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Los números son escalofriantes. Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al menos 27 uniformados, entre policías y militares, fueron asesinados entre el 15 y el 27 de abril por distintos grupos armados.
El mandatario, así como expertos y centros de análisis, explican este rebrote de violencia en parte a un "plan pistola", una estrategia contra la fuerza pública recurrida por grupos armados que se remonta a fines de los 80, cuando Pablo Escobar lanzó una ofensiva contra el Estado colombiano que mató a cientos de uniformados.
Colombia, a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales, ve cómo se agota el tiempo para la ambiciosa estrategia de "paz total" que prometió Petro y que arroja resultados decepcionantes para los colombianos.
Solo en este 2025, crisis de violencia en regiones como el Catatumbo, el Cauca y Valle del Cauca encendieron las alarmas sobre el deterioro de la situación seguridad en el país, que continúa agravándose con esta última embestida mortal contra policías y militares.
La ofensiva, según investigadores, es perpetrada fundamentalmente por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, a la que se han sumado otros ataques de disidencias de las Farc y la guerrilla ELN.
"No es un plan coordinado de estos grupos, sino una respuesta coincidental de los mismos ante el viraje hacia una política más confrontativa por parte del gobierno de Petro", le dice a BBC Mundo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
A comienzos de abril, medios colombianos reportaron cómo una operación conjunta entre la policía colombiana y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acabó con la vida de José Miguel Demoya Hernández, alias "Chirimoya", señalado como uno de los principales líderes del EGC, a la que el Estado considera la organización criminal más grande de Colombia y les atribuye delitos como el narcotráfico y la extorsión.
Según Bonilla, la última arremetida contra la fuerza pública por parte de este grupo sucede en respuesta a esta baja.
Es desde entonces que se contabilizan las al menos 27 muertes de uniformados, la mayoría en ataques supuestamente orquestados por el EGC.
Datos del Ministerio de Defensa muestran una situación más grave.
De acuerdo a esta entidad, 41 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en actos de servicio entre enero y marzo de 2025, la peor cifra en este mismo lapso de tiempo desde el primer trimestre de 2018.
Petro llegó al poder en agosto de 2022. Tanto en campaña como durante su mandato prometió un enfoque distinto a muchos de sus predecesores para lograr la paz en Colombia.
Dijo que se sentaría a la mesa negociadora con todos los grupos armados posibles, incluyendo al EGC, herederos del paramilitarismo y al que gran parte de la opinión pública colombiana considera deslegitimados para acordar cualquier paz.
A casi tres años de su posesión presidencial, los resultados de la estrategia de Petro no cumplen con las expectactivas.
Hoy los diálogos con el ELN están suspendidos, la ofensiva del Estado contra el EGC y otros actores se intensifica y recientemente fue nombrado como ministro de Defensa el militar Pedro Sánchez.
Este hecho fue interpretado en Colombia como una confirmación del giro hacia una postura más combativa y de mano dura del gobierno contra los grupos armados.
"Esto provoca un cambio en la expectativa de los grupos, que ahora presionan al Estado, pero no porque se hayan coordinado entre sí. A las acciones del Clan del Golfo se unen otros atentados contra miembros de la fuerza pública por parte de otros grupos armados, más pequeños, rurales y territoriales, que también tienen relación con el crimen organizado", refleja Bonilla.
Diversos analistas definen los planes pistola como estrategias de grupos armados para asesinar selectivamente a miembros de la fuerza pública durante un periodo de tiempo.
Piden diferenciarlos de los llamados paros armados, acciones en que paramilitares, guerrillas u organizaciones criminales atacan la vida civil y fuerzas armadas mediante el bloqueo de vías, restricciones de movilidad, cierre forzado de establecimientos comerciales y suspensión de clases en instituciones educativas.
El analista Jorge Mantilla dice que los planes pistola han sido una marca recurrente y reconocible del EGC, o Clan del Golfo, en los últimos 15 años. Y que han sucedido en respuesta a la captura o eliminación de algunos de sus líderes.
"El último antecedente ocurrió tras la extradición del exlíder Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', en 2022, pero la práctica data del asesinato de su hermano Juan de Dios Úsuga David a manos de militares colombianos en 2012", analiza este doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
"Desde ese año, el Clan utiliza paros armados y planes pistola en sus momentos de mayor confrontación con el Estado", agrega Mantilla.
Durante los planes pistola es común que los grupos que los orquestan ofrezcan recompensas de millones de pesos colombianos (cientos de dólares) por cada policía o militar asesinado.
Muchos de los homicidios se producen cuando los uniformados se encuentran fuera de servicio.
"Esta oleada se da en medio de un incremento también de la violencia contra la fuerza pública de disidencias de Farc y ELN, que incluye ataques de francotiradores y emboscadas y que yo diferenciaría de la lógica mucho más municipal y urbana de del Clan, inspirada en antecedentes que datan de la época de Pablo Escobar", aclara Mantilla.
A fines de los 80, Escobar lanzó una cruda guerra contra el Estado colombiano para proteger sus intereses.
Entre 1989 y 1992 se estima que casi 500 uniformados fueron asesinados por sicarios a sueldo del desaparecido capo del Cartel de Medellín.
"En 1989 un avión de Avianca estalló en el aire, se detonaron toneladas de dinamita delante del edificio del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) para amedrentar a su director, el general Maza Márquez, se asesinó al precandidato presidencial Luis Carlos Galán y se pagaba por matar policías", dice un informe de la Fundación Pares.
"Desde entonces, esa idea quedó latente entre varios grupos vinculados al narcotráfico con diversos planes pistolas organizados hasta hoy, aunque sin llegar a la magnitud que alcanzó en tiempos de Escobar", explica Bonilla.
De acuerdo con Pares, Escobar usó esta estrategia para revertir la extradición de colombianos a Estados Unidos y doblegar a gobiernos como el de Virgilio Barco y César Gaviria.
"En los barrios periféricos de Medellín, Escobar ubicaba una oficina en donde los sicarios tenían que llevar una prueba de que se asesinó a policías. Podía ser una placa, una cédula y la confirmación de la dirección donde se habría realizado el atentado. Se pagaban hasta 5 millones de pesos de la época por policía asesinado", dice el informe.
"Con estos antecedentes, el Clan realiza ataques oportunistas en puestos de control y a policías vestidos de civil a través de un sistema de inteligencia en que 'dos muchachos con una moto y un grupo de WhatsApp' reportan lo que pasa en cada esquina", describe Mantilla.
Ante la oleada de asesinatos de activos de la fuerza pública, el Ministerio de Defensa recomendó algunas medidas como que funcionarios y miembros de la fuerza pública cambien de rutinas y vestimenta y porten sus armas en momentos de descanso.
Para expertos como Mantilla, los últimos acontecimientos muestran un colapso de la política de paz total de Petro, que en las últimas semanas acumula cada vez más críticas desde varios sectores de la sociedad colombiana.
Una de las más duras vino del expresidente César Gaviria, quien precisamente sufrió durante su mandato los planes pistola ejecutados por Escobar.
"La 'paz total' no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista", expresó Gaviria en una carta el pasado 4 de mayo.
Este lunes, durante un Consejo de Ministros televisado, Petro se refirió a la situación de seguridad en el país y dijo que "no hay un caos de violencia", mostrando datos de asesinatos en el país desde 1990 hasta 2024.
Añadió que las cifras en su gobierno no son peores que las de su antecesor Iván Duque, pero admitió que no son las esperadas.
Es una postura que contradice a un variado número de expertos que denuncian el incremento del poder territorial de grupos armados, a la vez que dan prácticamente por finiquitado el plan de paz de Petro para Colombia.
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