Parece que algunos fomentan un gasto público ideologizado y con menos control, preparando futuros sectores de influencia y buchaca

¿Qué pasa con el INA?

El INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) tiene una función concreta y directa, bien preceptuada en el artículo segundo de su ley constitutiva (Ley Nº 6868 de 6 de mayo de 1983, aunque la original fue la Ley Nº 3506 de 21 de mayo de 1965 —de hace 51 años—): “promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.”
Para ello, además de recursos y bienes varios, cuenta con el 1,5% de la totalidad de las planillas “de salarios pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores” (artículo 15.a) y del “… monto total de sus planillas de salarios que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas del Estado" (15.b). Algunos patronos no tienen que pagar y otros pagan menor cantidad. En fin, el INA se nutre de un importante impuesto sobre la planilla, por ello su salud es de interés general.
Sin embargo, tan especial entidad parece estar amarrada a algunos caprichos y circunstancias muy discutibles. En un pasado cercano el problema era el complejo de alguna dirección que quería convertir al INA en universidad, lo cual evidenciaba un apartamiento inaceptable de su competencia.
Recientemente parecen estar imperando pasiones e intenciones todavía más complicadas, pues en el ajedrez de nombramientos el Ejecutivo terminó enviando al servicio exterior a un candidato a gerente, con el fin de disuadirlo de tal opción; luego se nombró irregularmente a un chofer de un ministerio, quien había sido cesado por irregularidades en su función (nombramiento que luego tuvo que ser revocado por imperfección de asuntos) y ahora se presenta una seria discrepancia en la Junta Directiva por el nombramiento de un nuevo gerente quien, según una parte de la Junta, no tiene los requisitos del caso.
Por otro lado, el propio Poder Ejecutivo sufre las consecuencias políticas por estar impulsando el proyecto “Fomproduce” (una agencia de fomento productivo) que quitaría el 15% de sus ingresos al INA. Si a tal pretensión se le suma el Proyecto de Ley Marco de Economía Solidaria (que pondría el INA a bailar al son de dicha concepción económica, contrario a lo que preceptúa su ley constitutiva), es un hecho que los dineros del INA y la autonomía de dicha entidad están en riesgo de total desviación.
¡Claro que el asunto requiere la atención de todos! Parece que algunos fomentan un gasto público ideologizado y con menos control, preparando futuros sectores de influencia y buchaca.
De paso, parece que hay otras cosas que atender en la institución, pues las historias alrededor de estas situaciones paran el pelo.
¡Qué curioso, que por un lado el presidente Solís reclama paquete tributario para fondos de capacitación y por otro lado, en cambio, el INA y sus dineros están en riesgo de desnaturalizarse.
 

Federico Malavassi

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