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En los últimos días, se ha generado una convulsión en las universidades públicas por parte de estudiantes, quienes han tomado las instalaciones y se niegan a dar marcha atrás hasta que se les cumplan sus demandas.
El origen de la molestia fue la decisión del Ministerio de Hacienda de destinar ¢70 mil millones más del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para inversión de capital.
Con ello se condiciona el uso de esos recursos exclusivamente para la construcción y equipamiento de universidades.
Rectores y representantes de estudiantes fueron atendidos por el Gobierno ayer.
El principal acuerdo al que se llegó es que se determinó respetar la autonomía de las universidades para ejecutar sus presupuestos.
Sin embargo, el levantamiento de las protestas, las tomas de los edificios universitarios y los bloqueos dependerá de cada cada movimiento estudiantil y no se descarta que sigan.
Pero, aunque los diputados aprobaron una moción para recortar a la mitad esos recursos, la molestia continuaba, porque a criterio de los rectores universitarios, el presupuesto ya considera ¢90 mil millones para inversión de capital y al sumar estos ¢35 mil millones resultaría un monto inejecutable.
Además, consideran que, al redefinir los recursos, se desatenderían becas, investigación, salarios y el funcionamiento cotidiano que cada universidad administra de acuerdo con su presupuesto.
Bajo ese argumento es que están solicitando la reclasificación del presupuesto.
“Luchamos no solo por la restitución de los recursos que el Ministerio de Hacienda arbitrariamente desvió del presupuesto universitario del FEES, sino por la autonomía universitaria, que está siendo constantemente cuestionada por fuerzas políticas enemigas de la universidad”, comentó Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional.
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Por su parte, algunos diputados salieron en defensa de la autonomía, aunque proponen un manejo más eficiente de los recursos, principalmente en el tema de incentivos salariales y anualidades.
"Las universidades públicas son quienes deciden cómo presupuestar su dinero y manejar los fondos entregados para alcanzar los objetivos más importantes de la educación superior”, consideró Carolina Hidalgo, diputada por el Partido Acción Ciudadana; pero advirtió que se debe garantizar que el dinero se invierta de forma responsable, sin abusos y para el beneficio del estudiantado, especialmente de quienes más lo necesiten y en las zonas más alejadas de la capital".
"La defensa de la educación superior pública y de su financiamiento a través del FEES es necesaria siempre y pasa también por el uso justo, responsable y eficiente que se le dé", añadió Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional.
UCR la más golpeada
De redirigirse los ¢35 mil millones del FEES para inversión en infraestructura y equipo, la UCR dejaría de percibir ¢19 mil millones del presupuesto previsto, lo que le impediría atender.
