San Ramón) y no se siguió con la licitación de concesiones con estudios ya realizados (Carreteras a Cartago y Limón)

Después de años de conocer y discutir sobre las deficiencias e injusticias de nuestro sistema de pensiones y sobre su insuficiencia para el futuro, se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, fruto predilecto de la Concertación Nacional. Ahora el gobierno incluye en la convocatoria a extraordinarias un proyecto de ley que pretende permitir el retiro de la totalidad del monto acumulado para la pensión de Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con lo que se destruiría ese pilar de nuestra seguridad social, indispensable para atender las necesidades de los trabajadores en su vejez, pues el monto de la Pensión de IVM será cada día más insuficiente.

Luego de acumularse por diez años un grave deterioro fiscal por un excesivo crecimiento de los gastos públicos corrientes, finalmente -con el liderazgo de la Administración Alvarado y con el concurso de casi todas las fuerzas políticas y sociales del país- se llegó a aprobar el año pasado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para imponer el IVA, aumentar el Impuesto de Renta extendiéndolo y para controlar gradualmente el crecimiento del gasto y así resolver una seria amenaza al bienestar nacional. Ahora se llega a un acuerdo con la CCSS y sus trabajadores que limita esa gradual reducción del gasto en salarios e incentivos y abre la compuerta a huelgas y manifestaciones de otros sectores para lograr similares privilegios. Educadores, empleados judiciales, las policías y hasta de la Junta de Protección Social ya han manifestado similares ambiciones. Y, ¿por qué no los demás?

¿Son esas actuaciones demostraciones de racionalidad colectiva?

No atender los problemas fiscales, ni las necesidades de infraestructura que limitan la eficiencia económica, ni prever las necesidades de los trabajadores jubilados del futuro causa grave perjuicio a los grupos más débiles y vulnerables de nuestra población. Las familias pobres, los desocupados, los empleados informales, los trabajadores viejos son quienes en mayor medida cargarían con las consecuencias nefastas de estos retrocesos.

¿Actuar de esta manera demuestra amor al prójimo?