Pago por daños y perjuicios

Cuando se inauguró la carretera a Caldera, en enero de este año, durante el gobierno de Oscar Arias, se pensó que ya estaba lista para brindar un servicio seguro a los costarricenses que pagarían por él.

Ese gobierno había heredado el rezago existente en obra pública y no había logrado tomar las medidas pertinentes para evitar males mayores a causa de la situación de abandono y deterioro de la infraestructura vial, incluidos sus puentes. Las cosas llegaron a tal punto que acabaron con la vida de costarricenses cuando uno de ellos colapsó.

Por tal razón, en este mismo espacio decíamos, en febrero, que “desde el inicio mismo de la nueva administración cada departamento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe ser revisado exhaustivamente para asegurarse de que cuenta con el personal idóneo y debidamente capacitado para cumplir su función”. Y que “quien vaya a tomar el timón en el MOPT no podrá argumentar desconocimiento. Es ese un Ministerio que debe enfrentar graves problemas”.

No obstante, la triste realidad es que, el 12 de junio el editorial de este medio debió volver a ocuparse del tema al comentar el hecho de que finalmente se hubiera cerrado la vía a Caldera, pero solo después de que esta hubiera ocasionado la muerte de una mujer y otros daños personales y materiales serios.

La decisión de cierre la tomó el MOPT un mes después de que se hubiera emitido un informe en ese sentido por parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. De nuevo entonces, las medidas llegan después de que la situación ha costado la vida a seres humanos que confiaron en que podían transitar por la carretera.

Hoy, a causa de ello, el recurso de amparo en torno a la carretera a Caldera presentado por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, fue resuelto por la Sala Constitucional condenando al Poder Ejecutivo al pago de costas por daños y perjuicios. No sabemos si la empresa concesionaria asumirá alguna responsabilidad.

Los usuarios afectados tendrán derecho a reclamar el pago. Los familiares de quienes murieron por las malas condiciones de la carretera, no clausurada a tiempo, no podrán recuperar la vida de sus seres queridos.

Pero, por otra parte, ¿quién deberá pagar esos daños y perjuicios a los que condena la Sala IV? ¿Serán los costarricenses que con sus impuestos sostienen los fondos públicos?