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Domingo, 18 de abril de 2021



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PUSC advierte de contradicciones, falta de claridad e ilegalidades en ley de empleo público

Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 17 marzo, 2021 10:00 am

Rodolfo Peña, diputado de la Unidad
Rodolfo Peña, diputado de la Unidad. Archivo/La República


El proyecto de empleo público está lleno de contradicciones, falta de claridad e ilegalidades, según Rodolfo Peña, jefe de fracción de la Unidad.

Para corregir los errores, los rojiazules presentaron una moción para devolver el proyecto a comisión por un plazo de ocho días, pero la solicitud fue rechazada.

“Desde la Fracción Unidad buscamos corregir integralmente el Proyecto de Empleo Público para que cumpla con lo que requiere el país. En estos momentos el proyecto contiene errores estructurales, de fondo y forma importantes tales como, la falta de claridad en cuanto a las competencias de la rectoría del empleo público, las exclusiones injustificadas de instituciones públicas en beneficio de privilegios abusivos en el empleo público y además contradicciones jurídicas producto de las reformas y derogatorias que se han hecho en el trámite legislativo de este expediente”, indica un comunicado de la fracción.

Lea más: Universidades sí estarán sujetas a ley de empleo público, aclara Liberación

A partir de la otra semana los diputados sesionarán todo el día para discutir la ley de empleo público.

La idea es suspender las comisiones y arrancar a las 9:00 a.m. con el debate y terminar todos los días pasadas las 6:00 p.m.

La iniciativa, que establece un mismo salario por puesto laboral en el gobierno, pretende racionalizar el gasto y ordenar los sistemas de remuneraciones.

Lea más: Exclusiones en ley de empleo público son rechazadas por la Unidad y Restauración

Se trata de la iniciativa más importante de ajuste estructural que presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Un proyecto tan importante para Costa Rica debe construirse de la mejor manera, para que no sea devuelto por la Sala Constitucional, además debe brindar seguridad jurídica, no excluir a ninguna institución pública y tener el efecto que amerita una reforma histórica”, dijo Peña.


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