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La movilización ciudadana pertenece a la ciudadanía y no a partidos o sectores políticos determinados y, por ello, Fernando Zamora, abogado constitucionalista y excandidato presidencial del Partido Nueva Generación, cuestionó al PLN y al Frente Amplio por usar la defensa de la independencia de poderes como una plataforma electoral.
Y es que, según Zamora, la defensa del Poder Judicial y la independencia de los poderes públicos debe mantenerse como una causa nacional y democrática.
Las palabras de Zamora surgen tras darse a conocer que Ariel Robles, excandidato del Frente Amplio, propuso a otros exaspirantes reactivar los comités patrióticos en todo el país.
Se trata de estructuras que se crearon en el 2007 en medio de las protestas que se generaron en torno al TLC con Estados Unidos. Estos grupos aglutinaron toda la oposición al acuerdo internacional.
La idea surgió luego del plantón del jueves anterior para defender al Poder Judicial del supuesto acoso por parte del gobierno de Laura Fernández.
“La protesta pertenece a importantes sectores de nuestro pueblo. No debe convertirse en plataforma para hacer politiquería electoral ni para impulsar agendas educativas polémicas, agendas internacionales contrarias a los intereses del pueblo o para terminar sirviendo a grupos de poder socioeconómico semejantes a aquellos cuya influencia precisamente se pretende cuestionar. Hacer eso sería caer en lo mismo que se quiere evitar”, manifestó Zamora.
La idea lanzada por Ariel Robles cuenta con el respaldo de Álvaro Ramos, excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN) y otros exaspirantes.
Desde que esta administración de Fernández inició sus funciones, la cercanía del PLN con el Frente Amplio ha sido más que evidente.
Esto, a través de posturas de izquierda como, por ejemplo, su rechazo a la minería a cielo abierto en Crucitas y su rechazo a vender el BCR, y a validar las jornadas 4x3 y la Alianza del Pacífico, entre otras iniciativas.
“Respecto a lo que planteas, por supuesto que acepto la invitación y, eso sí, considero que el desafío actual nos exige ir más allá de un grupo de excandidaturas o incluso de un solo movimiento. Lo que el país necesita es construir una red sólida de sectores, movimientos y organizaciones diversas, en defensa de la justicia, la libertad y la democracia (…) Es una causa que nos trasciende y que requiere una coordinación amplia, neutral y conversada. Mantengamos la comunicación abierta para explorar cómo articular esta red en defensa de la justicia, la libertad y la democracia”, manifestó Ramos.
Claudia Dobles, excandidata de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Juan Carlos Hidalgo, excandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Boris Molina, excandidato del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD) y Walter Hernández, excandidato del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), son otros de los líderes políticos que estarían de acuerdo con la propuesta de Ariel Robles.
Finalmente, el abogado Zamora insistió en diferenciar dos cuestiones que considera fundamentales: por una parte, la defensa común de la independencia de los poderes del Estado y, por otra, el intento de utilizar electoralmente esa defensa para promover proyectos políticos o ideológicos particulares.
“Para defender con firmeza la independencia de los poderes de la República debemos estar unidos. Pero una cosa muy distinta es torcer electoralmente esa defensa para impulsar agendas que nada tienen que ver con el motivo que llevó a miles de costarricenses a manifestarse”, expresó.
El plantón convocado a finales de la semana pasada tenía como objetivo defender al Poder Judicial y la separación de los poderes.
Todo ello se ha dado en medio de un ambiente cada vez más tirante entre el gobierno y la Corte Suprema.
Anteriormente, la presidenta calificó como un “golpe de Estado” una decisión de la Sala IVrelacionada con la permanencia de magistrados suplentes de ese tribunal. La resolución permitió prorrogar sus nombramientos hasta que la Asamblea Legislativa designe a los nuevos funcionarios. El Congreso, dominado por diputados oficialistas, ha rechazado en once ocasiones la nómina enviada por la Corte Suprema.
En medio de todo esto, la mandataria mantiene su defensa de un recorte presupuestario que afectará a las instituciones públicas, incluido el Poder Judicial, durante el próximo año.
Las reducciones presupuestarias planteadas por el Gobierno para lo que resta de este año y para 2027 sumarían alrededor de ¢27.000 millones en el caso del Poder Judicial, según los antecedentes expuestos por la administración.
En medio de este pulso institucional, Fernández insiste en que su objetivo no es confrontar por confrontar, sino exigir resultados en materia de seguridad.
“Y por eso, desde el primer momento, les abrí las puertas para buscar soluciones. ¿Cuál fue su reacción? La magistrada Patricia Solano la calificó como una reunión hostil. Arrebató el micrófono al presidente de la Corte y dejaron las sillas vacías en el Consejo Nacional de Seguridad”, sostuvo la presidenta.
