Procuraduría analiza causas contra un viceministro y tres diputados por préstamos del BCR
El Banco de Costa Rica es cuestionado por los préstamos otorgados a varias empresas. Esteban Monge/La República
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La Procuraduría General de la República se encuentra apersonada en diferentes causas penales relacionadas con los hechos investigados por la comisión especial de la Asamblea Legislativa, referente a los créditos del Banco de Costa Rica (BCR).

Tienen abiertos expedientes los diputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Wálter Céspedes, por presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños.

Otra causa es en contra Benito Coghi, director general de Aduanas, por autorizar un desalmacenaje temporal del cemento importado de China y que se presume ilegal.

Por otra parte, tiene denuncias administrativas hacia Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, Paola Mora, expresidenta de la junta directiva del BCR, así como los diputados Guevara, Morales y Johnny Leiva.

La Procuraduría tiene la función de entablar querella en representación del Estado o para ejercer la acción civil en relación con los daños que los ilícitos penales pueden haber causado a los intereses, patrimonio o bienes públicos.

Préstamo a Coopelesca

Por otro caso se encuentran se encuentra denunciados Alberto Raven, Maria Eugenia Arrea, Mario Rivera y Guillermo Quesada, antiguos miembros de la junta del BCR.

También se les investiga como miembros de la junta directiva de Infocoop del periodo 2014, de Coopelesca en ese mismo años y de Holcim Costa Rica.

El BCR otorgó un crédito por $32,7 millones a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) en setiembre del 2014, para  la compra de la planta Hidroeléctrica Aguas Zarcas a Holcim, que según un avalúo contratado por la propia cementera, costaba $13 millones menos que el precio de venta final, que fue de $35,3 millones, según la denuncia.

El préstamo otorgado por el BCR  a Coopelesca se otorga de manera irregular mediante un proceso  mucho más ágil del acostumbrado, gracias a la intervención del denunciado  Alberto Raven, quien para mayo de  2014  era  el presidente de la Junta Directiva del BCR, y a su vez ostentaba el cargo de fiscal de la junta directiva de Holcim.

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