Pilar Garrido: “Salario único permitiría ahorro de ¢243 mil millones al año”

Si los diputados aprueban la ley de empleo público que establece un mismo salario para todos los empleados públicos sin importar en qué institución trabajan, el Estado lograría un extraordinario ahorro de ¢243 mil millones todos los años.

Se trataría de un ahorro fundamental en la ruta por la consolidación de las finanzas públicas, de acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, sobre todo, al considerar que el país cerraría el año con un déficit fiscal por encima del 8%; además, de una baja en la recaudación de hasta ¢1,2 billones por culpa de la Covid-19.

El acuerdo estructural con el Fondo Monetario Internacional, el recorte del gasto público, la revisión de las exoneraciones y el cobro de nuevos impuestos -incluida la renta mundial -, son otras de las estrategias del gobierno para superar el bache económico.

“Costa Rica necesita con urgencia la nueva ley de empleo público para ayudar a la sostenibilidad fiscal. Este proyecto generaría ahorros importantes. El salario global es el instrumento para lograrlo y al mismo tiempo, permitirá eliminar paulatinamente las diferencias salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, dijo Garrido la semana pasada en una comisión legislativa.

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Y es que en estos momentos, existen disparidades salariales en el sector público de hasta ¢3 millones para puestos profesionales en una misma labor y de hasta ¢800 mil para cargos no profesionales, según un informe de la Contraloría.

Los pluses salariales son los causantes de las diferencias.

Para lograr el ahorro que señala Garrido, la ley de empleo público crea un solo régimen de empleo y ocho familias salariales que se aplicaría a todos los empleados nuevos que ingresen al sector público una vez aprobada la ley.

Las ocho familias de puestos serían: personas servidoras públicas en general, del área de salud, de cuerpos policiales, de educación, de universidades públicas, de administración de la justicia, del servicio exterior y personal de confianza.

La propuesta establece además que dos notas de calificación inferiores a 70, se traducirían en la destitución del funcionario sin responsabilidad laboral.

“Este proyecto garantizará la disciplina fiscal, pues con el salario global se evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales a futuro, protegiendo así, la estabilidad de las finanzas públicas”, dijo Garrido.

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El proyecto en cuestión incluiría a los académicos universitarios y a los funcionarios del Poder Judicial.

En ese sentido, Fernando Cruz, presidente de la Corte, aseveró que el plan afectaría el funcionamiento de la justicia.

Esto implicaría que el Gobierno tendría que buscar el respaldo de unos 38 diputados para aprobar el proyecto, ya que de lo contrario, la Sala IV podría declararlo ilegal.

“El gobierno es popular, representativo, participativo, alternativo, responsable, lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos independientes entre sí: el Legislativo, Ejecutivo, y Judicial. Este es el diseño del Poder en la Constitución y esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias en esta ley”, dijo Cruz.

Mientras tanto, la creación de ocho familias salariales fueron cuestionadas por Marta Acosta, Contralora General.

“El texto plantea mejoras y algunos aciertos, pero debería reforzarse porque se trata de un problema estructural. Tal y como está planteada la iniciativa podría mantener las fragmentaciones que es precisamente lo que se quiere evitar (…) Los subregímenes o familias refuerzan las disparidades”, dijo Acosta.