Presidente de la Sala IV Fernando Castillo se inhibe de conocer consulta sobre referéndum jaguar que propuso la Contraloría
Hija del funcionario fue parte del equipo legal de la Contraloría que analizó y presentó reclamo ante el máximo tribunal
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 09 julio, 2024 04:02 p. m.
Debido a que podría existir un posible conflicto de intereses, Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, se inhibió de conocer la consulta de constitucionalidad en torno al referéndum jaguar que interpuso Marta Acosta, Contralora General de la República.
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Y es que la hija de Castillo, quien es funcionaria de la Contraloría General, participó en la elaboración de esa consulta de constitucionalidad, lo que lo motivó a plantear una gestión de inhibitoria. La Sala IV no informó del nombre de la funcionaria.
Por otra parte, el máximo tribunal confirmó que Castillo sí conocerá las acciones presentadas sobre este tema por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los diputados opositores.
Alegando que el sistema de pesos y contrapesos de fiscalización del Estado está en riesgo, Acosta acudió a la Sala IV para oponerse al “referéndum jaguar” que presentó el presidente Rodrigo Chaves.
Para Acosta, la administración Chaves Robles reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión. Asimismo, hizo hincapié en que se violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente.
“Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses”, dijo Acosta.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centra en un puñado de temas.
Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General. El plan no incluye la venta del BCR, ni las jornadas 4x3, ni tampoco una revocatoria de mandato o reelección presidencial.
En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral. La fecha máxima para convocar la consulta será el miércoles 30 de abril de 2025. Después de esa fecha, ya no será posible realizar el referendo.
