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Por medio de un video en sus redes sociales, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, hizo un llamado a todos los rodriguistas para manifestarse este viernes frente a la Asamblea Legislativa para apoyar al presidente Rodrigo Chaves.
Ese día, el mandatario tendrá que rendir declaración ante la comisión legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad por el supuesto delito de concusión.
“La inmunidad del presidente está en manos de los diputados y por eso tenemos que alzar nuestra voz. Este viernes 22 de agosto, tendremos la oportunidad de demostrar que nuestro apoyo a Rodrigo Chaves es genuino y patriótico. Todos juntos, desde aquí afuera de esta Asamblea Legislativa vamos a hacer retumbar nuestras voces de apoyo al presidente Chaves. Los esperamos este viernes 22 de agosto a partir de las 8:00 a.m. Nuestra cita es con la patria y por el apoyo de nuestro presidente”, dijo Cisneros.
La inmunidad es un privilegio que tienen los jerarcas de los supremos poderes para no ser enjuiciados mientras están en el ejercicio del cargo. Anteriormente, la Fiscalía pidió eliminar ese beneficio para el mandatario.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz, asesor personal y amigo íntimo del presidente. El delito de concusión se castiga con una pena máxima de 8 años de cárcel.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda, mediante un contrato de consultoría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Ministerio Público sostiene que la operación fue orquestada desde Casa Presidencial, donde se celebraron reuniones previas a la contratación, en las que los imputados instruyeron a Bulgarelli para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato, en aparente contravención a los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.
