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El fin no justifica los medios y por ello, el Partido Liberación Nacional se opondría a la venta del BCR que ha propuesto la presidenta electa Laura Fernández para rescatar el IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Ricardo Sancho, presidente de los verdiblancos, reiteró la posición del partido en este tema. El PLN obtuvo 17 diputados en la pasada elección, por lo que podrían frenar la idea del nuevo gobierno.
“Reiteramos nuestra posición de oponernos a la venta del BCR, así como de las manifestaciones ilógicas de la presidenta electa Laura Fernández, justificando su privatización por una supuesta quiebra financiera”, expresó el dirigente liberacionista.
Las declaraciones del presidente del PLN se dan en respuesta a lo manifestado por Fernández, quien ha defendido públicamente la venta tanto de ese banco y de BICSA, con el fin de inyectar recursos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
“Estoy de acuerdo en vender el Banco de Costa Rica y Bicsa, que son dos bancos públicos que nos podrían generar unos $1.800 o $2.000 millones, que podríamos tomar para capitalizar el IVM de la CCSS y hacerle una inyección de recursos al régimen de pensiones”, afirmó la presidenta electa.
La mandataria electa se opone a aumentar la edad de retiro de los ticos a los 70 años como han planteado algunos, o bien, aumentar la cotización.
El debate ocurre en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad financiera del principal régimen de jubilaciones del país.
Durante una sesión de trabajo de la Junta Directiva de la CCSS, celebrada el 20 de enero, el Comité de Vigilancia informó que la institución debió utilizar ¢50.000 millones de la reserva del IVM para cubrir el pago de pensiones de 393.000 jubilados al cierre del 2025.
Este escenario, según se explicó, estaba previsto inicialmente para el 2035, lo que evidencia un deterioro acelerado de las finanzas del fondo.
Actualmente, el IVM sostiene a 378.000 pensionados, y las proyecciones oficiales indican que para el 2050 cerca de un millón de costarricenses dependerán de este régimen, aumentando de forma significativa la presión sobre su sostenibilidad.
