Protección penal y delito informático
| Viernes 15 junio, 2012
Protección penal y delito informático
La sofisticación de los métodos cibernéticos que aplican los antisociales para perjudicar, tanto la integridad física y moral así como el patrimonio de los ciudadanos y de las organizaciones, es cada vez más frecuente.
Internet y redes sociales se han convertido en los instrumentos más utilizados para cometer delitos informáticos.
Ante el crecimiento acelerado de estas conductas delictivas y la desprotección de ciudadanos y empresas ante estas amenazas, es que surgió la necesidad de cerrar los vacíos legales y tipificar estas acciones antijurídicas con un proyecto de ley que se discute en la Asamblea legislativa. Este pretende actualizar varios artículos del Código Penal y adicionar un capítulo específico contra los “delitos informáticos”, con el fin de penalizar esas acciones y tutelar la información digital de personas y organizaciones.
Estas reformas al Código Penal tienen como objetivo defender y proteger a los ciudadanos costarricenses de una nueva especie de vandalismo, timador o ladrón: los llamados “ciberdelincuentes”, “cibercriminales” o muchas veces nombrados “hackers”.
Esta reforma refuerza el tema de la seguridad ciudadana, pues hace más fuerte las sanciones por alteración de datos y sabotaje informático; además, considera la penalización de más amenazas para el país al abordar conductas tales como el abuso de medios informáticos, la suplantación de identidad, la estafa y el espionaje informático, así como el virus informático, la clonación de páginas electrónicas, la suplantación de sitios web para capturar datos personales y el daño a la información digital.
Esta reforma hace que sea necesario a partir de su aprobación, que las organizaciones y el Estado se dirijan a cambiar las técnicas de investigación, recolección de evidencias y vigilancia de las actividades delictivas a través de las tecnologías de la información, con el fin de evitar estos tipos de delitos.
Se hace necesario entonces la especialización de personal en métodos de informática forense con el objetivo de apoyar a las autoridades judiciales en reconstruir las escenas de crimen informático y buscar pistas o indicios que ayuden a capturar al delincuente informático.
Además, le expone a las empresas la importancia de contar con profesionales en seguridad de la información para que identifiquen las amenazas informáticas a las que están expuestas y les ayude a detectar a tiempo si son víctimas de un ciberdelito.
Este tipo de reformas demuestran que el país es consiente de que puede ser, o ha sido, víctima del delito informático, de que existe la exposición a nuevas amenazas que afectan la seguridad ciudadana y del Estado, y que con este tipo de instrumentos legales el país tomará una posición de defensa y alerta; mientras las personas y empresas fortalecen sus muros de defensa para evitar ser las próximas víctimas del delito informático.
Evite ser víctima del delito informático, el desconocimiento, la negligencia y la imprudencia son errores que cuestan caro.
Alonso Ramírez
Gerente Gestión Riesgo Empresarial
Deloitte
La sofisticación de los métodos cibernéticos que aplican los antisociales para perjudicar, tanto la integridad física y moral así como el patrimonio de los ciudadanos y de las organizaciones, es cada vez más frecuente.
Internet y redes sociales se han convertido en los instrumentos más utilizados para cometer delitos informáticos.
Ante el crecimiento acelerado de estas conductas delictivas y la desprotección de ciudadanos y empresas ante estas amenazas, es que surgió la necesidad de cerrar los vacíos legales y tipificar estas acciones antijurídicas con un proyecto de ley que se discute en la Asamblea legislativa. Este pretende actualizar varios artículos del Código Penal y adicionar un capítulo específico contra los “delitos informáticos”, con el fin de penalizar esas acciones y tutelar la información digital de personas y organizaciones.
Estas reformas al Código Penal tienen como objetivo defender y proteger a los ciudadanos costarricenses de una nueva especie de vandalismo, timador o ladrón: los llamados “ciberdelincuentes”, “cibercriminales” o muchas veces nombrados “hackers”.
Esta reforma refuerza el tema de la seguridad ciudadana, pues hace más fuerte las sanciones por alteración de datos y sabotaje informático; además, considera la penalización de más amenazas para el país al abordar conductas tales como el abuso de medios informáticos, la suplantación de identidad, la estafa y el espionaje informático, así como el virus informático, la clonación de páginas electrónicas, la suplantación de sitios web para capturar datos personales y el daño a la información digital.
Esta reforma hace que sea necesario a partir de su aprobación, que las organizaciones y el Estado se dirijan a cambiar las técnicas de investigación, recolección de evidencias y vigilancia de las actividades delictivas a través de las tecnologías de la información, con el fin de evitar estos tipos de delitos.
Se hace necesario entonces la especialización de personal en métodos de informática forense con el objetivo de apoyar a las autoridades judiciales en reconstruir las escenas de crimen informático y buscar pistas o indicios que ayuden a capturar al delincuente informático.
Además, le expone a las empresas la importancia de contar con profesionales en seguridad de la información para que identifiquen las amenazas informáticas a las que están expuestas y les ayude a detectar a tiempo si son víctimas de un ciberdelito.
Este tipo de reformas demuestran que el país es consiente de que puede ser, o ha sido, víctima del delito informático, de que existe la exposición a nuevas amenazas que afectan la seguridad ciudadana y del Estado, y que con este tipo de instrumentos legales el país tomará una posición de defensa y alerta; mientras las personas y empresas fortalecen sus muros de defensa para evitar ser las próximas víctimas del delito informático.
Evite ser víctima del delito informático, el desconocimiento, la negligencia y la imprudencia son errores que cuestan caro.
Alonso Ramírez
Gerente Gestión Riesgo Empresarial
Deloitte