Gerardo  Corrales

Gerardo Corrales

Enviar
Lunes 30 Abril, 2018

¿QUIÉN TIENE LA CULPA DEL PROBLEMA FISCAL?

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No se puede caer en los errores elementales que tratan de endosar el problema a las grandes compañías privadas que evaden y eluden impuestos, con una estimación supuesta del 8% del PIB que nadie valida con cifras contundentes, pues lo anterior es una generalización infundada. Yo trabajé en una de ellas y puedo dar fe de pagos de impuestos de renta, intereses, Conape, patentes municipales y otros que significan más del 40% de las utilidades. Eso no quiere decir que no haya algunos empresarios que se pasan de vivos y que efectivamente evaden burdamente y por eso soy de la creencia de que se debe hacer una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal y por ello participé en la redacción de la nueva Ley de Fraude Fiscal que se está implementando por parte del Ministerio de Hacienda. Al otro extremo, tampoco hay que creer que el problema fiscal lo ocasionan los empleados o empresas públicas, generalizando que todos son corruptos y abusan de pluses o beneficios excesivos. Sin embargo, los sindicatos y otros gremios que se tiran a las calles, deben entender que se han venido gestando una extensa variedad de goyerías como dedicación exclusiva (¿en qué empresa privada se ha visto que por dedicarme solo a mi trabajo me suban el salario un 60%?), prohibiciones, anualidades, bonos por antigüedad o incluso rayar en lo ridículo de bonos por puntualidad. Todo esto causa que los que más salario promedio mensual ganan sean el Gobierno Central, los Bancos del Estado, el ICE, el INS representando cerca de 200 mil personas que ganan un promedio cercano al millón de colones según datos de la CCSS, mientras que en la empresa privada el promedio mensual son 500 mil colones. Esto es resultado de todos esos beneficios logrados por convenciones colectivas y otros acuerdos para un grupo reducido de la población que al final terminamos todos pagando. En economía nos enseñan que hay un principio que relaciona el salario con la productividad y de lo que sí estoy seguro es que no es posible justificar que la productividad en esos servidores públicos sea el doble de la empresa privada. La situación fiscal es realmente acongojante. No hay plata para seguir pagando salarios, pensiones, compras y la única alternativa inmediata es que Hacienda, como la ha venido haciendo, siga endeudándose a tasas cada vez más altas y plazos más cortos, que significa posponer la toma de decisiones y heredarles el problema a las nuevas generaciones. La economía no espera y de no tomar medidas serias de inmediato, los ajustes serán violentos con consecuencias graves en despidos masivos tanto en sector privado como público; tasas de interés más altas en colones y dólares; menor disponibilidad de crédito; mayor inflación acompañada de una fuerte devaluación; mayor costo y deterioro de los servicios públicos, etc., por lo que respetuosamente creo que los ciudadanos pensantes y responsables, deben hacer un llamado fuerte, de una vez por todas, a los sindicatos, empresarios y políticos, para llegar a un gran acuerdo nacional de emergencia, donde TODOS deben ceder y tomarse la medicina amarga cediendo posiciones, para eliminar el déficit primario, excluyendo gastos de capital, y evitar la crisis que se avecina si seguimos con este nadadito de perro irresponsable. Mientras tanto estas discusiones estériles y bizantinas, sobre si el ajuste debe ser solo por la vía de la evasión o por la de la eliminación de los pluses salariales, no tienen ningún sentido, pues a lo que llevan es a una polarización del sector privado y del sector público que nos llevará a más odio y eventualmente, Dios no quiera, a una confrontación social indeseada.

Los nuevos diputados tienen una gran responsabilidad social al recibir el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero esta es aún mayor en Carlos Alvarado y su gabinete, en el tanto que es urgente que presenten las mociones de control del gasto público para negociar un ajuste total en un periodo de 5 años cercano al 3% del PIB en el déficit primario excluyendo gastos de capital (diferencia entre ingresos y gastos corrientes del Gobierno Central). Si así lo hicieren, Dios los ayude; si no El y la Patria se los demande.