Políticas agrícolas ¿para qué?
Juan Manuel Villasuso jmvilla@racsa.co.cr | Martes 08 julio, 2008
Políticas agrícolas ¿para qué?
Juan Manuel Villasuso
Factores negativos han puesto de moda la agricultura. El aumento en el precio de los alimentos, cuestión que hemos analizado en otras ocasiones, ha hecho que los organismos internacionales revisen sus prédicas frente a una realidad que las contradice y desempolven documentos de política agrícola de décadas atrás.
También los gobiernos, que colocaron en un segundo plano al sector agropecuario, se han visto obligados a mirar al campo para buscar soluciones de emergencia que ayuden a los consumidores de menores ingresos, a los más pobres, a sobrevivir en un mundo donde los precios son los que deciden quiénes comen y quiénes padecen hambre.
En Costa Rica la Iglesia católica y las organizaciones campesinas se reunieron para hablar de la crisis alimentaria. En la Jornada Nacional por la Alimentación y los Derechos a la Producción de Alimentos, celebrada el pasado 24 de junio, acordaron solicitar al Gobierno un diálogo nacional a fin de concertar un programa integral de políticas públicas que le garanticen a la población seguridad alimentaria, acceso a la tierra y financiamiento para producir, precios asequibles de los insumos agrícolas y los ingresos suficientes para adquirir los alimentos.
En verdad es necesario hablar de las políticas agrícolas. Durante los últimos años fueron desdeñadas porque el mercado se encargaría de todo. Se producirían aquellos alimentos que fueran rentables, compitiendo con otras actividades como las financieras, y si algo faltaba lo importaríamos con los dólares de nuestras exportaciones, aprovechándonos de los subsidios que otros países sí otorgaban a sus agricultores.
No era necesaria la intervención del gobierno. La oferta y la demanda se encargarían de encontrar el equilibrio. Cualquier mediación pública distorsionaría el mercado. Como si el mercado de los productos agrícolas fuera como en los libros de texto y se rigiera por las reglas de la competencia. Como si no fueran unas pocas transnacionales las que dominan el mercado mundial de semillas y agroquímicos y controlan la comercialización de los principales alimentos. Como si el precio del azúcar, de los lácteos y de las grasas no fuera objeto de especulación internacional. Como si...
Por esa veneración al mercado en Costa Rica prácticamente se desmanteló el Ministerio de Agricultura y las otras instituciones del sector. Se redujeron los presupuestos a porcentajes ridículos y se repudiaron instrumentos de política que eran eficaces para fomentar la producción y beneficiar a consumidores de pocos ingresos; se minimizó el papel de la investigación y de la extensión y se degradó el apoyo a la comercialización interna. Solo algunos productos de exportación, no siempre en manos nacionales, contaron con beneficios fiscales.
Resulta evidente que la peor política agrícola es la que se ha seguido en los últimos años: dejar las cosas en manos del mercado. Es por eso que se requiere, primero, definir el papel que les corresponde a la agricultura y a los agricultores costarricenses en un contexto de apertura y, luego, establecer objetivos de largo plazo precisando los instrumentos concretos que se utilizarán para poder alcanzarlos.
Es por eso que el Gobierno debe atender la solicitud hecha por la Conferencia Episcopal y las organizaciones campesinas. Es imperativo el diálogo, no solo sobre la crisis alimentaria, sino también sobre el futuro de la agricultura nacional y las políticas públicas que deben orientar al sector. El país lo demanda.
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