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COLUMNISTAS


Pluses y pensiones, de lo justo a lo igual y a lo desigual

Marilyn Batista Márquez [email protected] | Jueves 30 abril, 2020


No estoy de acuerdo con la mayoría de los pluses y las pensiones en el sector público. Así comienzo esta columna, antes de ser vilipendiada por algunas personas y grupos, al respetar –no defender– estas erogaciones, en un país que transita por un déficit fiscal del gobierno central del 6,96% y que mantiene un 21,0% de pobreza, que significa que al menos 336.895 familias viven con menos de ¢103.766 al mes.

Mi posición parte del concepto de que no puede existir un sistema político democrático y justo, sin apegarse al Estado de Derecho, que según la definición de la ONU, es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

Los trabajadores del sector público, a través de los Gobiernos y de representantes sindicales, han negociado diferentes acuerdos relacionados a las condiciones laborales, haciendo valer un derecho fundamental básico que se encuentra garantizado en el Convenio 98 y 154 de la OIT, del cual Costa Rica es signatario, al ser uno de los 187 estados miembros de esta organización.

Al igual que la gran mayoría de los empresarios y de la población costarricense, no estoy de acuerdo con pluses irracionales, como otorgar salario escolar, que en el 2020 benefició a 152 mil empleados públicos con un gasto cercano a 145 mil millones, sin que necesariamente los beneficiados tengan hijos estudiando. Las anualidades, dedicación exclusiva, antigüedad, carrera profesional, etc., junto a los salarios de los servidores públicos este año fueron presupuestados en ¢2,67 billones. Este gasto público es insostenible.

Sin embargo, aunque me irrite y moleste acepto que estos pluses se sustentan en leyes, convenciones colectivas, estatutos, decretos y normativas de relaciones laborales, cobijados en nuestro Estado de Derecho que es antónimo al Estado autoritario y absolutista. La contraparte, los trabajadores, que confían en los Gobiernos, y por consiguiente en el Estado de Derecho, han construido su vida económica, y estabilidad personal y familiar con base a un acuerdo legítimo, que les garantiza el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal, como lo describe los enunciados de la ONU y OIT, cuando se refieren a las negociaciones colectivas y derechos adquiridos.

En el caso de las pensiones, que representan el 2,9% del PIB y el 22% de todos los ingresos que tiene el Estado, aunque también me indigna que muchas de éstas son inmerecidas y abusivas, también acepto –a regañadientes– que es un derecho adquirido cuando han ingresado al patrimonio de la persona. Desde mi lógica humanística, quitar lo que se otorga por vía legal no es lo correcto, pero, como dice el refrán, “Solo los ríos no se devuelven”.

Sin pretender ser abogada, economista o política, considero que la situación podría resolverse desde una práctica menos radical que eliminar de un plumazo todos los pluses y las pensiones con las que ya cuentan estos servidores y ex servidores públicos para vivir.

Se podría considerar que en un plazo de “x” cantidad de años, se disminuyan los beneficios de manera paulatina, hasta que desaparezcan, y en el caso de las pensiones, hasta que lleguen a un monto “decente” que no provoquen indignación y coraje.

Con esta propuesta básica permitiríamos que los actuales beneficiados de los pluses y pensiones ajusten sus presupuestos en forma gradual, sin provocar un daño sustancial en su calidad de vida, dentro de un mecanismo razonable de retribución para las próximas erogaciones, y en paralelo, el Gobierno reduce el gasto público.

Pero mi dilema entre cómo finalizar con los pluses y pensiones de lujos, y a la vez ser justos con los servidores y ex servidores públicos, no concluye. Solo me viene a la mente la frase de Aristóteles: “se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y es así, pero no para todos, sino para los desiguales”.

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