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NACIONALES


Servicios que arriesguen salud, vida o seguridad de personas no podrán irse a huelga

Poder sindical se extinguiría

En septiembre el proyecto de ley que regula las huelgas en el sector público se aprobaría

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 13 agosto, 2019


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Empresarios y diputados impulsan un proyecto de ley que regularía la huelga en los servicios públicos, prohibiendo, las protestas en aquellos que pongan en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas. Elaboración propia/La República


En la primera semana de septiembre, el proyecto de ley que regula las huelgas en el sector público se convertiría en ley de la República y con ello, el poder sindical ejercido a través de protestas, se extinguiría.

Servicios esenciales como la policía, la salud, el suministro de energía, agua y combustible, no podrían detenerse ni un minuto, ya que los sindicatos que desafíen la ley exponen a sus agremiados a perder el trabajo sin responsabilidad patronal.

Lea más: Conozca los cambios que se aplicarían para mitigar las huelgas

En el caso del sector educación, la protesta no podría extenderse por más de 21 días, y los profesores y maestros que insistan en las medidas de presión no recibirían su pago.

En ese sentido, los sindicatos que tengan oportunidad de manifestarse estarán limitados por la ley a presentar un plan de trabajo para no parar el servicio.

Lea más: Maestros no podrían irse a huelga

Por otra parte, las notificaciones de procesos laborales podrán hacerse por correo electrónico y no de manera presencial, mientras que la declaratoria de ilegalidad de una huelga se haría en un par de semanas y no en años.

Por otra parte, la rebaja de salario será retroactiva a partir de declaratoria de ilegalidad del movimiento, mientras que se prohibirán las huelgas de tipo político, entre otras medidas.

Los cambios a la Reforma Procesal Laboral que esperan aprobar los legisladores surgen como una respuesta a la huelga del sector público del año pasado, que duró 86 días, evitando que se dieran con normalidad servicios públicos de salud y de educación, entre otros.

Las reformas acabarían con “los constantes chantajes” del sector sindical, a criterio de Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial.

Por su parte, el sector sindical rechaza los cambios que prevén los legisladores a la ley.


Satisfechos


El sector productivo y los diputados que impulsan la ley destacan la importancia de frenar el abuso de los sindicatos del derecho a la huelga.

Gonzalo Delgado

Presidente
Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial


Debemos entender que ahora se introducen cambios necesarios para evitar abusos en el ejercicio del derecho de huelga.
El texto dictaminado brinda claridad en cuanto a que el derecho de huelga no puede ser irrestricto, y encuentra una limitación cuando existan actos de coacción o violencia; pero también señala que la huelga en servicios públicos está prohibida de acuerdo con la determinación que haga la misma ley.
Por otra parte, se descalifica el movimiento de huelga política, así como los casos donde se incurran a bloqueos de vías públicas u otros actos violentos por parte de los huelguistas.

Enrique Egloff

Presidente
Cámara de Industrias


A Costa Rica hay que liberarla de la amenaza constante y el secuestro de los huelguistas que impiden a los niños y jóvenes educarse y alimentarse en los comedores escolares, a nuestro pueblo tratar y curar su salud, a nuestros ciudadanos hacer sus trámites, abastecerse de combustible, y a nuestras empresas producir más y generar empleo.
La huelga que tanto daño le hizo al país en 2018, y que nos costó casi ¢140 mil millones de colones, demostró que el marco legal actual tiene a Costa Rica indefensa ante los caprichos huelguísticos.

Alonso Elizondo

Director ejecutivo
Cámara de Comercio


El sector comercio y el pueblo costarricense sufrimos las consecuencias de la insuficiencia normativa en esta materia el año pasado, cuando tuvo lugar la huelga calificada por los sindicatos como de índole político.
Creemos que el proyecto introduce cambios necesarios para evitar abusos en el ejercicio de este derecho, y crea seguridad y certeza jurídica para todas las partes que conforman las relaciones laborales.

Yorleny León

Diputada
Liberación Nacional


El proyecto es fruto de una discusión seria que sigue abierta y que involucró a partidos, Gobierno y sectores.
Ahora nos enrumbamos a su trámite en el Plenario; ha prevalecido el interés público y la institucionalidad democrática.
Dictaminamos el proyecto de Ley para dar Seguridad Jurídica a las Huelgas, el cual garantiza a los ciudadanos su derecho a manifestarse sin deteriorar el legítimo derecho de la población a recibir los servicios públicos.

Elías Soley

Presidente
Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio


Poner límites ante el abuso evidente del que ha sido objeto el derecho de huelga va venir a generar las condiciones de que los sindicatos sean liderados por personas que no solo piensen en el sector que representan, sino que también tengan la capacidad de pensar afuera de su entorno para que tengan también las condiciones y las habilidades para llegar a acuerdos con los otros sectores de la sociedad que son igualmente importantes.
No podemos seguir tolerando que por intereses de un sector específico se abuse de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga, aprovechándose de que no está apropiadamente reglado en el país

Zoila Volio

Diputada
Integración Nacional


Desde la Asamblea Legislativa estamos trabajando fuertemente para votar el proyecto que proveerá un marco jurídico para protegernos de esta terrible situación de los abusos de las huelgas; podría entrar a primera votación del Plenario en la semana del lunes 19 al viernes 23 de agosto.
Costa Rica merece una herramienta para frenar tanto abuso.



Molestos


El avance del proyecto que limita las huelgas en el sector público es motivo de rechazo por los sindicatos.

Luis Chavarría

Secretario
Undeca


El proyecto refleja no sólo una posición abiertamente antisindical, sino, una manifiesta aversión a la OIT, tanto que una diputada de esa Comisión, pregonó que nuestro país tiene que abandonar este organismo internacional.
El proyecto no solo reafirma y profundiza la política autoritaria y represiva, sino que está enfocado a destruir el Estado Social y Democrático, por lo que interpondremos las denuncias internacionales pertinentes para que se respete el derecho fundamental de huelga

Albino Vargas

Secretario
Asociación Nacional de Empleados Públicos


Vienen grandes privatizaciones, nuevos paquetes fiscales, despidos masivos de empleados públicos, ley de empleo público y quieren garantizarse la resistencia popular que ni siquiera se dé.
Vamos a un régimen autoritario que nada tendría que envidiarle a los regímenes autoritarios que han venido criticando que supuestamente hay en América Latina.



Cambios


Estos son algunas de las principales modificaciones que aprobarían los diputados para regular las huelgas en el sector público.

  • Notificaciones de procesos laborales podrán hacerse por correo electrónico.
  • Sindicatos que realicen bloqueos o hagan sabotaje de servicios públicos serían disueltos si se comprueba en juicio.
  • Declaratoria de ilegalidad de huelgas no durará más de dos semanas.
  • Rebajo de salario será retroactivo a partir de declaratoria de ilegalidad.
  • Despido es una posibilidad para manifestantes.
  • Después de declaratoria de ilegalidad, trabajadores tendrán 24 horas para regresar a puesto de trabajo.
  • Servicios considerados esenciales no podrán hacer huelga.
  • No se permitirán movimientos huelguísticos de tipo político.



Límite a las protestas


Los servicios considerados “esenciales” no podrían irse a huelga, mientras que aquellos “trascendentales” deberán garantizar un mínimo a través de un plan.
La educación, por su parte, contará con un régimen especial.

Servicios esenciales

  • Acceso a la Justicia
  • Agua potable
  • Alumbrado
  • Atención de emergencias, incluyendo incendios
  • Carga y descarga en muelles y atracaderos
  • Cen Cinai y albergues para personas adultas
  • Control de tráfico aéreo
  • Electricidad
  • Salud
  • Servicios bancarios de depósito y retiro de dinero
  • Seguridad
  • Transporte ferroviario, marítimo y aéreo
  • Telecomunicaciones

Caso especial Educación

  • Se podrá hacer por un plazo de 21 días naturales consecutivos o diez días naturales discontinuos.
  • Al vencerse el plazo, trabajadores deberán regresar al puesto y dirimir disputas en mesas de negociación.

Servicios trascendentales

  • Aseo de vías y sitios públicos
  • Educación
  • Recolección de basura
  • Servicios de control migratorio y aduanero


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